Es cierto que el señor Rajoy fue un buen mandatario de Bruselas, pero sólo hizo lo que le convenía a la “clase” política, no lo que sería más beneficioso para el pueblo español.

Se realizaron diversas reformas, posiblemente insuficientes, destinadas a reducir el gigantesco déficit público, pero no se abordó la verdadera solución del problema, que consistía y consiste en la supresión de varias de las administraciones existentes, que duplican y triplican competencias.

El español cada día cuando se levanta tiene que trabajar para mantener cinco administraciones distintas:

– Ayuntamientos.
– Comarcas, Veguerías y otras estructuras creadas para “hinchar” el empleo público.
– Diputaciones Provinciales.
– Gobiernos autonómicos.
– Gobierno Central.

(Y eso sin contar con las aportaciones que ya tenemos que realizar a esa sexta y mastodóntica administración, llamada la Unión Europea, de la que ahora somos contribuyentes netos).

¿Realmente son necesarias tantas administraciones?

Posiblemente con tres, la local, la autonómica y la nacional, andaríamos más que sobrados. Y la de la UE, por supuesto.

Pero claro, se trata de facilitar empleo, que no ocupación, a tantos miles de parásitos profesionales, llamados políticos. Sólo en las 38 diputaciones provinciales existentes hay más de un millar de diputados provinciales, todos cobrando, y alrededor de otro millar de asesores, de libre designación, y que en nada asesoran, pues la mayoría son unos incultos de tomo y lomo, “liberados” por los partidos políticos respectivos para que hagan funciones de comisarios políticos, en sus pueblos y comarcas.

Y una plantilla de más de 60.000 funcionarios, en esas administraciones totalmente prescindibles, pues son parte del cascarón vacío de un Estado centralista, previo a la Constitución, y que solo “justifican” su existencia por la presencia de varios artículos en la ley fundamental que les dan vida.

De las comarcas, para que hablar. Sólo en Aragón, dónde según el inefable señor Biel no nos iban a costar ni un duro, tienen ya más de dos mil personas en nómina, que se dice pronto. Y todas las cuales cobran a final de mes, faltaría más.

Sobran administraciones; sobran políticos, y sobran televisiones y radios públicas. Sólo cuando la elefantiásica administración adelgace podría pedirse al pueblo los esfuerzos que ahora se le imponen.

Pero no es de recibo que mientras nosotros tenemos que apretarnos el cinturón hasta quedarnos casi sin cintura, se siga derrochando alegremente el dinero público, empezando por esos 20 impresentables del consejo general del poder judicial, que se niegan a hacer públicos sus gastos suntuarios y viajes por todo el mundo, pasando por la televisión pública que paga sueldos millonarios a supuestas estrellas o los centenares de radios y televisiones autonómicas y locales.

No podemos ni debemos tolerar que se siga apretando las tuercas al pueblo mientras la casta política sigue despilfarrando nuestro dinero.

Y no me extraña el apoyo del PSOE a las reformas del PP. Al fin y al cabo ambos defienden lo mismo: los privilegios de la casta política, sus privilegios.

No lo hacen por un –desconocido- sentido de Estado, sino como forma de evitar la reforma y desaparición de algunas administraciones públicas y la consiguiente pérdida de “empleos” políticos para la “clase” política.

La realidad es que los dos partidos políticos hasta ahora “reinantes”, son los mismos perros, pero con distintos collares.

Abogado y escritor.