La Sociedad Española de la Obesidad (SEEDO) y la Sociedad Portuguesa para el Estudio de la Obesidad (SPEO) han elaborado un consenso que reclama que los tratamientos farmacológicos para la obesidad estén incluidos en el Sistema Nacional de Salud (SNS), puesto que, debido al alto grado de innovación y novedad de los mismos, no son accesibles económicamente para la gran mayoría de los pacientes.

De hecho, tal y como ha asegurado la secretaria de la SEEDO, la doctora Susana Monereo, durante la presentación del consenso este jueves, “sólo el 5 por ciento de los obesos tiene acceso al tratamiento farmacológico porque son los que tienen capacidad económica para podérselo financiar”. Esta circunstancia repercute de forma negativa directamente en los estratos sociales más desfavorecidos, donde además la obesidad es más prevalente.

Los fármacos para la obesidad actuales tienen un precio mensual que oscila entre los 100 y los 300 euros. Por lo tanto, la posibilidad de que este grupo poblacional pueda financiarse un tratamiento para la enfermedad, “que no es de tres semanas, sino crónico”, es mucho más “difícil”, ha indicado el coordinador del consenso, el endocrinólogo Albert Lecube.

Por otro lado, las opciones de tratamiento de la obesidad estaban hasta hace poco tiempo limitadas y se trataba de abordajes “muy extremos”, ha indicado Lecube. La enfermedad se abordaba con “un cambio de hábitos alimentarios y actividad física” y, “para las personas con mayor grado de obesidad, se recomendaba la cirugía bariátrica, pero sólo para un grupo reducido” de pacientes, ha continuado. Entre los dos extremos, se encuentran la mayor parte de los pacientes.

Concretamente, el 50 por ciento de los obesos de grado 2 y 3 no consigue tratarse de manera exitosa gracias a la dieta y al ejercicio físico. “La dieta y el ejercicio son sólo para las obesidades no extremas”, ha puesto de relevancia el presidente de la SEEDO, el doctor Francisco Tinahones.

Ambas sociedades han hecho hincapié, asimismo, en la necesidad de que la obesidad se considere una enfermedad como las demás y que, como tal, se trate como cualquier otra. Al menos uno de cada cuatro habitantes de la Península ibérica la padece.

Tal y como ha precisado la doctora Monereo, “no es una enfermedad de voluntad” y ha calificado de “sorprendente” que el 20 por ciento de la sociedad, que padece obesidad, no tenga acceso a un tratamiento farmacológico financiado por la Administración, aunque haya que poner “limitaciones” como al resto de patologías que sí están incluidas, ha dicho.

Una persona con obesidad tendría que medicarse para controlar los problemas por los que ha adquirido la enfermedad, como la incapacidad para controlar la ansiedad, o medicamentos que mejoren el gasto energético. Necesita, igualmente, fármacos para tratarse la hipertensión o la diabetes, ambas asociadas a la obesidad.

“Es posible que se plantee el tratamiento de la enfermedad con varios fármacos, como todas las enfermedades metabólicas”, ha matizado la secretaria de la SEEDO. El más eficaz actualmente es liraglutida, tal y como han precisado los expertos, que es “seguro” desde el punto de vista cardiovascular y provoca una gran pérdida de peso.
Por otro lado, el presidente de la SEEDO ha afirmado que ambas sociedades científicas ya tienen “cursada” una cita con la ministra de Sanidad, Carmen Montón, para oficializar su petición. Ha puntualizado que con la anterior ministra, Dolors Monstserrat, no llegaron a reunirse en ninguna ocasión.

“Los tratamientos de los que hablamos son relativamente recientes, por lo que el trabajo hay que empezar a llevarlo a cabo ahora”, ha insistido Tinahones, al tiempo que ha especificado que un fármaco en prueba tampoco puede financiarse por el sistema público, “pero que ya hay evidencia de la eficacia de los fármacos”.

Coste de la obesidad y coste de la inversión

La obsesidad está asociada a un coste sanitario “tremendamente importante”, ha explicado Tinahones. El 7 por ciento del mismo está asociado a la patología, pero si se tiene en cuenta el coste indirecto, la cifra aumenta, ya que la obesidad produce al menos 13 enfermedades graves, como la diabetes o diversos cánceres, como el de endometrio.

“Si la obesidad desapareciera de nuestro entorno, sus enfermedades asociadas también desaparecerían”, ha indicado el presidente de la SEEDO.

Durante la presentación del consenso, se ha hecho referencia al coste de la inversión que conllevaría la financiación pública de los fármacos para la enfermedad. Sin embargo, los expertos no han querido dar una cifra aproximada aludiendo a que este tipo de inversiones deben medirse “en beneficios y no en dinero”, tal y como ha asegurado la doctora Monereo.