Jorge Ventura (R).- La Fundación Secretariado Gitano, la Unión Romaní, Federación Andaluza de Asociaciones de Mujeres Gitanas-Fakali Amuradi, Fagex (Federación de Asociaciones Gitanas de Extremadura) y la Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Gitanas-Kamira recaudan el 90 por ciento de los fondos públicos destinados al desarrollo del pueblo gitano.

El pueblo gitano tiene poco que celebrar. Cuarenta años de democracia apenas han servido para aflorar un puñado de ejemplos individuales y algunas promociones personales. El furgón de cola de la sociedad sigue siendo el romaní, a pesar de los esfuerzos presupuestarios para sacarlo de la postración. Un Informe independiente acusa como causa de la situación a la apropiación y a la malversación de una cantidad indeterminada que se eleva a miles de millones de euros en subvenciones.

Una minoría cuyo 80 por ciento está desempleada y el 79 por ciento amenazada de exclusión laboral, un 54 por ciento sufre pobreza severa y un 75 por ciento se considera excluida socialmente y el 95 por ciento de sus menores son víctimas del abandono escolar es, obviamente, un grupo social marginado y en peligro de colapso. Sin embargo, tanto los Gobiernos españoles como la Unión Europea han destinado a lo largo de estos años una importante suma de dinero destinada a paliar e incluso a terminar con esta intolerable situación de la población gitana de España, donde reside la segunda población gitana más numerosa de Europa, después de Rumanía.

Un informe demoledor contra las ONGs Gitanas

¿Por qué no ha sido así? Según el informe Funcionamiento y Organización de las llamadas ONGs Gitanas en Andalucía, Gestión de Fondos Públicos y Situación Socioeconómica del Pueblo Gitano, del Observatorio de la Ciudadanía Contra la Corrupción -en el que han participado otras organizaciones como Observatorio de Subvenciones de Andalucía, Plataforma Ciudadana por la Democracia y Transparencia, Andalucía por la Enseñanza Pública y Foro Ciudadano para la Participación Democrática de Sevilla-, por la “serie de irregularidades, según nuestro criterio, que se han venido produciendo por parte de las llamadas organizaciones gitanas aprovechando la falta de control de las administraciones públicas, dando así visibilidad a la mala gestión de fondos públicos que parecen haber servido para que los miembros dirigentes de las ONGs y familiares disfruten de un alto nivel económico, mientras la bolsa de pobreza en nuestra Comunidad (Andalucía) y posiblemente en otras, de las personas de etnia gitanano ha tenido ningún cambio a pesar de las importantes partidas económicas desembolsadas”.

Según este informe, las ONGs que actúan en la población gitana no sólo no cumplen los requisitos legales exigidos para recibir subvenciones sino que los órganos de las diversas administraciones encargados de recabarlos no cumplen escandalosamente con los deberes que impone la Ley para otorgar dichas ayudas y subvenciones.

El resultado es que “la actual situación de emergencia social del pueblo gitano no tiene relación con las inversiones millonarias que desde las Administraciones Públicas se han entregado a las entidades llamadas gitanas, recursos económicos que no parecen haber llegado a su destino, pues ningún efecto positivo se ha producido sobre la situación social de las personas a las que presuntamente iban dirigidas, paralizando la trasformación social y condenando a la pobreza a miles de familias gitanas que a diario se ven obligadas a rebuscar en la basura o ejercer actividades que les impiden vivir dignamente”.

La Fundación Secretariado Gitano, ha gestionado “cerca de 200 millones de euros de fondos europeos
Las contradicciones entre las ONGs y las Administraciones no contribuyen a dibujar una imagen nítida de la situación: la secretaria general de Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, Ana María Rey, sostiene que el 70 por ciento de familias gitanas de la Comunidad -en la que residen unos 350.000 gitanos, prácticamente la mitad de los que viven en España-, vive en una “situación de absoluta normalidad”, mientras que el director de la Fundación Secretariado Gitano, Isidro Rodríguez, aunque admite que, en comparación con el resto de Europa, el progreso de la comunidad romaní en España ha sido mejor -y destaca “el papel fundamental” de la vivienda como “uno de los motores para la transformación” del colectivo-, tiene que reconocer que tres de cada cuatro familias gitanas están por debajo del umbral de la pobreza, y que el 54 por ciento se encuentran en situación de exclusión severa.

