Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior.

La nueva portavoz del Grupo Popular, Dolors Montserrat, no está dispuesta a permitir que el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, incumpla sus deberes constitucionales con el Congreso sin sufrir consecuencia alguna. Por ello, ha remitido un escrito de amparo a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, solicitando «la adopción de las decisiones que, de conformidad con el Reglamento, resulten procedentes para garantizar el efectivo cumplimiento de las resoluciones parlamentarias».

Esta maniobra se produce después de que el ministro decidiera posponer sus explicaciones sobre el cese del coronel jefe de la UCO el pasado miércoles, a pesar de que la Diputación Permanente le había citado para ello ese día. Tanto el presidente de la comisión de Interior, Rafael Merino, como el diputado popular, Francisco Martínez Vázquez, advirtieron al ministro de que no podía decidir en qué fecha comparecía sino que debía seguir los dictados de la Diputación Permanente. Sin embargo, Grande-Marlaska se mantuvo en la misma posición comprometiéndose a abordar la cuestión más adelante y ante otro órgano, la Comisión de secretos oficiales, a puerta cerrada.

Reprimenda moral

El PP busca ahora que la Cámara Baja amoneste oficialmente al titular de Interior y le fuerce a comparecer, reprochándole el incumplimiento de sus obligaciones constitucionales. Un castigo político y moral que no es baladí para un titular ministerial. Será la propia Pastor la que decida la respuesta sobre la que, probablemente, deliberará esta semana junto al resto de los miembros de la Mesa del Congreso. El Reglamento de la Cámara Baja es muy vago en cuanto a la respuesta qué debe dar la presidencia del Congreso en este tipo de situaciones.

Saltándose la Constitución

A lo largo de seis páginas, Montserrat advierte por qué no debe tolerarse la actitud del ministro y concluye que su consentimiento sentaría un «precedente gravemente perjudicial» para la Cámara Baja. La petición de amparo sostiene que Grande-Marlaska incurrió en «un grave incumplimiento» tanto de «un acuerdo adoptado por un órgano parlamentario» como «de las obligaciones constitucionales del Gobierno». En esta línea, argumenta que su negación a dar explicaciones «frustró el ejercicio de la función de control» al Ejecutivo que la Carta Magna atribuye a la Cámara Baja. Recuerda para ello que el artículo 110 de la Constitución establece que las Cortes «pueden reclamar la presencia de los miembros del Gobierno».

«Gravemente ofensivo»

El recurso de amparo subraya también que la posición de Grande-Marlaska fue «profundamente irrespetuosa con el Congreso de los Diputados y gravemente ofensiva» para el PP como impulsor de su comparecencia. También hace hincapié en que la citación acordada por la Diputación Permanente otorgaba al ministro «plena libertad» para abordar la cuestión «en los términos y con el contenido que estimase oportuno» incluyendo «la debida reserva sobre materias clasificadas si fuese necesario». Y que ello impide aceptar cualquier justificación que eluda ofrecer explicaciones. El PP cierra su alegato subrayando el «manifiesto desprecio» del ministro del Interior a las funciones del Congreso y «a los derechos» de los diputados cercenándode forma unilateral, arbitraria e injustificada las facultades de control y subvirtiendo la separación de poderes mediante una decisión unilateral con tintes autoritarios de la que resulta «una clara insubordinación con respecto a sus obligaciones constitucionales».