La víspera de la juramentación de Nicolás Maduro para un nuevo período presidencial puso de manifiesto nuevamente cómo estructuras de crimen organizado enquistadas en altos niveles del gobierno de Venezuela han contribuido a sostener a un régimen marcado por la ilegitimidad de sus acciones, la corrupción, las violaciones de derechos humanos y la promoción de grupos irregulares.

En las semanas previas a la toma posesión del segundo mandato de Maduro, este 10 de enero, la polémica sobre la legalidad de la elección de mayo de 2018, y por ende sobre la legitimidad de Maduro para asumir la presidencia, se vio aderezada por una seguidilla de hechos que apuntan a ratificar la condición de Estado mafioso que ha caracterizado a Venezuela durante su gestión.

El pasado 6 de enero, el magistrado de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Cristian Zerpa, sorprendió con su intempestiva huida a Estados Unidos y sus confesiones sobre diversas irregularidades del gobierno de Maduro, como la ausencia de independencia en los poderes públicos. Desde Orlando y a través de entrevistas concedidas a varios medios de comunicación, Zerpa aseguró que el presidente de Venezuela; su esposa Cilia Flores; el vicepresidente para el Área Económica, Tareck El Aissami; el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello; la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez; y el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, controlan el Poder Judicial y son quienes dictan sentencias en Venezuela, con el propósito de perpetuar el chavismo en el poder y encubrir acciones al margen de la ley.

Sin entrar en detalles, Zerpa —quien fue un importante colaborador del chavismo y cercano a la pareja presidencial— también dio a entender la necesaria vinculación de funcionarios del gobierno con el tráfico de drogas. “Venezuela es un importante país que está en la ruta del tráfico de drogas y eso no puede ocurrir sin la complicidad de ciertas autoridades”, declaró el exmagistrado, con lo que pone un grano de arena más a los señalamientos por narcotráfico contra funcionarios del gobierno de Maduro, agrupados bajo el “Cartel de los Soles”.

Mientras Zerpa continuaba revelando detalles sobre el secuestro de las instituciones del Estado venezolano por parte de su gobierno, el 8 de enero la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a siete personas, en su mayoría empresarios, del entorno más cercano de Nicolás Maduro y de su predecesor, Hugo Chávez.

El grupo de sancionados lo encabeza el presidente de Globovisión, Raúl Antonio Gorrín Belisario, por su presunta vinculación con un entramado de corrupción fundamentado en el otorgamiento irregular de dólares preferenciales que generó ganancias legales del orden de US$2.4 mil millones. En un comunicado la OFAC explicó que Gorrín y la extesorera nacional (también conocida como la enfermera de Chávez), Claudia Patricia Díaz Guillén, participaban en una articulación mafiosa entre empresarios y altos funcionarios gubernamentales.

Gorrín además había sido mencionado en julio de 2018 por su participación en un llamativo caso de lavado de más de US$1.200 millones de Petróleos de Venezuela (PDVSA), conocido como operación Fuga de Dinero. En este caso Gorrín habría sido el articulador de la operación financiera que llevó unos US$200 millones a las cuentas de los hijos de la primera dama, Cilia Flores.

Las sanciones de EE. UU. también alcanzaron a Globovisión, un emblemático canal informativo de televisión que había sido bastión de la oposición durante la administración de Hugo Chávez, y que fue adquirido por Gorrín y su socio Gustavo Perdomo (también sancionado), como contraprestación a los beneficios obtenidos en importantes transacciones cambiarias con el chavismo. La adquisición de la televisora, quizás uno de los negocios menos rentables realizados por Gorrín y su socio durante los gobiernos chavistas, contribuyó al control hegemónico de los medios que han impuesto estos gobiernos revolucionarios en Venezuela. Por otra parte, el medio de comunicación habría servido como fachada para desarrollar, con relativa impunidad, operaciones con características de crimen organizado.

Un tercer elemento de la actual coyuntura política en Venezuela, que se conecta con las estructuras criminales surgidas a la sombra del chavismo, es el “despliegue” de los colectivos armados progubernamentales, que se han esforzado por demostrar que son capaces de intervenir para que Maduro permanezca en el poder. Desde el 7 de enero, varios colectivos han recorrido calles del oeste de Caracas, e incluso han desfilado y exhibido sus pertrechos frente al Palacio de Miraflores, sede del poder ejecutivo.

Análisis de InSight Crime

La cooptación oficialista de todos los órganos del poder público, la vinculación directa del gobierno de Maduro con élites económicas que se han lucrado ilegalmente y la promoción estatal de grupos armados de choque que amedrentan a la población son tres indicios del agravamiento de la crisis institucional en Venezuela, que ha degenerado en emergencia humanitaria y Estado mafioso.

A pesar de que Maduro inició otros seis años de gobierno este 10 de enero, la oposición, organismos multilaterales y al menos 50 países de todo el mundo desconocen los resultados oficiales de los comicios celebrados el 20 de mayo de 2018, pues consideran que no hubo garantías suficientes para que la elección fuese verdaderamente libre y, por lo tanto, el nombramiento es ilegítimo.

La crisis económica en Venezuela ha derivado en una inflación que según el Fondo Monetario Internacional alcanzará 10.000.000 por ciento en 2019, mientras que la criminalidad y la violencia dejan resultados comparables a los de una guerra. En 2018 se registraron 23.047 homicidios, según el informe del Observatorio Venezolano de Violencia, de los cuales 7.523 (32,64 por ciento) fueron cometidos por funcionarios de los cuerpos de seguridad, y se registraron oficialmente en la categoría de “resistencia a la autoridad”; esto pone a Venezuela como el país más violento de Latinoamérica, con una tasa de 81 homicidios por cada 100.000 habitantes.

Un estudio de opinión, que entre otros aspectos evaluó la popularidad de Maduro, indica que 61,1 por ciento de los encuestados considera que la situación de Venezuela “empeoró” después de las medidas económicas gubernamentales adoptadas en agosto de 2018, y 58 por ciento califica al Gobierno como “el principal responsable” de los problemas del país, según lo dio a conocer la empresa Delphos en noviembre de 2018.

Sin embargo, el gobierno de Maduro ha recurrido a la violencia estatal para reprimir el descontento popular, ya sea con el exterminio de presuntos delincuentes o mediante el terror impuesto por los colectivos armados progubernamentales en pueblos y ciudades del país, una forma más de delegación del poder estatal. A esto se suma la presencia de grupos irregulares de Colombia, entre ellos el Ejército de Liberación Nacional (ELN), por lo menos en 12 estados de Venezuela, principalmente en la zona minera.

La migración forzada es quizás una de las expresiones más contundentes del rechazo a las políticas de Maduro, a la corrupción y al auge de las estructuras de crimen organizado que han caracterizado su gobierno. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) reportaron en noviembre de 2018 que hay 3.000.000 de inmigrantes venezolanos en todo el mundo.

Por otra parte, la activación de los colectivos y de los distintos mecanismos de represión y control social durante la toma de posesión de Maduro deja en evidencia que no habrá mayores cambios en sus políticas de Gobierno durante el nuevo mandato. Esto hace suponer que su nuevo gobierno —legítimo o no— seguirá apoyándose en grupos que actúan como fuerzas de choque, para “defender” la revolución, y en estructuras criminales vinculadas al tráfico de drogas y otras economías criminales.

Fuente: La Tribuna del País Vasco