Donald Trump se plantea cerrar la frontera con México a centroamericanos e impedir que soliciten asilo. El plan, filtrado ayer por su Gobierno a varios medios estadounidenses, se concretaría a través de una orden ejecutiva en la que utilizaría los mismos poderes presidenciales con los que a comienzos de 2017 impuso el llamado «veto musulmán»: la prohibición de entrar a EE.UU. a nacionales de un grupo de países con población mayoritariamente islámica. Aquella decisión cautivó la atención de EE.UU. durante los primeros meses de la Administración Trump y provocó una batalla judicial que bloqueó varias versiones de la orden judicial hasta que a principios de este verano, el Tribuna Supremo la respaldó en una votación ajustada.

Los planes se conocen en medio de la polémica sobre la caravana de inmigrantes centroamericanos que marchan por territorio mexicano camino de la frontera con EE.UU. Salieron de Honduras, y tras cruzar Guatemala y la frontera con México el contingente se ha reducido a alrededor de 3.000 personas, la mayoría familias hondureñas. Todavía tardarán semanas en alcanzar la frontera de EE.UU., pero la imagen de una muchedumbre camino de Texas se ha convertido en el póster electoral de Trump y de sus aliados republicanos, que se fajan en las decisivas elecciones legislativas del 6 de noviembre, donde tratan de mantener sus mayorías en las dos cámaras del Congreso.

Trump ha asegurado que la caravana lleva mezclados «criminales y gente sin identificar de Oriente Medio» y ha acusado a los demócratas de organizarla.

El cierre de la frontera se combinará con el envío de tropas del ejército a la zona. El plan militar supondría el envío de cerca de mil soldados a la frontera para asistir a las fuerzas de seguridad y a los cerca de dos mil guardias nacionales que desde abril refuerzan los trabajos. La tensión sobre la militarización de la frontera ha llevado a la secretaria de Seguridad Interior, Kirstjen Nielsen, a declarar que las fuerzas de seguridad en la zona «no tienen la intención ahora mismo de disparar» a los inmigrantes.

La viabilidad del plan que maneja la Administración Trump provocará una batalla legal que, como con el ‘veto musulmán’, podría durar meses. La legislación estadounidense permite a los extranjeros solicitar el asilo cuando sufren persecución en sus países y habrá que ver si las potestades presidenciales son suficientes para contrarrestarlo.

La legislación además establece que la deportación tiene que ser a sus países de origen. Es decir, no los pueden devolver directamente a México, a no ser que el Gobierno del vecino del Sur lo permita. Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México el 1 de diciembre, es difícil pensar que eso sea una posibilidad.

Donde no hay dudas de la eficacia del plan es en el plano político. Ni la caravana estará en la frontera, ni los resultados del cierre de la frontera se conocerán cuando los estadounidenses vayan a las urnas dentro de semana y media. En una encuesta elaborada este mes por The Washington Post y ABC News, el 16% de los votantes registrados aseguraban que la inmigración era el asunto más decisivo para su voto, por encima de la economía o la cobertura sanitaria.