La Audiencia Provincial de Zaragoza ha condenado a cuatro años de cárcel por 14 delitos contra la intimidad a Javier Valenzuela Recio, el exjefe de la oficina de Tráfico de la Policía Local de Zaragoza. Los magistrados han considerado probado que, durante meses, Valenzuela grabó por debajo de la falda a 14 compañeras en el despacho que ocupaba en el cuartel de La Paz.

Además de la pena de cárcel, la Audiencia también le ha impuesto seis años de inhabilitación absoluta para cualquier cargo público y 4.320 euros de multa. Valenzuela, tal y como pedía la acusación particular ejercida por la abogada Olga Oseira, también tendrá que hacer frente a indemnizaciones que suman 38.600 euros para reparar los daños morales causados a las víctimas.

Los hechos por los que Valenzuela ha sido condenado se remontan a 2016. Entre febrero y septiembre de ese año, cuando fue detenido por la Policía Nacional, el funcionario municipal grabó a sus compañeras de trabajo por debajo de la falda con bolígrafos espía que colocaba estratégicamente en la papelera de su despacho o camuflados en un bolso. Su forma de actuar era siempre la misma: a primera hora de la mañana y con cualquier excusa relacionada con el trabajo, el acusado llamaba a su despacho a sus compañeras y subordinadas, la mayoría auxiliares administrativas, que vestían ese día falda o vestido. Entonces, activaba los bolígrafos cámara y procedía a grabarles de cintura para abajo cuando se acercaban a su mesa o se sentaban. Posteriormente, archivaba las imágenes.

En el registro domiciliario que practicó la Policía tras su detención, los investigadores de la Policía Nacional encontraron en su ordenador y varios dispositivos de memoria extraíbles con 5.256 fotografías y 244 vídeos que contenían imágenes de la entrepierna de varias mujeres y su ropa interior, algunos de ellos archivados con el nombre de las mujeres seguidas de palabras como “culo”, “piernas” o “bueno”.

Durante el juicio, que se celebró a finales de mayo, el ahora condenado reconoció que había colocado dispositivos de grabación en su despacho, aunque alegó que con las grabaciones pretendía captar posibles intimidaciones que pudieran hacerle por su condición de responsable de tramitación de los expedientes sancionadores y multas.

“Lo hice para proteger mis intereses; tenía miedo de que los ciudadanos, compañeras de trabajo o los policías locales me pidieran cosas que yo no podía hacer como instructor del procedimiento”, declaró a preguntas de su abogado defensor, Rafael Hidalgo. Durante la vista oral, las forenses del Instituto de Medicina Legal de Aragón descartaron que fuera un enfermo mental y dictaminaron que exageraba sus trastornos.