Narbona, en 2007, en un acto promocional de agua desalada

Un millón de botellines de 33 centilitros de agua desalada con un coste de un millón de euros se repartieron durante el verano de 2007 por la costa mediterránea para incentivar su consumo cuando ninguna de las desaladoras aprobadas con carácter extraordinario y de urgencia por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero estaban construidas. La propia ministra de Medio Ambiente de la época, Cristina Narbona, actual presidenta del PSOE, las repartió como reconoció en una entrevista a ABC: «¡Hicimos hasta botellitas de agua desalada que fui a repartir por la playa!».

Acuamed adjudicó cinco contratos a cuatro agencias de publicidad para unos servicios relacionados con el embotellado, el almacenamiento y la distribución en camiones frigoríficos de botellitas de agua de mar por las principales playas de la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía.

En los pliegos de bases para la contratación uno de los requisitos que debían cumplir era «desarrollar una actividad que guarde relación con el objeto del contrato», haciendo hincapié en que «el adjudicatario no podrá realizar la cesión o la subcontratación de una parte de los trabajos», aunque añadieron «sin la previa autorización por escrito».

Preguntado Acuamed por qué se otorgó el embotellado de agua a una agencia de publicidad y no a una empresa dedicada a esas funciones, como exigía el pliego. La empresa pública sostiene que no pueden «emitir opinión sobre los condicionantes de las decisiones que se tomaron en su momento, hace más de once años». Añaden que están «revisando la información que obra en su poder asociada a los contratos de servicios para acciones de comunicación y publicidad».

Los contratos los suscribió Joan Navarro, director de Relaciones Institucionales, con el visto bueno del director general, Adrián Baltanás, «personal que no se encuentra trabajando en Acuamed». Ambos aprobaron también las adjudicaciones a la agencia Crespo Gomar investigadas por la financiación irregular del Partido Socialista de Valencia durante las elecciones municipales y autonómicas del 2007.

Los contratos de las botellas de agua se adjudicaron a tres empresas. Pleno Impacto, una sociedad extinguida de Sevilla, cuyo objeto social era crear proyectos, ejecutar y distribuir campañas de publicidad, se benefició de dos contratos -uno de 58.000 euros y otro de 232.000 euros- para la distribución y almacenamiento en frío de 500.000 botellas de agua desalinizada y el servicio de embotellado y etiquetado de 356.000 botellas.

Mismo grupo

El representante de la sociedad, Enrique Martínez Leyva, también era consejero delegado de Plataforma Marketing y Publicidad, que se adjudicó un servicio para embotellar 500.000 botellas de 33 cl. antes del 31 de agosto de 2007 por 244.760 euros. Esto podría ser una anomalía al presentarse dos empresas vinculadas cuando las bases exigen la concurrencia de al menos tres distintas.

Por otro lado, Paralelo 37 Publicidad Málaga, también extinguida, se llevó los servicios de planificación, organización y distribución gratuita de 210.000 botellas y material divulgativo en las costas de Murcia y Andalucía por 203.000 euros. Su objeto social era la radiodifusión.

Solo en una ocasión se presentaron tres empresas distintas para optar a la distribución gratuita de 290.000 botellas de agua desalinizada por 226.200 euros. El contrato fue para Ensuma Congresos de Valencia.

Analizando los pliegos, se da la circunstancia que se envasaron 500.000 botellitas ese verano y se distribuyeron más de 1.000.000 a cambio de 960.248 euros. El 75% del agua procedía de una planta que no pertenece a Acuamed, la desaladora de San Pedro del Pinatar (Murcia). El resto, de ríos y manantiales. Acuamed gastó casi 18,5 millones de euros en propaganda de las desaladoras durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.