Petróleos de Venezuela (PDVSA)

Azotada por el desplome de su producción, la baja productividad de su parque refinador y una situación financiera apremiante, la petrolera venezolana atraviesa su hora más oscura. ¿Cómo se llegó a esta situación y cuáles son las perspectivas en el corto y mediano plazo? Por Mariano Roca.

Petróleos de Venezuela (PDVSA) se encuentra sumida en una profunda crisis operativa y una asfixiante situación financiera. Foto: Fernando Calzada.

Allá lejos en el tiempo quedaron las proclamas de nacionalización del petróleo y los encendidos discursos de Hugo Chávez en los que anunciaba la recuperación de los bienes y activos de la industria para convertirlos en “propiedad social”. Al cabo de dos décadas de “revolución bolivariana”, Petróleos de Venezuela (PDVSA), fuente del 96 % de las divisas que ingresan al país, se encuentra sumida en una profunda crisis operativa y una asfixiante situación financiera.

Las detenciones, en noviembre pasado, del exministro de Energía, Eulogio del Pino, y del expresidente de PDVSA, Nelson Martínez, a las que se sumó el posterior pedido de captura de Rafael Ramírez –hombre fuerte de la empresa entre 2004 y 2014–, no hicieron más que confirmar las contradicciones que existen dentro del propio gobierno de Nicolás Maduro y la falta de rumbo del sector, que hoy se encuentra bajo el control del mayor general Manuel Quevedo, exjefe del Comando Regional N.º 5 de la Guardia Nacional y a cargo del Ministerio del Petróleo y la presidencia de PDVSA.

“Todos los niveles gerenciales han sido ocupados por personas identificadas con el presidente Maduro, sin importar su calificación o experiencia en la industria, incluyendo la Junta Directiva”, afirma el consultor Asier Achutegui, en el informe “Venezuela y PDVSA: matando a la gallina de los huevos de oro”, publicado por el Real Instituto Elcano de España. Y añade: “Lamentablemente, las condiciones laborales ofrecidas por PDVSA, donde un ingeniero recibe el sueldo equivalente a 20 dólares mensuales, así como la crisis social del país, han hecho que gran parte de las personas calificadas emigren”.

La producción, en caída libre

De acuerdo con cifras difundidas por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), la producción petrolera venezolana registró una brusca caída en los últimos tres años, al pasar de 2,9 millones de barriles diarios en diciembre de 2014, a 1,8 millones en diciembre de 2017. A pesar de no coincidir con los datos oficiales, según fuentes secundarias citadas por la OPEP, el declive no se detuvo en 2018, al ubicarse por debajo de los 1,5 millones de barriles diarios en los primeros cinco meses del año y al tocar el mínimo histórico de 1,39 millones en mayo pasado.

Un informe de la consultora venezolana Ecoanalítica, publicado en enero pasado, advertía que las rigideces en el aspecto macro y las restricciones del flujo de caja de la empresa contribuirían a un “mayor declive de la producción petrolera”, que frenaría “cualquier posible beneficio generado por el aumento del precio del petróleo”. Añadía que las sanciones impuestas por EE. UU. impedirían taxativamente la emisión de cualquier tipo de bono, imposibilitando cualquier intento de refinanciación o reestructuración de sus compromisos y agitando, de esa manera, el fantasma de la cesación de pagos.

Las malas noticias para la petrolera estatal venezolana han ido acumulándose en los últimos meses, cuando intentaba iniciar un proceso de renegociación de su deuda. En noviembre del año pasado, las dos principales agencias calificadoras de riesgo, Fitch y Standard & Poor’s (S&P), bajaron la nota crediticia de PDVSA a la categoría de “default selectivo” por el retraso en el pago de los cupones de sus bonos 2027 y 2037, que finalmente se concretó fuera del plazo estipulado. Fitch puso en duda la liquidez de la empresa, al tiempo que advirtió que la calidad crediticia de PDVSA “sigue reflejando su estrecha vinculación con el gobierno de Venezuela como ente de propiedad estatal, lo que se combina con el absoluto control del gobierno sobre su estrategia de negocios y sus recursos internos”.

La respuesta de PDVSA no se hizo esperar. En un comunicado de prensa, aseguró: “Venezuela propone un mecanismo confiable, abierto y organizado de recomposición de su deuda externa para mantener su tradición histórica de país solvente que ha honrado todos sus compromisos en materia de acreencias, y superar las complejidades derivadas de las acciones de asfixia financiera impuestas por la Administración Trump que, a pedido de factores apátridas de un sector político de nuestro país, ha instaurado, a través del Departamento del Tesoro de EE. UU. y de desacreditadas calificadoras de riesgo, mecanismos para obstaculizar la sana intención de cancelar adecuadamente intereses y capitales por concepto de su deuda”.

