La Policía interroga a los testigos del doble asesinato perpetrado en la estación hamburguesa de metro de Jungfernstieg.

Por Stefan Frank.- En un aparente intento de barrer bajo la alfombra un reciente homicidio doble en Hamburgo (Alemania), las autoridades han censurado la historia. También han registrado el apartamento de un testigo que grabó un vídeo explicativo del asesinato, y de un bloguero lo publicó en YouTube.

El asesinato, que saltó a los titulares en todo el mundo, se produjo la mañana del 12 de abril. El atacante, Murtala Madu, un inmigrante ilegal de 33 años de Níger, apuñaló a su exnovia alemana, identificada como Sandra P., y a su hija de un año, Miriam, en una estación de metro de Hamburgo. La pequeña murió in situ; su madre murió después, en el hospital. El hijo de la mujer, de tres años, presenció los asesinatos.

Según la oficina del fiscal, Madu —que inicialmente huyó del lugar del crimen, pero después llamó a la policía y fue detenido poco después— actuó “por rabia y venganza”, porque el día antes del incidente el tribunal le había denegado la custodia compartida de su hija.

Después se supo que Madu llevaba meses amenazando a Sandra P. y el bebé. Un fiscal superior dijo a los periodistas que la policía había investigado las acusaciones de la mujer, pero había llegado a la conclusión de que las “amenazas no iban en serio” y no prosiguió con el caso.

Además, medio año antes, en octubre de 2017, un juez revocó una orden de alejamiento contra Madu que Sandra P. había logrado dos meses antes, sobre la base de que no veía “pruebas” de que Madu la hubiese amenazado. Ahí fue cuando aumentaron las amenazas de Madu y anunció explícitamente: “¡Voy a matar a nuestra hija, y después te mato a ti!”

Un detalle de los asesinatos que nunca se ha revelado oficialmente es que Madu intentó al parecer decapitar a la bebé. Este detalle lo mencionó un pasajero —el ciudadano ghanés Daniel J., cantante de gospel en una iglesia evangélica de Hamburgo— que llegó a la estación de metro momentos después del ataque y grabó la escena con su teléfono. En el vídeo, se puede ver a los policías interrogando a testigos, y a los paramédicos alrededor de lo que parece el cuerpo de la bebé. Daniel J. dice, en inglés: “Oh, Dios mío. Es increíble. Jesús, Jesús, Jesús. Le han cortado la cabeza al bebé. Oh, Dios mío. ¡Jesús!”.

Heinrich Kordewiner, bloguero de Hamburgo que descubrió el vídeo en la página de Facebook de Daniel J., lo subió a YouTube.

Unos días después, un equipo de fiscales del Estado y agentes de la unidad de cibercrimen de la policía de Hamburgo llegaron al apartamento de Kordewiner con una orden de registro y confiscaron su ordenador, su teléfono móvil y otros dispositivos electrónicos, supuestamente para encontrar “pruebas” del “delito”. Fue —y sigue siendo— acusado de subir el vídeo.

Kordewiner y su compañero de piso hablaron a Gatestone sobre el registro, que tuvo lugar a las 6:45 de la mañana; incluso registraron la habitación del compañero, al que supuestamente no afectaba la orden de registro.

“El policía dijo que también podía buscar tarjetas SD (Secure Digital)”, dijo el compañero de piso. “Mientras revolvían en los libros de mi estantería, insinuó que podía poner todo mi apartamento patas arriba. Me dijo que me calmara”.

Según la orden de registro, Kordewiner está acusado de haber “invadido la esfera privada” de la víctima asesinada, vulnerando el párrafo 201a del código penal de Alemania. El llamado “párrafo del paparazzi” —la ley impulsada por Heiko Maas (actualmente ministro de Exteriores), que como ministro de Justicia era responsable de la ley de censura de internet alemana— apenas conocida y rara vez aplicada, se aprobó en 2015. Entre otras cosas, prohíbe tomar fotografías que “muestren a alguien en una situación desesperada”. La ley, supuestamente dirigida a proteger a las víctimas de accidentes de tráfico de que las graben los espectadores curiosos, ya levantó mucha polémica cuando se debatió en 2014, y las asociaciones de periodistas la criticaron por poner en peligro la libertad de prensa.

