Por Judith Bergman (R).- En 2017, un informe de la policía sueca, Utsatta områden 2017 (Áreas vulnerables, 2017, conocidas comúnmente como “zonas de exclusión” o zonas sin ley) mostraba que existen 61 áreas de este tipo en Suecia. Abarcan 200 redes criminales, compuestas por una cifra estimada de 5.000 delincuentes. Veintitrés de estas áreas eran especialmente críticas: menores de tan sólo 10 años habían participado en delitos graves, incluidos delitos relacionados con armas y drogas. La mayoría de los habitantes eran no occidentales, inmigrantes principalmente musulmanes.

Un nuevo informe, “La relación con el el poder judicial en las áreas socialmente vulnerables”, del BRÅ (Brottsförebyggande Rådet), el Consejo Sueco para la Prevención de la Delincuencia, muestra que más de la mitad de los habitantes de estas áreas —alrededor de 500.000 personas— piensan que los delincuentes afectan a la vida de las personas en la zona, a las que asustan para que no comparezcan como testigos, no llamen a la policía, no se puedan mover libremente y no intervengan cuando presencian actos de vandalismo. Los vecinos temen las represalias de los delincuentes locales, no sólo contra ellos, también contra sus familiares.

Según el BRÅ, “el silencio se ha convertido en una norma establecida en ciertos grupos de habitantes” de estas áreas.

El nuevo informe señala también la existencia de sistemas legales paralelos. El 12% de las personas que viven en estas áreas declararon haber recibido presiones de familiares y comunidades religiosas para que no se pongan en contacto con las autoridades, y que en su lugar utilicen sistemas alternativos locales, como las mezquitas. A veces, las bandas criminales locales incluso les dicen a los residentes que las llamen a ellas, en vez de a la policía, para minimizar la presencia policial en la zona. Estos sistemas alternativos parecen manejar todos los delitos que tienen que ver con la “reputación” y el “honor”, pero también otro tipo de delitos, como el chantaje y el robo. Los asuntos sobre relaciones, incluidos el divorcio y la custodia de los hijos, también suelen ser gestionados por la mezquita local.

BRÅ indica que estos sistemas alternativos son a menudo “marcadamente patriarcales”, en detrimento de los derechos de las mujeres y los niños.

Desde 2005, cuando se publicó el último documento de este tipo, el BRÅ, responsable de elaborar las estadísticas de delincuencia en Suecia, se ha negado a hacer públicos los datos sobre la identidad étnica de los delincuentes. Sin embargo, el periódico sueco Expressen publicó hace poco que, en 32 de los casos relacionados con violaciones colectivas juzgados en 2016 y 2017, 42 de los 43 violadores eran migrantes o descendientes de migrantes; 32 habían nacido en el extranjero. Diez habían nacido en Suecia, con uno o dos progenitores nacidos en el extranjero. Los hombres tenían de media 21 años en el momento del delito, y 13 eran menores de 18.

Según Stina Holmberg, consejera de investigación del BRÅ, no hay una necesidad urgente de un nuevo estudio sobre delitos cometidos por migrantes, pese a que el último estudio de este tipo realizado por el BRÅ data de 2005. Lo que se necesita ahora, según Holmberg, es la “integración” de los migrantes, lo que a su juicio acabará con los delitos.

Según ella, 42 de los migrantes culpables de violación colectiva son una parte insignificante del total de los migrantes, respecto a los 163.000 que solicitaron asilo en 2015.

En febrero, Peter Springare, policía sueco, dijo que las violaciones colectivas eran un fenómeno cultural nuevo en Suecia, una consecuencia de los diez o quince últimos años de política migratoria.

“También hay suecos étnicos que participan en violaciones colectivas, pero no en la misma proporción que los delincuentes de origen extranjero”, dijo Springare. Por esas declaraciones, Springare fue denunciado a la policía, que anunció que llevaría a cabo una investigación sobre esos comentarios. La secretaria general del Colegio de Abogados sueco, Anne Ramberg, dijo que las declaraciones de Springare eran “casi racistas”. Si en Occidente se considera “objetable” hablar sobre las consecuencias fácticas de la migración, en Suecia se considera ahora un delito.

El Gobierno sueco, sin embargo, parece impertérrito ante el peligro de nuevos delitos de violaciones colectivas a manos de migrantes. Ha propuesto leyes que permitirán a 9.000 menores sin acompañante, en su mayoría varones —de los cuales aproximadamente 7.000 han resultado tener más de 18 años, y por lo tanto no son en absoluto menores—, a los que se les ha denegado su solicitud de asilo, y que deberían haber sido deportados, obtener permisos de residencia temporal en Suecia si tienen planes de ir al instituto o ya están matriculados en uno. Llamativamente, incluso a esos 9.000 cuyas identidades no se han verificado —presumiblemente porque carecen de documentos— se les permitirá quedarse.