Pero el informe señala precisamente a esta Fundación como una de las que podrían haber malversado los fondos recibidos de las Administraciones españolas y de los Fondos Estructurales de la Unión Europea FEDER-Fondo Social Europeo. Desde el periodo 1989-2000 la Fundación Secretariado Gitano, ha gestionado “cerca de 200 millones de euros de fondos europeos” solamente a través de planes para empleo, programas de Escuelas Taller, Casas de Oficios, programa Acceder y plan FIP… Sin embargo, la UE estima que el 90 por ciento de la juventud gitana española ni trabaja ni estudia.

En cambio, señalan las ONGs autoras del informe, la Fundación Secretariado Gitano dispone de un patrimonio inmobiliario muy importante en España y en otros países siendo, una organización sin ánimo de lucro.

Miles de millones de euros en manos de unos pocos

Junto a esta Fundación señalan a la Unión Romaní, Federación Andaluza de Asociaciones de Mujeres Gitanas-Fakali Amuradi, Fagex (Federación de Asociaciones Gitanas de Extremadura) y la Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Gitanas-Kamiracomo las entidades que recaudan el 90 por ciento de los fondos públicos destinados al desarrollo del pueblo gitano. Cifran estos fondos en miles de millones de euros, que, salvo rubros concretos, se confiesan incapaces “de cuantificar sin la elaboración previa de un registro donde todas las administraciones aporten los datos de subvenciones entregadas en el tiempo de plazo que se determine”, pues acusan de falta de transparencia tanto a las administraciones que los satisfacen como a las organizaciones que los reciben, pues uno de los requisitos legales que incumplen, entre otros de los establecidos, es, precisamente, la condición de realizar una auditoria externa anual.

Las acusan también de nepotismo: “Es habitual que sean varios familiares de primer y segundo grado quienes ocupen cargos de responsabilidad con sueldo a cargo de las mismas” y a “las administraciones públicas que no realicen control de ningún tipo sobre el uso finalista de los fondos públicos dedicados a erradicar la extrema pobreza, sin que ningún organismo sepa responder, ni exista información pública al respecto, si lo que llega a las actuaciones concretas para erradicar la pobreza es el 90 por ciento o el 9 por ciento del total de la cantidad subvencionada, y en sentido contrario, ningún organismos sabe si de dichas entidades nacidas para gestionar fondos destinados a erradicar la pobreza extrema, se gasta en sueldos de empleados (la mayoría familiares) viajes, dietas, alquileres, etc. el nueve o el 90% de las subvenciones recibidas”, mientras que, por el contrario, “análisis e informes de empresas independientes señalan que los varios miles de millones de euros invertidos no han producido prácticamente ningún resultado de mejora sobre las personas a las que iba destinadas”.

Pedro Puente, el sacerdote y presidente del Instituto de Cultura Gitana, y Diego Fernández, su director; Isidro Rodríguez, director de la Fundación Secretariado Gitano; Juan de Dios Ramírez Heredia, presidente de la Unión Romaní; Beatriz Carrillo de los Reyes, presidenta de Fakali-Amuradi, y Antonio Vázquez, presidente de Fagex, son los responsables principales señalados en el informe del Observatorio de la Ciudadanía Contra la Corrupción.

Y termina solicitando a “cada organización, institución o Administración Pública que tenga alguna relación con las subvenciones concedidas, o los organismos y entidades que tengan responsabilidad en el buen uso de las mismas, inicien las gestiones oportunas sobre las circunstancias señaladas en el presente Informe y adopten las medidas correctoras que fueran precisas, así como la depuración de responsabilidades de cualquier tipo que pudieran derivarse del conocimiento exacto de los hechos”. Así como que se realicen auditorías a todas las entidades recipiendarias de fondos nacionales y europeos y se investiguen públicamente el destino dado a los recursos públicos recibidos”.