Cuando el Parlamento alemán debatió la ley, uno de los diez expertos invitados a dar su opinión sobre el asunto fue Ulf Bornemann, director del área de “Odio e Incitación” de la fiscalía de Hamburgo. Vera Lengsfeld, exdiputada y miembro East German Civil Rights Movement, escribió en aquel momento que Bornemann era el único que aceptaba la ley con reservas: “¿Por qué deberían los datos de un supuesto incitador estar protegidos?”, dijo Bornemann según ella.

En un comunicado escrito, Bornemann celebró la ley de censura por enviar “un claro mensaje político de que el Gobierno está dispuesto a actuar contra los delitos de odio en las redes sociales”. Bornemann también fue parte del equipo que registró el apartamento de Kordewiner.

El motivo oficial del registro —una vulneración de los derechos de privacidad— es endeble. Sólo se ven los pies de la víctima en el vídeo, y además sólo un instante. Como apuntó el diario Hamburger Abendblatt, la grabación es “borrosa, está tomada desde lejos y no permite identificar a ninguna persona”.

Entretanto, la revista alemana Welt publicó en su página web un vídeo que muestra una grabación de cerca de la víctima, algo que no propició la intervención de los fiscales. La principal diferencia entre los dos vídeos sería el comentario verbal sobre la decapitación en el vídeo de Daniel J. La supuesta vulneración de los “derechos de privacidad”, por tanto, parece ser un pretexto.

La “decapitación”

“No vamos a hacer comentarios sobre este rumor”, dijo la fiscal Nana Frombach a Gatestone al ser preguntada sobre la decapitación. Lo único que estuvo dispuesta a admitir fue que la bebé había sufrido “graves heridas en el cuello”. Cuando Gatestone dijo que el párrafo 201a no se podía aplicar al vídeo en cuestión porque no mostraba la cara de nadie, respondió que eso “aún estaba por decidir”, y que el registro se basó en una “sospecha inicial”.

Este medio mencionó después que Kordewiner, en lugar de subir el vídeo de manera anónima (lo que le habría resultado fácil) lo había subido a su canal de YouTube, junto a su nombre completo y su dirección, lo que hace que el objetivo declarado de “encontrar pruebas” no sólo sea desproporcionado sino completamente innecesario. Frombach dijo que no tenía permitido “comentar los detalles de una investigación en curso”, pero podía “garantizar” que la orden de registro había sido “aprobada por un juez”.

¿Cómo puede un periodista, con esa censura, informar de las noticias? ¿Sería ilegal grabar la escena de un ataque terrorista? Frombach dijo que no podía “decir” si esto sería aún legal en la Alemania de hoy. “Sólo puedo juzgar casos específicos, no los que pertenecen al futuro”, dijo.

La web libertaria Achse des Guten (Alianza de los Buenos) fue el primer medio que informó del registro. Dos días después, el diario Hamburger Abendblatt escribió:

“El fiscal de Hamburgo persigue rabiosamente a un bloguero que ha publicado imágenes de la tragedia en Jungfernstieg […]. El registro se basaba en el párrafo 201a, una ley que el consejo de la prensa y las asociaciones de periodistas consideran problemático respecto a la libertad de información”.

El Abendblatt criticó el “redactado nebuloso” de la ley, y la “aún más nebulosa interpretación del fiscal”, diciendo que “la ley estipula que no se pueden tomar fotografías de personas en situaciones desesperadas. Sin embargo, la grabación por móvil no muestra a esas personas”.

Según el Abendblatt, fuentes “internas del aparato de seguridad” se “sorprendieron” por los registros en los domicilios del bloguero y de Daniel J. El fiscal del Estado que ordenó esos registros “se había afanado mucho en este caso”, dijeron dichas fuentes, y estaba “matando moscas a cañonazos […] es sorprendente lo rápido que se emitió la orden de registro, dados los grandes obstáculos a los que nos enfrentamos cada día, incluso cuando tratamos con delitos graves”.

En un comentario anexo, el director del Abendblatt, Matthias Iken, decía que el registro era “estúpido” porque “abona las teorías de la conspiración de los derechistas”. ¿Dónde empieza la prohibición? ¿Y dónde la paran?”, se preguntaba.

Mientras, el vídeo inculpado ha sido borrado de todas las webs alemanas y bloqueado para los visitantes alemanes en YouTube (aunque los alemanes pueden seguir viéndolo en las webs que están fuera del alcance de las autoridades alemanas).

