Cayetano, en el coliseo balear

El Ayuntamiento de Palma ha enviado un escrito al abogado de Funciones Taurinas, Joaquín G. Moeckel, en el que le anuncia el inicio de un expediente sancionador contra dicha empresa por la presencia de menores en la corrida de toros celebrada el 27 de julio de 2017 en el Coliseo Balear. La sanción propuesta por el consistorio palmesano es de 1.001 euros, al considerar el equipo de gobierno municipal que en este caso se habría producido una infracción grave de la actual normativa autonómica.

Cabe recordar que en el presente mandato gobierna en Palma un tripartito conformado por el PSOE, la formación ecosoberanista MÉS y Podemos. El alcalde de la ciudad es el ecosoberanista Antoni Noguera, que hace un año relevó en el cargo al socialista José Hila. Por lo que respecta al Gobierno balear, lo preside en esta legislatura la socialista Francina Armengol, que cuenta con el apoyo de MÉS por Mallorca, MÉS por Menorca y Podemos.

El letrado de Funciones Taurinas ha criticado tanto la «forma» como el «fondo» del citado escrito del Ayuntamiento de Palma. En cuanto a la forma, Moeckel ha lamentado la presencia de diversas palabras mal escritas en castellano a lo largo de todo el texto. «Es vergonzante que para opositar en Baleares se exija hoy el catalán y que, al mismo tiempo, una administración del Archipiélago no sea capaz de expresarse correctamente en castellano, que es la otra lengua oficial de la Comunidad», ha denunciado.

Los escritos del Ayuntamiento de Palma se redactan habitualmente en catalán, circunstancia que favorece que cuando en ocasiones se escribe un texto en castellano o se traduce directamente del catalán aparezcan puntualmente diversos errores. Así ha ocurrido de nuevo en esta ocasión, en que el texto de la corporación municipal ha sido remitido en castellano. En la notificación recibida días atrás por Funciones Taurinas aparecen erratas de diverso tipo ya desde el mismo encabezamiento. Así, aparecen redactadas en catalán la fecha de registro del documento —«2 de juliol»— y la gerencia responsable del asunto —«Urbanisme»—.

Del mimo modo, aparece una errata cuando se hace referencia al departamento de «Seguridad de Establimentos» —sic—, que en realidad es el departamento de «Seguridad de Establecimientos». En el escrito municipal aparece otro error cuando se señala que Funciones Taurinas «dispone de un plazo de QUINZE —sic— DÍAS para formular alegaciones». Asimismo, se habla de la «sanción propasada» por la corporación, cuando en realidad debería de haberse dicho la «sanción propuesta».

En cuanto al fondo del asunto, Moeckel ha criticado que en el escrito del equipo de gobierno municipal se haga referencia a la «presunta comisión de un delito grave». El letrado ha recalcado que lo único que habría en este caso, si finalmente se pudiera demostrar, sería «una infracción» y «no un delito», por lo que ha lamentado que la corporación «confunda» ambos conceptos.

Críticas al Gobierno balear

Moeckel ha añadido que «el consistorio palmesano debería saber que la instrucción y la posible sanción por un supuesto delito dependen exclusivamente de los jueces y los tribunales, no de una administración local». Igualmente, ha considerado que es una posible incongruencia que el consistorio dé un plazo de 15 días a Funciones Taurinas para presentar alegaciones, mientras que al final del mencionado escrito se indica que «no procederá la interposición de recurso».

Por otra parte, a un nivel más general, Moeckel se ha mostrado muy crítico con el Ejecutivo regional con respecto a la actual normativa taurina, que demostraría que «algunos son “torquemadas” disfrazados de progres». En ese contexto, el letrado ha denunciado que en España «los progresistas defienden que una menor puede abortar sin el consentimiento de sus padres, mientras que al mismo tiempo sancionan el hecho de que un niño o una niña puedan ir con sus padres a ver un festejo taurino». Por último, ha indicado que «el Gobierno balear, más que ir a favor de la libertad, parece ser que va en contra de los toros».

La denominada ley de toros «a la balear», que fue aprobada en julio del pasado año y entró en vigor un mes después, no prohíbe expresamente los festejos taurinos en el Archipiélago, si bien establece que no se puede maltratar, herir o matar a las reses. Dicha ley se encuentra plenamente vigente en estos momentos, después de que el pasado mes de marzo el Tribunal Constitucional decidiera levantar la suspensión cautelar que había decretado contra esta norma cuatro meses antes.

Cabe recordar que el Órgano de Garantías había admitido a trámite el 28 de noviembre del pasado año el recurso presentado por el Gobierno central contra «determinados preceptos» de la ley de toros «a la balear». Sin embargo, como se ha señalado ya, en marzo el Constitucional optó por levantar esa medida, al entender que la Abogacía del Estado no habría argumentado de forma suficiente los motivos por los que debería de haber seguido en vigor la citada medida cautelar.