Pedro García Cuartango. El Gobierno de Sánchez está estudiando subidas de impuestos, entre las que figuran una tasa a la banca y un aumento de la fiscalidad al gasóleo. Como no se quiere decir abiertamente que esa mayor recaudación iría destinada a aumentar el gasto público, se justifica el nuevo gravamen a los bancos como una compensación por las ayudas que recibió el sistema financiero durante la crisis. En cuanto al gasóleo, se argumenta que el alza sería por motivos de lucha contra la contaminación. Naturalmente las dos justificaciones son falacias. Lo cierto es que esos incrementos recaerían sobre los consumidores al ser trasladados a los precios de los productos o los servicios de forma inmediata.

Aproximadamente, cerca del 80% de lo que recauda Hacienda cada año recae sobre los asalariados y las clases medias, sea a través del IRPF o sea a través del IVA. Y todas las subidas castigan a estos estamentos tanto porque son lo que más aportan como porque sus rentas están controladas por la Agencia Tributaria.

La conclusión que se puede extraer de nuestro sistema fiscal es que resulta perverso porque contiene numerosos agujeros que permiten eludir impuestos a las rentas más altas, a las empresas que operan en paraísos fiscales o a los gigantes tecnológicos como Google, Facebook, Amazon y Apple, mientras que Hacienda grava cada euro que los asalariados perciben en nuestro país.

La lógica con la que opera el Fisco es sumamente sencilla y coherente: sube los impuestos a quien no tiene posibilidad de eludirlos, sean directos o indirectos, pero es incapaz de perseguir fraudes como el de Cristiano Ronaldo, que ha pagado una cifra muy pequeña en relación a sus ingresos por derechos de imagen en el extranjero, tras haberse beneficiado de la prescripción que garantiza la ley.

Cristiano Ronaldo utilizó las Islas Vírgenes Británicas para montar una sociedad pantalla que ocultaba sus rentas. Pero podía hacerlo porque, entre otras razones, contaba con la ayuda de expertos. Lo mismo que han hecho miles de ciudadanos españoles, que han disfrazado sus ingresos en paraísos fiscales.

Más escandaloso todavía es el caso de compañías como Amazon, que facturó 11.400 millones de libras en Gran Bretaña el año pasado y pagó 1,7 millones, o sea, el 0,001% de su cifra de negocios. En España, estos gigantes apenas contribuyen a las arcas públicas porque sus beneficios son transferidos mediante un sistema de ingeniería contable a países de baja tributación.

En este contexto, la única alternativa de Hacienda es gravarnos a los que más pagamos y jamás hemos defraudado un solo euro. Somos piezas de caza segura y esto no es demagogia. Es la pura realidad, demostrable con los datos que la propia Agencia Tributaria elabora cada año. Yo siempre he defendido la necesidad de pagar impuestos por una cuestión de ética elemental, pero, como subrayaba Adam Smith, tienen que ser proporcionales, seguros y justos. En España, eso no sucede.