Un parque refinador deteriorado

Una de las grandes paradojas de la actual debacle de PDVSA, una de las compañías con las mayores reservas de crudo del planeta, es que se ha visto obligada a recurrir a la importación de combustibles. “Durante los últimos tres años, el sistema venezolano de refinación ha pasado por muchas dificultades, lo que ha resultado en caídas drásticas de rendimiento, relacionadas, sobre todo, con la falta de inversión y el envejecimiento de la infraestructura”, explica Asier Achustegui en el trabajo ya citado.

“Hoy el parque refinador venezolano está operando a niveles de entre el 30 y 40 % de su capacidad, y los volúmenes de crudo procesados no producen los combustibles suficientes para abastecer el mercado interno”, puntualizó por su parte, en diálogo con DEF, el ingeniero venezolano Nelson Hernández, consultor en temas energéticos, quien recordó que el 25 de agosto de 2012 se produjo un grave accidente en la refinería de Amuay, con un saldo de 47 muertos y más de 130 heridos.

Ubicada en el gigantesco Centro de Refinación Paraguaná (CRP), esa refinería –la más grande del país– ha venido sufriendo, desde entonces, recurrentes fallas y paradas de servicio. Su producción estaría hoy en el orden de los 160.000 barriles diarios, cuando cuenta con capacidad para procesar hasta 650.000 barriles diarios; en tanto que Cardón –la segunda mayor refinería, ubicada en el mismo complejo– estaría produciendo 100.000 barriles diarios, muy por debajo de su capacidad de procesamiento de 310.000.

La nacionalización de la Faja Petrolífera del Orinoco, anunciada con bombos y platillos por Chávez en 2007, tampoco resultó ser la panacea que el gobierno esperaba. En principio, porque –tal como explica el ingeniero Hernández– la certificación de reservas por 272.000 millones de barriles se realizó sobre la base de un factor de recobro (porcentaje del crudo recuperable) del 20 %, cuando para ese tipo de petróleo el recobro a nivel internacional no supera el 9 %.

Se trata, como él mismo señala, de “un crudo extrapesado con un alto contenido de azufre y de metales, de una densidad de 10º API, al que hay que llevar a 14 o 15º API para que pueda ser procesado por una refinería, lo que constituye una limitación intrínseca del producto”. “Otra limitación que podría darle una estocada a la Faja del Orinoco –añade este analista– es la aparición de las lutitas (shale oil), un crudo liviano que se encuentra tanto en cuencas norteamericanas como en Vaca Muerta, en el caso argentino, que no tiene problemas para entrar en la refinería”.

Además, en el plano operativo, el proceso de reconversión de los antiguos contratos de “asociación estratégica” en “empresas mixtas” con mayoría accionaria de PDVSA ha producido una serie de contenciosos con empresas que no aceptaron las nuevas condiciones ofrecidas por el gobierno venezolano. Es el caso de la estadounidense ConocoPhillips, que acaba de ganar un arbitraje y ha logrado que se condene a Venezuela al pago de 2040 millones de dólares por la expropiación de sus activos en los proyectos Hamaca (actual Petropiar) y Petrozuata (actual Petroanzoátegui). ExxonMobil también ha entablado recursos en tribunales internacionales por la expropiación de sus activos en Cerro Negro (actual Petromonagas), aunque en marzo de 2017 el Centro Internacional de Arreglo de Controversias Relativas a Inversiones (CIADI) revocó una sentencia que condenaba al Estado venezolano al pago de 1400 millones de dólares.

En este contexto y en medio del aislamiento internacional que enfrenta el gobierno de Maduro, cobra especial relevancia el accionar de China y de Rusia, países que han conseguido, a través de sus petroleras estatales, hacerse con una significativa participación en la explotación y el mejoramiento del crudo extrapesado extraído de la Faja del Orinoco y se han convertido en los únicos aliados que le quedan a Venezuela entre las grandes potencias. La compañía rusa Rosneft controla hoy el 40 % de Petromonagas, en tanto que la China National Petroleum Corporation (CNPC) posee el 40 % del capital accionario de la Petrolera Sinovensa.

El ingeniero Hernández no duda en calificar la coyuntura de PDVSA como una “tormenta perfecta”, ya que “no cuenta con el crudo, no tiene el dinero y tampoco goza de acceso al crédito”. Al ser consultado por DEF sobre la acentuación de la crisis en los últimos tres años, responde: “Durante un tiempo pudo haber funcionado por inercia, pero una vez que se acabó esa inercia, la situación comenzó a deteriorarse y empezaron a caerse las plantas, los pozos y el declive se hizo más pronunciado”. No duda en atribuir la responsabilidad de esta grave situación a la decisión de Chávez, al llegar al poder en 1999, de convertir a PDVSA en la “caja chica del gobierno”.

“Hoy la empresa no tiene confiabilidad ni credibilidad porque la corrupción la mató”, lamenta este analista, quien considera que “la única manera de que la industria petrolera venezolana pueda recuperar posiciones es que la marca PDVSA deje de existir y se incentive al sector privado a invertir, con regulación estatal, pero ya sin participación del Estado en la producción”.