La ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Por José Manuel Otero Lastres.- Los lectores que hayan estudiado bachillerato en las décadas de los cincuenta y los sesenta del siglo pasado seguramente recordarán el muy citado por entonces pasaje del Génesis, 3. 19, en el que, al fijar Yahveh el castigo a Adán por haber comido del fruto prohibido, le dice “Ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la tierra, de donde fuiste sacado. ¡Porque eres polvo y al polvo volverás!”.

Con pasajes del Antiguo Testamento como éste, se nos instruía a los escolares de entonces en que para ganarse el sustento de cada día no quedaba otro remedio que trabajar. Y en aquellos tiempos de la sociedad de los muchos deberes y los escasos derechos no era difícil estar convencido de que ganarse el pan con el propio trabajo era una imprecación tan lógica que se aceptaba sin discutirla.

Desde luego, en España aquéllos eran tiempos de pobreza para la gran mayoría de los que vivían en el olvido de los del montón. La Guerra Civil nos había sumido en una lacerante escasez de todo tipo de bienes y vivíamos una economía de pura subsistencia. Había sí algunos ricos –siempre los hubo- pero eran pocos y la publicidad comercial, por entonces muy incipiente, más que incitar a consumir lo que no abundaba, iba informando de los pocos y escasos productos y servicios que estaban al alcance de la generalidad.

Los que han crecido en la democracia conocen por sí mismos cómo hemos ido evolucionando económicamente desde el final del franquismo hasta nuestros días en los que se puede afirmar sin exagerar que estamos instalados en la sociedad del bienestar. Fue una evolución económica lenta en la que se pasó de una renta per cápita algo superior a los 6.000 dólares en 1980 hasta superar los 35.000 en 2008 para situarnos actualmente y, tras los efectos de la crisis, en algo más de los 28.000 dólares. Y, aunque hoy es innegable que todavía hay familias en situación de riesgo de pobreza, la realidad acredita que son menos de las que nos anuncian, y que la pobreza de hoy es, por decirlo así, más abundosa que la de la postguerra.

Viene lo hasta aquí dicho a cuento para mostrar mi preocupación por la tendencia a vivir de la subvención que se venía observando en la realidad española de los últimos años y que acaba de intensificarse con fines electorales en el proyecto de Presupuesto Generales del Estado de 20019.

En efecto, a través de una presión fiscal, casi confiscadora, que sube hasta el 35,3 del PIB y afecta, como casi siempre, a las sufridas clases trabajadoras, el Estado se gastará en 2019 más de 345.358 millones de euros, un 5,3% más que el año anterior. Es verdad que la mayor parte del gasto público ira a las pensiones, cuyo importe crece un 6,2% hasta la imponente cifra de 153.864 millones, el 42% del Presupuesto. Y lo es también que las pensiones no son subvenciones (con excepción de las no contributivas), sino pagos a gente que ya trabajó y que, en consecuencia, ganó el pan con el sudor de su frente. Pero si lo que antecede es cierto también lo es que crecen las ayudas públicas que subvencionan la dependencia, la vivienda, los consumos domiciliarios, y un amplio programa social cuya guinda es un plan contra la pobreza infantil y ayudas para las familias más necesitadas.

No soy tan insensible como para afirmar que no hay que ayudar a las personas y a las familias más necesitadas. Lo que digo es que no parece conveniente una política económica que fomente más la subvención que el trabajo, en la que sean cada vez más los que consiguen su pan no gracias al sudor de su frente, sino al trabajo ajeno. Lo que sostengo es que, bien miradas las cosas, nuestra Constitución ha recogido la mencionada imprecación bíblica. Y así su artículo 31 dispone que “todos” tenemos que contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con nuestra capacidad económica, mediante un sistema tributario justo pero no confiscatorio, y en un sistema en el que la asignación del gasto público se efectúe de manera equitativa y de acuerdo con los criterios de eficiencia y economía.

Fomentar el “subvencionismo”, como hace el proyecto de Presupuestos de Sánchez, es electoralista, pero no responde al orden económico y social justo del que habla la Constitución, en el que el progreso de la economía para asegurarnos a todos una digna calidad de vida tiene que fundamentarse en el deber de trabajar de que habla el artículo 35 de la Constitución y no en un derecho a vivir permanentemente del subsidio público. Porque, por si alguno no lo sabe, los recursos públicos no son una fuente inagotable de bienes que, cual el maná bíblico proviene del cielo, sino un fondo limitado que se nutre de las aportaciones que hacemos los ciudadanos que contribuimos económicamente al sostenimiento de los gastos públicos.