Fernando Palmero*.- Junto al embajador de EEUU en España, Terence Todman, Don Juan Carlos recibió al enviado especial del presidente Carter, el senador Ed Muskie. Era el 30 de abril de 1979. La Constitución estaba en vigor desde hacía ya cuatro meses, pero el Rey parecía actuar como si fuese aún el Jefe de Estado de la dictadura. “Él (Juan Carlos)”, decía el cable diplomático que resumía el encuentro, “sentía que Melilla se podría ceder a Marruecos en un plazo relativamente corto de tiempo porque allí solo vivían 10.000 españoles”. El Ejército español, continuaba el informe, “protestaría”, pero en “dos meses”, él (Juan Carlos), les aseguró que “podría controlar la situación”.
Charles Powell recoge el documento en El primer embajador de la democracia: don Juan Carlos y la proyección exterior de España, incluido en el libro colectivo Rey de la Democracia (Galaxia Gutenberg).

Don Juan Carlos, que ni prometió ni juró la Constitución, solo la sancionó, ya que su legitimidad provenía del régimen anterior, sabía que el único que podía garantizar su continuidad era EEUU, y se mostró dispuesto a complacerlo. Siempre. A costa incluso de la integridad territorial de España. A fin de cuentas, debió pensar, la Carta Magna no precisa cuál es el territorio nacional. Y permite, además, que una parte del mismo sea cedida a un tercer país con una decisión del Congreso aprobada por mayoría simple, como posibilita el artículo 94.1 c).

Araceli Mangas lleva años denunciando esta peligrosa anomalía que podría permitir a un Gobierno desleal, o débil, como el actual, lograr el apoyo de 176 diputados para que, por ejemplo Melilla, como proponía el hoy Rey emérito, sea una ciudad marroquí. “Una Constitución” explica en España indefensa (El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, nº 71-72) “no debe prever cualquier acción que afecte a la integridad territorial”.

Sin embargo, “nuestros taimados políticos”, víctimas del síndrome de Almanzor, por “el drama de las pasadas guerras africanas de los siglos XIX y XX”, no han subsanado el error que supone que el texto constitucional no precise “sin temor” qué autonomías forman el territorio peninsular e insular, cuáles son los enclaves extraeuropeos de indudable soberanía y cuáles se reclaman. Es “necesario”, concluye, “proclamar la irreductibilidad del territorio español”.

La aduana de Melilla se cerró hace un mes. Y el Gobierno calla. Aún.

*Articulista de El Mundo