La economía europea recobra vigor. La Comisión publicó ayer sus recomendaciones semestrales en un ambiente de optimismo solo matizado por las incógnitas que plantea el nuevo gobierno italiano y los partidos que lo respaldan. Pero Francia sale del procedimiento corrector del pacto de estabilidad porque ha consolidado su control del déficit y España lo hará -según las previsiones europeas- el año que viene en cuanto se confirmen los datos de este ejercicio.

Las previsiones para la economía española son halagüeñas, salvo por cuestiones que afectan casi en su totalidad al sistema autonómico. Aunque no lo dice con todas sus letras, cualquier conocedor del sistema político español que lea el informe publicado ayer se dará cuenta que los principales puntos que Bruselas dice que hay que reformar, como unificar el mercado, mejorar la educación o homogeneizar las ayudas sociales, dependen de las comunidades autónomas. Y la crítica más aguda hacia las últimas actuaciones del Gobierno, que es la subida de pensiones, tiene como origen la necesidad de contentar a un partido nacionalista autonómico, como el PNV, cuyos votos eran imprescindibles para aprobar el presupuesto.

La Comisión dice -a todos los países- que hay que aprovechar esta época de vacas gordas para hacer las reformas que mejorarán la competitividad y reducirán los riesgos del mañana. En el caso de España, desde luego señala a puntos concretos que llevan años enganchados en el debate político.

El informe dice, por ejemplo, que las empresas españolas tienen una «limitada capacidad» para innovar, por el desajuste del sistema educativo esencialmente en manos de las comunidades autónomas y que crea tanto personas sobreformadas como infraformadas. «Aunque ha mejorado en los últimos años, el índice de abandono escolar está por encima de la media de la UE» y «el pacto por la educación que pretende una reforma profunda de la enseñanza sigue en la fase de negociaciones», que es una manera discreta de decir que está más que muerto.

«Las diferencias regulatorias en el entorno de negocios juegan un papel importante en la disminución del crecimiento de la productividad» dice también el informe refiriéndose a la maraña de legislaciones autonómicas que han convertido el mercado español en un laberinto. «En el contexto actual, las disparidades regulatorias y las restricciones en el ambiente de los negocios contribuyen a mantener altos los costes, reducen la movilidad geográfica de las empresas y los trabajadores y restringen el crecimiento de la productividad». La Comisión se queja de que la ley de Unidad del Mercado «ha sido implementada solo en parte», debido a la oposición de las comunidades autónomas y por ello da pistas al Gobierno para que establezca estándares mínimos en los distintos sectores de actividad económica para homogeneizar la regulación.

El informe señala que existen problemas de homogeneidad hasta en el caso de las ayudas sociales. «El impacto de las transferencias sociales para reducir la pobreza que no son pensiones -dice- está por debajo de la media europea y sigue bajando. Los ingresos mínimos garantizados se caracterizan por las grandes diferencias en las condiciones de acceso en las distintas regiones y debido a la fragmentación en múltiples esquemas nacionales los distintos tipos de desempleados son gestionados por distintas administraciones, lo que tiene como resultado que muchos ciudadanos que lo necesitan no reciben ningún tipo de ayudas».

El principal reproche que se le hace al Gobierno, sin embargo, es el de haber subido las pensiones en este ejercicio, a pesar de que la cuantía de estas prestaciones «se encuentra entre las más altas de Europa». El informe dice que «las proyecciones del próximo informe sobre envejecimiento y adecuación de las pensiones de este año indican que las reformas de 2011 y 2013 ayudaron a asegurar la sostenibilidad y su adecuación a largo plazo. Sin embargo, los aumentos de las pensiones y el aplazamiento del factor de sostenibilidad propuesto durante la elaboración del proyecto de presupuesto de 2018 ponen en duda el compromiso de esas reformas».

Ese aumento de las pensiones, acordado para contentar al PNV, es lo que impedirá alcanzar este año el objetivo de reducción de déficit. Y por ello le costará a España una rebaja en la regla de gasto para el año que viene. Es decir que habrá que pagarlo de todos modos.