Tanto la policía como los tribunales de migración suecos han criticado duramente esas leyes, especialmente porque rompen con la ley sueca, que exige a quienes quieran quedarse en el país que puedan identificarse claramente.

Suavizar esta exigencia reduce la capacidad de las autoridades suecas para saber quién está viviendo en el país.

En respuesta, el Gobierno ha alegado que la propuesta se hace para permitir a los 9.000 migrantes terminar o solicitar estudios secundarios, y que no tiene que ver con el asilo. Así que, de repente, resulta que los 9.000 migrantes varones no vinieron buscando asilo, sino para cursar estudios secundarios. ¿Quién lo sabía? La pregunta de por qué habría que admitir a hombres adultos de identidad incomprobable y de países extranjeros en los institutos suecos sigue sin respuesta. Se espera que el coste para el Estado sueco de permitir quedarse a esos 9.000 menores alcance alrededor de los dos millones de coronas [238 millones de dólares, casi 200 millones de euros] sólo en 2019.

El arzobispo de la localidad de Växjö, Frederik Modeus, ha dicho que Suecia debería “volver a introducir la posibilidad de obtener permisos de residencia en circunstancias especial y particularmente devastadoras”, y que Suecia debería considerarse a sí misma una “superpotencia humanitaria”: “Permitan quedarse a los jóvenes sin acompañante. No temporalmente, sino permanentemente”, dijo.

La mezquita de la localidad del arzobispo Modeus pidió recientemente permiso para anunciar públicamente sus llamadas a la oración por megafonía durante tres minutos, dos veces los viernes. Ya hay dos mezquitas en Suecia que anuncian públicamente sus oraciones los viernes, una en Botkyrka —que obtuvo el permiso en 2013— y otra en Karlskrona. El líder de la mezquita local, el imán Ismail Abu Helal, ha dicho que la llamada a la oración permitiría a los musulmanes integrarse mejor en la sociedad sueca. “Celebro la puesta en marcha y espero oír las campanas de ambas iglesias y las llamadas a la oración en nuestra ciudad”, dijo el arzobispo Modeus.

El primer ministro, Stefan Löfven, se negó a dar su opinión sobre el asunto de la llamada musulmana a la oración.

Dijo que “depende de la ubicación de la mezquita”, y que es una decisión que corresponde al gobierno municipal. En mayo, la policía de Växjö decidió permitir a la mezquita llamar a la oración cada viernes durante tres minutos. En su decisión, la policía declaró que se había basado en criterios de tráfico, orden público y seguridad. “No se ha tenido en cuenta ningún otro aspecto, como el contenido de la llamada a la oración. El arzobispo Modeus dijo que la decisión era sensata y que favorecería la integración”.

El tipo de “integración” que la mezquita de Växjö está al parecer extendiendo entre los habitantes musulmanes de la zona es instarles a no participar en las celebraciones navideñas de los “kafires” [un término despectivo para referirse a los “no creyentes”], y los judíos, por supuesto, son aludidos como enemigos de Alá. Las escuelas de la mezquita siguen el currículum escolar de Arabia Saudí, y animan a las mujeres a no vestirse con “ropas occidentales”, sino a enseñar a sus hijas a “vestirse decentemente desde niñas”.

Por lo tanto, parece cada vez más que será Suecia la que se integre en la cultura islámica. Hace poco, un tribunal sueco dictó una sentencia de acuerdo con los principios de la ley de la sharia, cuando el jurado —en el que había dos miembros musulmanes— decidió que una mujer que había sido violentamente maltratada por su marido no era de fiar porque venía de una “familia de clase más baja” que la de su marido, y que era “habitual” que las mujeres mintieran sobre el maltrato. El jurado también la reprendió por haber recurrido a la policía, en vez de resolver el asunto consultando a la familia de su marido maltratador. El caso provocó un escándalo en Suecia, y los dos miembros del jurado fueron posteriormente cesados.

En otro caso reciente, una sueca musulmana de 12 años fue llevada a la fuerza a Irak y obligada a casarse con su primo de 22 años, que según las informaciones la violó; tras volver a Suecia, dio a luz a gemelos. Su familia la obligó a volver a Irak para vivir con su “marido”. Su familia le quitó después los hijos a la fuerza, tras darle su consentimiento para divorciarse. Los niños siguen en Irak. El tribunal sueco le concedió a este hombre, un ciudadano iraquí, la custodia de sus gemelos, que ahora tienen 10 años.

*Imagen: Varios coches arden en el curso de unos disturbios registrados en un suburbio de Estocolmo el 20 de febrero de 2017. (Imagen: YouTube/gladbecker82).