El Gobierno de Pedro Sánchez considera «repugnante» el uso de dinero público para pagar prostitutas tal y como investiga la justicia en Andalucía tras aflorar el uso en prostíbulos de tarjetas de la vieja fundación de Formación y Empleo, Faffe. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha manifestado de forma genérica su repulsa contra la explotación sexual de la mujer, «suceda en Andalucía, en Mallorca o en Azerbayán», y ha transmitido la «condena firme» del Ejecutivo de Pedro Sánchez a esas prácticas, más si son financiadas con dinero de todos.

Delgado se ha referido a este asunto en el Pleno del Congreso, donde la diputada del PP María Eugenia Romero le cuestionó sobre «el uso de dinero público para pagar prostitución», en alusión a las pesquisas judiciales sobre la Faffe andaluza. Romero mostró en el hemiciclo la portada de ABC de hoy, que revela otro agujero de 3.500 millones de euros de presunta financiación irregular y desvío de fondos de la Junta, que investiga ahora la juez Pilar Ordóñez.

«Hoy nos desayunamos con esto. Mi tierra lleva demasiado tiempo perdiendo recursos con las cloacas de la corrupción y el descontrol. 3.500 millones de oportunidades de empleo para la gente», ha denunciado Romero.

La ministra de Justicia ha insistido, obviando esa alusión a otra presunta trama de corrupción socialista en Andalucía, que el uso dinero público para fines privados es «condenable», pero que «si además se usa para fines como los que se menciona a quí es repugnante». «Es igual que suceda en Andalucía, en Mallorca o en Azerbayán», ha opinado.

El Gobierno del PSOE, asegura Delgado, mantiene posición «clara» contraria al fenómeno «execrable» de la prostitución. «No es una profesión, es un ataque a la dignidad y a la libertad de miles de mujeres y de criaturas que se ven obligadas a ejercerlas por mafias. Es una forma más de exclavitud. Este Gobierno no aboga ni por su regulación ni prohibición, sino por su abolición», ha zanjado.

Romero sin embargo, ha acusado a la presidenta andaluza, Susana Díaz, de «mirar para otro lado» ante este escándalo y ha denunciado que su gobierno «oculta» información al Parlamento autonómico. El adelanto electoral en Andalucía ha impedido que se constituya una comisión de investigación sobre este caso. La diputada del PP ha lamentado que los andaluces llevan mucho tiempo contemplando cómo se pierden millones de dinero público «por las cloacas de la corrupción».