Dolor en la comunidad cristiana paquistaní de Quetta tras un ataque el pasado mes de abril

El caso de Asia Bibi ha generado durante los últimos nueve años un amplio movimiento de solidaridad y denuncia por parte de organizaciones católicas y grupos de derechos humanos. El Vaticano la considera en cierto modo un icono contemporáneo de la persecución de los cristianos en el mundo. A finales de febrero, el Coliseo de Roma –escenario del martirio de multitud de cristianos– se encendió de rojo en un acto en favor de los perseguidos por su religión, que tuvo como invitados especiales al marido y las hijas de Asia Bibi.

En su informe de 2018, la ONG «Puertas Abiertas» subrayó que la persecución de los cristianos está presente –de modo extremo o en grado elevado– en 50 países del mundo, y afecta a unos 215 millones de creyentes. En otras palabras, uno de cada doce cristianos en el mundo se ve hoy intimidado, en prisión o amenazado de muerte por el simple hecho de confesar o vivir su fe.

El año pasado, según el mismo informe, 3.066 personas fueron asesinadas por razones vinculadas a su fe cristiana, cerca de 2.000 solo en Nigeria. La lista de países con persecución extrema de cristianos sigue encabezada por Corea del Norte, donde el régimen comunista acosa a su comunidad de 300.000 cristianos. En esa relación, Pakistán figura en el quinto lugar, pero fue el país con más destrucción de iglesias en 2017, a manos de fanáticos islamistas.

La llamada «ley de la blasfemia», inscrita en el código islámico o Sharía, es uno de los instrumentos más intimidatorios contra los cristianos en los países de mayoría musulmana. Para justificar la intolerancia religiosa, la Organización para la Cooperación Islámica (OCI), el mayor grupo de presión formado por 57 países de mayoría musulmana, lleva años tratando de sacar adelante en las Naciones Unidas un proyecto que le dé cobertura mundial, bajo el piadoso manto del rechazo a la «difamación de religiones».

La campaña se vio impulsada en el mundo del islam por la polémica de las «caricaturas de Mahoma» publicadas en Dinamarca en 2005, pero ya existía con anterioridad. El «lobby» islámico ha conseguido varias resoluciones condenatorias de la «difamación de religiones» en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU –gracias a su mayoría de miembros–, pero ha sido frenado repetidas veces por Estados Unidos y el bloque occidental en la Asamblea General de la ONU.

La OCI intenta establecer un delito internacional en materia de ataques contra las religiones, pero la preocupación de fondo del bloque islámico se refiere solo a las que se dirigen contra el islam, en particular tras el 11-S. De hecho, tanto en Pakistán como. De hecho, tanto en Pakistán como en otros 70 países inspirados por la Sharía, la «ley de la blasfemia» se refiere únicamente a las críticas al Corán o al profeta Mahoma, y nunca a los agravios contra las creencias de las minorías religiosas.