Enrique Área Sacristán.- Según el exministro Serra se puede decir que 1977 es la fecha en que se inicia la transición española. Franco muere en 1975 y España va a encontrarse con una realidad de ejércitos distanciados de su entorno social, acostumbrados a intervenir en la vida pública, sobre dimensionados, infra- dotados de medios materiales, y sin la necesaria y adecuada eficacia operativa. Era necesario implantar un proceso de cambio y esto se consigue con el juego combinado de la atribución de misiones concretas a las Fuerzas Armadas-realizado en la Constitución de 1978 actualmente vigente, que es la Constitución de la democracia española-, y con la incardinación de las Fuerzas Armadas bajo la autoridad política del gobierno, que también es un principio constitucional.

Narcis Serra, ministro de Defensa desde 1982 hasta 1991

Tras las elecciones de 1982, se inicia un proceso de definición primero y de aplicación después, de una nueva política de paz y seguridad, de distensión de las Fuerzas Armadas, por el cual a partir de este momento la política de seguridad y defensa española y la actuación del Ministerio de Defensa van a caracterizarse por dos ideas: la de reformismo en el ámbito interno, y la de incorporación al mundo exterior, del cual España tiene vocación de formar parte luego de un período muy prolongado de aislamiento. Sobre esta base, afirma, el objetivo global de las políticas del gobierno socialista español descansa en unas cuantas ideas clave: la constitucionalización de las Fuerzas Armadas, la incorporación al mundo exterior, y la aplicación de diversos planes de modernización en las diferentes áreas de actuación más importantes, en lo que se refiera a definir el futuro de los ejércitos.

Narcís Serra y Felipe González, en la base de la División Acorazada Brunete

Se refiere por consiguiente a estas ideas claves, tomándolas como hilo conductor. Respecto de la primera, continúa, de lo que ha llamado constitucionalización de las Fuerzas Armadas, el elemento sustancial de todo este proceso lo marca la Constitución de 1978. Este es el hito más importante a destacar, y uno de los fenómenos más esenciales -sino el más esencial- de todo el proceso de transición que hemos vivido en España. La Constitución encarga determinadas misiones a las Fuerzas Armadas, que destaca incluso en su Preámbulo.

El artículo 8º ya abre la definición de las misiones de los ejércitos, que se concretan en la defensa de la soberanía e independencia de España, en la soberanía y defensa de su integridad territorial, y en la defensa del orden constitucional establecido. Para el ejercicio de estas misiones en el juego combinado de las diferentes disposiciones legales (Constitución, leyes orgánicas, leyes ordinarias y otras disposiciones de rango menor) se articulará un sistema de competencias basado en la separación entre lo civil y lo militar, propia de un sistema democrático. Ello quiere decir que son los órganos constitucionales quienes asumen las capacidades de dirección, mientras los órganos técnicos son quienes ejecutan desde una perspectiva de profesionalidad las órdenes que se les imparte.

Javier Solana.

Las consecuencias más significativas de este planteamiento, en su opinión, serían la neutralidad de los ejércitos frente a cualesquiera opciones políticas existentes, y la imposibilidad de intervención de las fuerzas armadas sin un previo requerimiento de la autoridad legalmente establecida. Según esto la dirección política de la defensa se atribuye al gobierno. Se distribuye entre el Presidente del Gobierno y el Ministro de Defensa, mientras que la función técnico ejecutiva se atribuye por un lado al Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD, figura que viene a ser el Jefe del Estado Mayor Conjunto), que aparece por primera vez en nuestra legislación real en 1984, con funciones de coordinación y empleo operativo de las fuerzas; y por otro lado, a cada uno de los Jefes de Estado Mayor de los ejércitos de tierra, armada y Ejército del aire, quienes dependiendo directamente del Ministro de Defensa, tienen la función de mantener instruido al Ejército que mandan.

Paralelamente va creándose una estructura que se consolida a medida que pasa el tiempo, de centros directivos con el rango de direcciones generales en el departamento, que son los responsables de la preparación, dirección, supervisión y control de la ejecución, de las diferentes políticas que en el Departamento vienen realizándose. Esta estructura está hoy consolidada, creemos, y no puedo detenerme más en ella, porque sería probablemente agobiante.

Quede por consiguiente la idea de que en el proceso, en el tiempo que va desde 1977 hasta 1989, pero fundamentalmente desde los primeros años de la década del 80, se configura un Departamento ministerial, estructurado de una manera análoga a cualesquiera otros departamentos ministeriales del conjunto de la alta dirección política española. En definitiva, se ha constituido un modelo constitucional de tratamiento de las fuerzas armadas, mejor dicho, del tratamiento de la política de defensa y de la política militar, que se conviene plenamente con los sistemas de los países de nuestro entorno y que podría incluso servir como ejemplo para alguna aplicación de carácter exterior.

Desgraciadamente entonces no se tuvo en cuenta que podían existir circunstancias que pusieran en peligro la Unidad de España, fruto de la estructuración en Autonomías especiales como Cataluña y Vascongadas, que pondrían en jaque el propio Sistema de Defensa Nacional y, por tanto, la posible aplicación de forma autónoma por parte de los Ejércitos del Artículo 8º y 30º de la Constitución que es al fin y a la postre el dilema final.

*Teniente coronel de Infantería y doctor por la Universidad de Salamanca