Paloma Cervilla.- El Congreso de los Diputados ha aprobado por 316 votos a favor y 23 en contra (ERC, PdeCat, PNV y UPN) el dictamen de la Comisión de Sanidad sobre la Proposición de Ley que regula el derecho y las garantías de las personas en el proceso final de su vida, más conocida como muerte digna, y que fue presentada por Ciudadanos. En definitiva, se trata de regular los cuidados paliativos.

Este texto se ha negociado durante un año y medio, y con la aprobación de hoy pasará al Senado, donde el PP ya ha anunciado que presentará enmiendas, referidas a la necesidad de reconocer el derecho a la asistencia religiosa, no solo a que se facilite, como se recoge en el texto que se aprueba hoy. La Cámara rechazó este punto, al votar en contra de una enmienda de UPN. Han sido 173 votos en contra y 166 a favor.

El consenso que había respaldado la mayor parte del dictamen se rompió en la Comisión de Sanidad. Entonces, el PSOE presentó una enmienda, que fue aprobada, para que el régimen sancionador que se aplique sea el de cada comunidad autónoma y no, como pretendía Ciudadanos, de redactar uno específico para este tema.

De hecho, el voto particular de Ciudadanos pidiendo que se mantuviera el régimen de sanciones común para toda España ha sido rechazado por 176 votos en contra y 163 a favor.

El Partido Popular destacó que sus propuestas «se han tenido en cuenta» y que en la larga negociación «todos hemos sido generosos», subrayó la diputada Pilar Cortés. A su juicio, esta ley es «muy especial porque nos va a afectar a todos los ciudadanos, ya que regulamos lo que rodea a este difícil momento».

La diputada justificó su apoyo a la enmienda de UPN sobre el derecho a la asistencia religiosa, afirmando que «los derechos están incompletos porque falta uno: el de la asistencia religiosa y espiritual. No obligamos a nadie a que lo solicite, pero sí a garantizar que él que lo quiere, lo tenga». Además, también apostó por un régimen sancionador.

Polémico régimen sancionador

El PSOE mostró su satisfacción por la aprobación de esta norma, ya que esta ley «garantiza a las personas morir con dignidad y no alargar innecesariamente el sufrimiento», subrayó Jesús María Fernández. Se vanaglorió de eliminar el régimen de sanciones estatal cuando ya lo tienen las diez comunidades que han legislado y, para las que no los tienen, hace referencia a la Ley General de Sanidad.

Ciudadanos defendió su texto y afirmó con contundencia que «queremos que los derechos sean iguales para todos los españoles, nos llamen como nos llamen», subrayó el diputado Francisco Igea. El parlamentario mantuvo el voto particular de su grupo porque «una ley básica no puede ser respaldada por un régimen sancionador autonómico distinto».

Este punto relativo al régimen sancionar puede condicionar el apoyo de Ciudadanos a la futura ley de eutanasia del PSOE. Después de la enmienda socialista, la formación de Rivera afirmó que tendrá que repensar su apoyo. Por ello, el diputado socialista Jesús María Fernández le pidió a Ciudadanos que «deje de bloquear el proyecto de ley de eutanasia. Si la siguen bloqueando, estarán haciendo un chantaje al Congreso de los Diputados y a los españoles».

El PNV afirmó que esta «ley no es sustitutiva de la eutanasia, para nada, no responde a las necesidades de las personas que reclaman la eutanasia, que estamos dispuestos a regular», según señaló el diputado Joseba Andoni Agirretxea.

Los nacionalistas vascos criticaron el texto por invadir competencias autonómicas y por excesiva regulación, «desnaturalizan las competencias autonómicas». Además, entienden que algunas normas autonómicas ya regulan los cuidados paliativos, «es innecesaria la regulación de todo. Clara pretensión recentralizadora».

ERC rechazó la propuesta porque es «innecesaria y redundante».

El diputado de UPN, Carlos Salvador, se posicionó en contra, al entender que el texto es «una eutanasia encubierta»