Se ha hartado de sus evasivas e incoherencias. El fiscal del Tribunal Supremo Jaime Moreno ha decidido este miércoles acortar su interrogatorio y solicitar que se denuncie por falso testimonio a Jaume Mestre, el responsable de difusión institucional del «govern» de Carles Puigdemont, que ha comparecido como testigo en el juicio contra el «procés». El propio presidente del tribunal, el juez Manuel Marchena, advirtió al testigo del riesgo que estaba corriendo con su declaración.

«En el Código Penal, el delito de falso testimonio no consiste solamente en no decir la verdad. Cuando el testigo altere la verdad con reticencias o inexactitudes también hay responsabilidad penal. El tribunal no ha valorado su testimonio porque hay que conectarlo con otras fuentes de prueba para saber si dice o no la verdad. Pero es evidente que hay preguntas que usted está eludiendo».

Esa ha sido la severa advertencia de Marchena al testigo, en la primera intervención de este tipo en el juicio contra los líderes del plan secesionista ilegal que se celebra en el Tribunal Supremo. Mestre, como otros testigos, ha tratado de sortear las preguntas de las acusaciones que buscan demostrar el delito de malversación de caudales públicos. El interrogatorio buscaba probar que la Generalitat se comprometió a pagar trabajos destinados a un fin ilegal.

Ante la petición del fiscal, Marchena ha explicado que no se puede tomar la decisión de denunciar al testigo (deducir testimonio) hasta que se haya dictado la sentencia, pues hasta ese momento no se sabrá con certeza si ha mentido. «No podemos anticipar una valoración probatoria, porque no sabemos exactamente si ha dicho o no la verdad, más allá de las inexactitudes y evasivas». En ese momento, cuando haya fallo, el tribunal decidirá si deduce testimonio contra él en el juzgado de guardia, lo que supondría que sería investigado por el delito de falso testimonio.

2,7 millones de euros

En sus vagas respuestas, el responsable de la difusión institucional de la Generalitat durante la recta final del «procés» (un cargo que ha vuelto a ocupar) ha negado desconocer todo lo relativo a las facturas de dos campañas encargadas por los dirigentes secesionistas para promover el referéndum, la que buscaba el registro de los catalanes en el extranjero y «Civisme», que fomentaba el voto.

El testigo ha señalado que ninguna de ambas campañas se llegó a abonar y ha alegado que quedó desierto el concurso para adjudicar la campaña Civisme, que representó la disyuntiva de votar con unas vía de un tren que se separaban y que estaba valorada en nada menos que 2,7 millones de euros. Según él, las empresas Carat y Focus Media rechazaron la campaña por un tema creativo, una respuesta que no ha satisfecho al fiscal. Moreno le ha recordado que la difusión de los anuncios la llevó a cabo al final la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales.

En ese momento, Mestre ha negado que se reuniese en persona con la presidenta de la CCMA, Núria Llorach, para solicitarle esa difusión, un aspecto que declaró la propia Llorach durante la instrucción ante el juez Pablo Llarena. El testigo ha asegurado que escuchó hablar de dos facturas, valoradas en 184.000 y 93.000 euros, pero que no las vio. El fiscal –que considera parte de la malversación la financiación de la campaña internacional– le ha recordado que la corporación le emitió estas dos facturas al departamento de presidencia de la Generalitat.

Mestre ha llegado a poner en duda si la corporación prestó el servicio, puesto que según él el contrato quedo desierto, pero no ha podido dejar de admitir que vio los anuncios en la televisión. No sabe, ha concluido, si esas facturas se cobraron.