Las 400 bombas de precisión que España acordó vender a Arabia Saudí en 2015 y cuya entrega acordó paralizar la ministra de Defensa, Margarita Robles, ante las sospechas de que pudieran ser utilizadas en el conflicto bélico en Yemen, pondrán finalmente rumbo a Riad. A última hora de este miércoles, el Gobierno autorizó el traslado de este material, perteneciente al Ejército español pero de fabricación estadounidense, tras exigir garantías al comprador de que no va a ser utilizado para ningún conflicto con civiles en riesgo, según confirmaron fuentes de la Moncloa.

Esta decisión pone punto y final a la crisis generada con la autoridades saudíes, que mostraron su desacuerdo con la decisión de Defensa de ‘congelar’ el envío ya preparado en una base militar de Aragón y cuyo enfado llegó a poner en el disparadero el megacontrato firmado con Navantia para la construcción de cinco corbetas en Cádiz y Ferrol. Una operación valorada en unos 1.813 millones de euros frente a los 9,2 millones de las 400 bombas.

El proceso de revisión de este tipo de contratos de material de Defensa y tecnología de doble uso destinado a países “sensibles” no es una excepcionalidad, aunque en el caso que nos ocupa se haya trasladado desde el ministerio una información ciertamente confusa que ha provocado las protestas en la calle de los trabajadores de la compañía naval de titularidad pública.

Cada año es habitual que la junta interministerial que regula el comercio exterior de este tipo de material, en virtud de una normativa europea de 2008, paralice operaciones y reclame más garantías al comprador, en la mayoría de las ocasiones Fuerzas Armadas extranjeras. Incluso es común que todos los cursos se denieguen determinadas ventas por la situación de los países receptores, sujetos algunos a embargos económicos, o la existencia de regiones en plena carrera armamentística en Asia y Oriente Medio.

Respuesta a las ONG

En 2017, la junta interministerial -en la que está Defensa, Exteriores, Industria o Interior- y que preside la Secretaría de Estado de Comercio, prohibió el traslado de pedidos a Israel (diez cañones de rifles y 17 direcciones de tiro para carro de combate), Myanmar (20 pistolas deportivas) y China (seis sistemas de clasificación acústica). En el primer caso la razón fue”el mantenimiento de la paz y la seguridad regionales” y en los dos restantes, el cumplimiento de embargos de la UE.

Sin embargo, la presión de las ONG antibelicistas integradas en la campaña ‘Armas bajo control’ tuvo efecto en el Gobierno, que se comprometió la semana pasada a revisar el contrato con Arabia Saudí y dar una respuesta “este mes”, aunque las circunstancias internas y externas precipitaron la contestación. Estas organizaciones recordaban que Riad llevaba tres años involucrado en una guerra que ha causado miles de civiles muertos en Yemen, como ocurrió en el ataque a un autobús con niños el 9 de agosto, que dejó 51 fallecidos. Asimismo, en agosto pasado Defensa ya anunció que iba a revisar las ventas en trámite, pero este miércoles aceptó el envío y cerró una crisis con uno de sus principales compradores de armamento.