Alfonso Aya

Todos los diccionarios definen el odio como un sentimiento. Y un sentimiento es un estado del ánimo. De manera que no resulta verosímil que se juzgue a una persona por sus sentimientos. Si odiamos el desorden, la violencia, la corrupción, la delincuencia… ¿me convierte ello en un peligro social? Si amamos la molicie, la pereza, la invasión de vagos y maleantes… ¿nos convertimos en un ejemplo social? Si denunciamos a los musulmanes yihadistas por basar el seguimiento de su doctrina en un libro que contiene más de 100 aleyas (versículos) que predican la violencia… ¿estamos predicando el odio?

Los sentimientos no pueden castigarse. Lo que se castiga es la acción, que es el primer elemento jurídico del delito. Así, si se ataca a un senegalés y se le abre una brecha en la frente es un delito de lesiones, exactamente igual que si alguien les ataca a ustedes y les abre la cabeza, aunque sean de Cuenca. Pero en estos momentos, una riña con un senegalés es “xenofobia” y con uno de Cuenca es una riña. Supuestos idénticos, pero distinto tratamiento jurídico.

Sea cual fuere la orientación sexual, la raza, la religión, la ideología o la clase social, los hechos son los hechos, el delito es el delito y las penas a aplicar han de ser las mismas.

De lo contrario, la amplia parafernalia ‘buenista’ que rodea al “odio”, a fuerza de excesos, puede derivar en una especie de patología de la compasión y en arbitrios enfermizos que representen una flagrante inseguridad. Comprendo los esfuerzos de los gobernantes en su exaltación histriónica de “la corrección política” para proteger a lo que ellos consideran “minorías” desde una perspectiva paternalista y de evidente “superioridad moral”. Pero rizar el rizo en estos temas, “adivinando” los sentimientos más íntimos de un agresor o de un delincuente, es decir, si se mueve por “odio” o por simple maldad, es algo extremadamente delicado y que requiere de la psiquiatría forense más que de la opinión subjetiva de un juez instructor o de un fiscal.

La Fiscalía advierte: algunos mensajes de Vox alientan el odio

El fiscal delegado para los delitos de odio, Alfonso Aya, ha alertado de que algunos mensajes lanzados por Vox en temas como la inmigración podrían servir de aliento al discurso del odio al abrir la puerta a que se lancen consignas que representen un ataque contra colectivos minoritarios.

No es que los propios mensajes del partido de Santiago Abascal sean constitutivos de un delito de incitación al odio, algo que el fiscal descarta en una entrevista con Efe, sino que estos pueden dar pie a pensar que estamos “en un campo abierto” donde todo vale.

Y aunque algunos ciudadanos reaccionan en contra de los mismos, admite el fiscal, otros sin embargo actúan “dando consignas que sí que pueden suponer un ataque a los colectivos que se trata de proteger”.

Un escenario donde se abren “las puertas hacia un terreno desconocido” en el que pueden proliferar mensajes amenazantes contra grupos vulnerables que representen un verdadero riesgo para su integridad.

¿La solución? Esta es una pregunta de la que Aya confiesa no tener respuesta más allá de apelar a la responsabilidad de unos políticos que, por otra parte, no se libran de utilizar de forma “espuria” y “partidista” la figura de los delitos de odio como arma arrojadiza contra sus rivales.

Es algo que para el fiscal “está muy claro” y no solo por parte de los partidos, sino también por asociaciones, algunas de ellas religiosas, que interponen una denuncia ante “cualquier manifestación antirreligiosa”, con la que consiguen que “el denunciado sea llamado a declarar”.

Y pese a que luego todo quede en agua de borrajas, explica Aya, con su actuación consiguen lanzar una especie de advertencia: “Oye, tened cuidado que a la próxima tenéis que volver donde el juez”.

Para el fiscal, el problema está en que hay “una excesiva judicialización de todo” y aunque a veces los propios políticos se quejan de la misma, luego son ellos quienes involucran a la Justicia y a la Fiscalía en la resolución de problemas cuya respuesta debería ser otra.

Todo ello en un contexto en el que, a juicio de Aya, quizá “de alguna manera la sociedad debería responder con respuestas no penales” a determinados asuntos que no revisten tanta gravedad, como por ejemplo, con infracciones administrativas.

Pero lo que realmente preocupa al responsable de la Fiscalía en la lucha contra los delitos de odio son las manifestaciones de los responsables políticos contra determinados tipos de campañas.

“¿Es legítimo que un partido diga que los inmigrantes nos están quitando trabajo o están colapsando los servicios sociales? -ilustra el fiscal- Oye, pues esto será cierto o no pero no puede considerarse delictivo”.

Ahora bien, prosigue Aya, “como lo que se haga es atacar, decir que son los responsables de la delictividad” o lanzar una campaña en la que se “fomente el odio respecto de ellos, esto sí que puede ser constitutivo de delito”.

Y aunque dicha actuación merecería un castigo penal, el fiscal insiste en que las penas siempre deberían ser “proporcionales” a la gravedad del delito y a las circunstancias en las que se ha cometido, como el contexto en el que se han producido las manifestaciones y la difusión que se les han dado.