Carles Puigdemont y Quim Torra, en Bélgica

El Tribunal Supremo ha rechazado este miércoles apartar a los cinco jueces que formarán el tribunal que enjuciará el «procés», el plan secesionista para alcanzar la independencia catalana por las vías ilegales. Con esta decisión, el Alto Tribunal avala la imparcialidad de los cinco magistrados designados para juzgar a los líderes secesionistas procesados.

La Sala del 61 ha inadmitido las recusaciones planteadas por tres procesados que se encuentran fugados, entre ellos Carles Puigdemont, y ha desestimado las planteadas por otros ocho encausados. El Supremo frustra así el intento de las defensas de apartar a los jueces designados.

Los trece magistrados de la Sala del 61, conocida así por el artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial que regula su funcionamiento, han adoptado la decisión por unanimidad, tras reunirse este miércoles desde las 9.30 horas de la mañana. El Supremo ha adelantado su posición, y en los próximos días se notificará y conocerá la resolución en la que motiva su argumentación. El Alto Tribunal ni siquiera ha entrado al fondo del asunto de las recusaciones planteadas por los tres fugados Puigdemont, Lluis Puig y Clara Ponsati.

El rechazo a las recusaciones coincide con la tesis de la Fiscalía del Tribunal Supremo, que en un contundente escrito destapó la estrategia de las defensas para sembrar dudas sobre la imparcialidad de los jueces y tratar además de dilatar la llegada de la vista oral, que se prevé para finales de este año.

«Sembrar dudas sober la imparcialidad»

«Constituye un sarcasmo que accione la recusación quien está huido de la justicia. Los recurrentes no pueden accionar la justicia en un procedimiento en el que ha sido declarada su rebeldía por haberse sustraído a la autoridad del juez y a la persecución del delito y averiguación de responsabilidades por nuestra jurisdicción soberana», destaca el fiscal Jaime Moreno en su informe ante la Sala que en su momento ilegalizó Batasuna, sobre el planteamiento realizado por los líderes secesionistas huidos.

A su juicio, «es completamente absurdo que recusen a un tribunal que no va a juzgarles por hallarse en rebeldía y a cuya jurisdicción se han sustraído eludiendo la acción de la Justicia», insiste. Para Moreno, uno de los cuatro fiscales que llevan el caso –junto con Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal y Fidel Cadenas– se trata de un «fraude procesal» y un «atentado a la buena fe» de parte de las defensas.

Respecto a los procesados que sí se sentarán en el banquillo en el juicio previsto para este otoño, el Ministerio Público considera que tampoco en este caso se dan las razones para apartar a los miembros de ese tribunal cuya imparcialidad se cuestiona. Se trata de los magistrados Manuel Marchena, Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo, Luciano Varela y Antonio del Moral, de la Sala de lo Penal.

El Ministerio Público considera que las causas de recusación –entre las que citan el hecho de que algunos de los recusados admitieran la querella de la Fiscalía en octubre del año pasado, que participaran en la resolución de recursos contra decisiones del instructor del caso Pablo Llarena, que juzgaran a Francesc Homs o simples «cuestiones ideológicas»– se fundamentan únicamente en «apreciaciones o impresiones subjetivas y personales de los acusados sin sustento probatorio alguno». Según las defensas, esa implicación previa impide a los jueces ser objetivos, una tesis que ha sido rechazada por unanimidad.

Los líderes secesionistas se encuentran procesados por empujar hacia la independencia por las vías ilegales, alentando una insurreción, empujando a la sociedad catalana contra el Estado y asumiendo los brotes de violencia como un medio, no deseado pero necesario, para alcanzar sus fines. Los investigadores les atribuyen por ello delitos de rebelión, desobediencia y malversación de caudales públicos.