«¡Rescatadas!». Así comenzaba la semana pasada la información de un medio peruano sobre la redada policial que había permitido liberar a dieciocho mujeres venezolanas y una peruana de una presunta organización de tráfico de mujeres. Todas ellas se encontraban en un local, conocido como «Al Fondo Hay Sitio», ubicado en el balneario de Zorritos de Tumbes, localidad situada junto a la frontera con Ecuador, a la que en las últimas semanas han llegado miles de venezolanos huyendo de la crisis política y humanitaria que sufre su país. Según el medio peruano, «las mujeres rescatadas cayeron en manos de una presunta mafia y se convirtieron en víctimas de trata de personas con fines de explotación laboral y sexual».

Por desgracia, este no es un caso aislado, ni Perú el único país donde se producen este tipo de casos -en julio fueron detenidas dieciocho personas en la ciudada colombiana de Cartagena acusadas de reclutar y vender a 250 mujeres y adolescentes para su explotación sexual-. El éxodo masivo de ciudadanos venezolanos de los últimos años -1,6 millones abandonaron el país en los últimos dos años- huyendo de la miseria económica les ha empujado a caer en la más vil miseria humana.

Así lo han denunciado varias organizaciones en las últimas semanas, como el think tank Fundación Ideas para la Paz (FIP) de Colombia, que en su último informe, publicado este miércoles, se refiere a la vulnerabilidad en la que se encuentran las poblaciones que habitan en las fronteras, donde existen múltiples economías ilegales «que van más allá del narcotráfico, como la minería ilegal, el tráfico de gasolina, el contrabajando, la trata de personas, la explotación sexual y el tráfico de inmigrantes».

En un país, Colombia, donde está muy reciente la firma de los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC y en la actualidad se está en conversaciones con el ELN, y donde aún quedan grupos armados disidentes, el informe alerta sobre el riesgo al que se enfrentan los inmigrantes venezolanos de «ser reclutados» por estos grupos y de su incorporación «como mano de obra de diferentes economías ilegales». También avisa sobre el mayor riesgo para las mujeres venezolanas de ser víctimas «de explotación sexual y de feminicidios», como consecuencia de «su vinculación al trabajo sexual y economías ilegales».

Poco control

«En las zonas fronterizas, el estado colombiano tiene muy poco control», declaró Juan Carlos Garzón, presidente de FIP, a Reuters. «Para los emigrantes venezolanos la situación es muy complicada porque se enfrentan a grupos ilegales que se aprovechan de su vulnerabilidad. Hemos escuchado testimonios sobre explotación sexual y tráfico de mujeres». Por su parte, Omar Ochoa, un alto cargo de la localidad de Bucaramanga, en el norte de Colombia, expresó su preocupación ante los casos de prostitución y explotación sexual de niñas que han viajado a pie 200 kilómetros desde la frontera.

El documento realizado por la FIP corrobora una tendencia que ya denunció el mes pasado el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de la Secretaria de la Mujer de Bogotá.

Según un estudio realizado por este organismo, y del que se hizo eco el semanario «El Tiempo», el 35,7% de las mujeres que ejercen la prostitución en esa ciudad son extranjeras, de las que el 99,8% son de origen venezolano. Durante las encuestas, las venezolanas comentaron a los investigadores que ejercían la prostitución ante la falta de otras salidas, a pesar de que el 33,1% de las consultadas tiene una educación universitaria. A esto se suma que la mayoría de ellas (el 84,5%) tienen familias que dependen de estos ingresos.

Las ONG reconocen una triste realidad: las falsas promesas. «Muchas madres están preocupadas de que sus hijas acepten ofertas de trabajo y sean atrapadas en la prostitución», asegura Marion Prats, de la ONG Tierra de Hombres.

A la explotación sexual se suma la laboral, que sufren miles de menores venezolanos obligados, entre otras cosas, «a mendigar en las calles o semáforos de ciudades colombianas o a realizar trabajos domésticos». La Agencia para la protección de la Infancia identificó a 350 menores venezolanos víctimas del trabajo infantil en Colombia entre marzo y junio de este año.