Censura contraproducente

El plan de las autoridades era ciertamente censurar la noticia y mantener oculta la información sobre la decapitación, pero le salió el tiro por la culata. A causa de las informaciones sobre el registro, miles de personas han visto el vídeo, y cientos de miles se han enterado del chapucero intento de censura. Y lo que es peor para los censores en potencia: revelaron involuntariamente justo el detalle que querían ocultar a la opinión pública. El motivo es que la orden de registro —de la cual se entregó una copia a Kordewiner— ofrece un relato detallado de los asesinatos. Explica que Madu quería “castigar a la madre de la niña” e “imponer su exigencia de poder y propiedad”. Con “la intención de matar”, Madu, “de repente”, cogió “un cuchillo de la mochila que llevaba, apuñaló a la niña en la tripa y después le cortó casi completamente el cuello”.

La oficina del fiscal depende del gobierno estatal de Hamburgo, una coalición de los Socialdemócratas y el Partido Verde. El ministro de Justicia estatal, Till Steffen, es miembro del Partido Verde y ha sido durante años acusado de estar detrás de muchos escándalos en su ministerio. Entre ellos, los presuntos asesinos que tuvieron que ser puestos en libertad tras su arresto preventivo porque sus juicios se habían celebrado muy tarde. En 2016, Steffen impidió que la policía compartiera imágenes del terrorista del camión de Berlín, Anis Amri, que aún sigue suelto, por miedo a que compartir las imágenes de sospechosos de terrorismo yihadista pudiese incitar el odio racial.

Censura en el Parlamento

El gobierno de Hamburgo sigue intentando ocultar la decapitación. Esto se hizo evidente cuando, en mayo, diputados del partido antimigración Alternativa para Alemania (AfD) llevaron a cabo una investigación en el Parlamento sobre el registro de la policía y los detalles del caso de asesinato. Entre otras cosas, querían saber si la niña había sido decapitada. El Gobierno —desatendiendo su deber constitucional— se negó a responder. También censuró las preguntas tapando frases enteras. El periódico Die Welt señaló: “Que el texto de una investigación y las preguntas estén tapadas sin consultar” es algo “que no pasa casi nunca”.

Cuando Gatestone contactó a Alexander Wolf, uno de los diputados que realizó la investigación, para averiguar exactamente qué se había censurado, éste envió la solicitud original (las dos primeras páginas de la izquierda) así como la respuesta del Senado (páginas 3, 4 y 5) donde algunas preguntas habían sido parcialmente censuradas. Se había tapado cualquier indicio de decapitación que hubiese podido tener lugar, como el enlace al primer artículo que daba la noticia sobre la decapitación y el subsiguiente registro de la policía. Wolf dijo:

“En la sesión del comité interno, el senador de Interior y el fiscal responsable respondieron de forma muy evasiva a las reiteradas preguntas de nuestro portavoz, Dirk Nockemann, e imputó una falta de respeto [a la víctima del asesinato]. En mi opinión, esto pretendía generar indignación contra el interrogador en parte de los demás diputados. Al parecer, el senador quiere barrer el asunto bajo la alfombra”.

En contacto con los otros portavoces de los partidos de la oposición: Dennis Gladiator de los Demócrata-cristianos (CDU) y Anna von Treuenfels-Frowein del centrista Partido Libre Demócrata (FDP). Treuenfels-Frowein respondió: “Por supuesto que la opinión pública tiene derecho a la información. Pero para nosotros, como partido comprometido con el Estado de derecho, los derechos personales no acaban con la muerte. Por tanto consideramos que la decisión de tapar partes del interrogatorio es la adecuada. Ahora mismo, no hay ninguna necesidad de hacer públicos los detalles del crimen”.

Gladiator no respondió a las reiteradas preguntas.

Por qué la decapitación tendría que mantenerse en secreto nadie lo sabe. Lo que ha quedado claro es la facilidad con que las autoridades pueden censurar las noticias y castigar a los blogueros que difunden información no deseada.

Tienen una enorme caja de herramientas en forma de leyes a su disposición. No parece molestarles que la ley invocada en este caso estipule explícitamente que no se aplicará al “reportaje de acontecimientos contemporáneos”.

El fiscal del Estado, sin embargo, sostiene que este caso —del que se informó en Francia, la India, Pakistán, Sudáfrica y Estados Unidos, entre otros— no constituye un “acontecimiento contemporáneo”.

“Para el ministro de Justicia de Hamburgo —escribió el Abendblatt— el doble crimen pasional no debe ser de interés para la opinión pública”.