Federico Ysart.- El impresentable presidente del parlamento de Cataluña llora como Boabdil tras la pérdida de Granada porque en el juicio a sus compinches no le dejan poner ahora unos vídeos. El hecho demuestra lo que este personaje, todo un presidente de una cámara legislativa regional, sabe acerca de lo que las leyes son en una democracia; piensa, o dice, que lo que vale son los vídeos.

El episodio viene a cuento de las declaraciones de una veintena de testigos en el Tribunal Supremo sobre lo que pasó en Cataluña en torno al golpe propinado al Estado por los llamados soberanistas. Dice el tal Torrent que los testigos, miembros de las fuerzas armadas, mintieron; que allí no hubo más violencia que la que ellos mismo ejercieron, como un vídeo podría demostrar.

El tal Torrent, hombre apreciado en su pueblo del que fue concejal con veinte añitos y que gusta de hacer ese aguardiente de yerbas y especias llamado ratafía, estudió ciencias políticas en la Autónoma de Barcelona; es decir, tiene la formación necesaria, o debería tenerla, para saber que las penas por falso testimonio en un tribunal no son menores, pueden llegar hasta los tres años.

Algo así le podría caer encima a un testigo de la defensa, Jaume Mestre, para quien la fiscalía ha pedido se investigue el contenido de las contradicciones existentes en sus respuestas y evasivas. Mestre, por cierto, es empleado de la Generalitat, cuyo parlamento preside Torrent.

El tal Torrent debe de estar sometido a la dictadura del mundo de la imagen, la telecracia como nueva forma de gobierno, cuando en lugar de pedir que se aplique la ley solicitando a la fiscalía que se deduzca testimonio de los hechos revelados por los testigos que sufrieron la violencia, pretende proyectar un vídeo. ¡Y es presidente de una cámara legislativa!

Se comporta con uno más de la troupe sentada en los banquillos; como lo hizo su predecesora Forcadell amparada por el derecho que asiste a los procesados para no declarar en contra de sus intereses; dicho de otro modo, pueden callar, mentir y hasta inventar una realidad exculpatoria… o montar un vídeo.

¿Se imaginan qué grado de seguridad jurídica ampararía a los ciudadanos de la Cataluña republicana que pretendían establecer estos sujetos?

Hoy se ha producido un hecho significativo. Pasados dos meses y cinco días de prisión, la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima de la Generalitat ha concedido el tercer grado a Oriol Pujol Ferrusola, condenado a dos años y medio de cárcel por tráfico de influencias, cohecho y falsedad en documento mercantil. El exsecretario general de CDC sólo deberá ir a dormir cuatro días a la semana en un centro de régimen abierto.

Una Justicia propia, ese era el objetivo fundamental del independentismo agitado por los subalternos del clan Pujol. ¿Qué pensará hoy Junqueras?