El Diario Oficial de la Generalitat (DOGV) publicó el pasado jueves el acuerdo de la Mesa de Les Corts por el que da luz verde a la convocatoria de la Oferta Pública de Empleo correspondiente a 2018. Una convocatoria que ya se vio envuelta en polémica tras el intento del presidente de la Cámara, Enric Morera, de incorporar el requisito lingüístico para el acceso a las 31 plazas ofertadas. Los grupos de la Cámara terminaron dejando a un lado la petición del máximo responsable de la institución, y acordaron seguir adelante con el acuerdo previo que habían acordado los representantes sindicales.

En concreto, se ofertan tres plazas de técnico superior de administración parlamentaria, una de técnico superior especializado (asesor lingüístico), dos de técnico medio de administración parlamentaria, dos de técnico superior especializado, cuatro de técnico medio especializado, tres de transcriptor/corrector, once de oficial de gestión parlamentaria, tres de ayudante de mantenimiento, una de telefonista y una de auxiliar de mayordomía.

El acuerdo publicado incorpora las condiciones del sistema de concurso oposición con el que se realizarán las pruebas, con una puntuación de la fase de oposición del 60% y de la del concurso del 40% del valor de la nota final.

Además, se incorpora la correspondiente baremación para puntuar la fase de concurso, en la que la experiencia se valora con 25 puntos y el resto de méritos con otros 15. Es en estos apartados en los que se constata la voluntad de la Cámara por reconocer de forma expresa el conocimiento del valenciano.

Tan es así que cuando se explica que se valorará la formación, las titulaciones académicas iguales o superiores a la exigida en la convocatoria, el conocimiento del valenciano y de idiomas, se especifica que «las titulaciones académicas oficiales, iguales o superiores a la exigida en la convocatoria, hasta un máximo de 4 puntos (excluyendo la necesaria para el acceso)». En cambio, se señala a continuación, el «conocimiento del valenciano» se valorará «hasta un máximo de 6 puntos».

Es decir, las titulaciones académicas, incluso las más altas, no alcanzan la valoración que recibe el conocimiento del valenciano. La conclusión se ve ratificada además porque en el resto de la baremación aparecen nuevos apartados que ponen en valor el valenciano. Dentro del apartado de méritos, la «capacitación técnica en valenciano» se valora con un máximo de 2 puntos. Es decir, aquellos aspirantes que sumen la máxima nota en el conocimiento del valenciano con la de esta capacitación técnica dispondrían ya de un total de ocho puntos, justo el doble de la valoración que se le da a una titulación académica.

La apuesta por poner en valor el conocimiento del valenciano en estas oposiciones se completa en la fase de oposición, que consta de 60 puntos. Para todas las categorías previstas -grupos A1, A2, C1 y C2- se prevén tres ejercicios (aunque en otro tipo de oposiciónes en la propia institución legislativa se han realizado hasta cinco pruebas). Y el tercero es, en todos los casos, un ejercicio «obligatorio, no eliminatorio» sobre valenciano, y que se valora con un máximo de cinco puntos.

La valoración que se le da al conocimiento del valenciano en esta oferta pública de empleo vendría a suponer, por la vía de los méritos, algo parecido a un requisito lingüístico, entendido éste como la voluntad del legislador de convertir el conocimiento del valenciano en la condición fundamental para el acceso a la función pública, en este caso del Parlamento valenciano.