Oxfordshire, Inglaterra. (Imagen: Pixabay)

Por Douglas Murray.- Desde el arresto de Tommy Robinson el 25 de mayo, las general e incorrectamente llamadas “bandas asiáticas de acosadores sexuales de menores” han vuelto a aparecer en las noticias. Esto ha reavivado el debate sobre si las víctimas están recibiendo justicia y si los delincuentes se están enfrentando a ella.

En todo esto se está pasando por alto al menos un elemento clave. ¿Qué precio han pagado, están pagando o podrían pagar en alguna fase todos esos funcionarios públicos que por activa o pasiva han permitido que continúen estas atrocidades de nuestro tiempo, sin hacer nada por detenerlas? Los policías, políticos, personal de ayuntamientos y otros que han demostrado su fracaso una y otra vez. Nunca han sido sentenciados a prisión por sus descuidos, y puede que nunca se pueda emprender acciones penales contra ellos (ni siquiera por negligencia criminal). Vale la pena preguntar, sin embargo, si la vida o carrera profesional de estas personas se ha visto alguna vez remotamente afectada por no haber combatido uno de los mayores males que han ocurrido en Gran Bretaña. Se trata de la violación masiva de jóvenes a manos de adultos movidos por (entre otras muchas cosas) el racismo, la religiosidad, la misoginia y el desprecio de clase.

Tal vez la carrera de una funcionaria pública tras los abusos sexuales ayude a explicar esa cuestión. Se llama Joanna Simons. En 2013 era la directora ejecutiva del consejo del condado de Oxfordshire. Tuvo un papel central en el programa de “atención” del consejo durante casi una década: es decir, durante el periodo en que tuvieron lugar las múltiples violaciones a las jóvenes de la zona (posteriormente investigadas bajo el nombre “operación Bullfinch”). La barbarie, cometida por lugareños de origen llamado erróneamente “asiático”, incluía marcar una “M” en el cuerpo de las chicas. El agresor se llamaba “Mohamed”, y el tal Mohamed quería que la gente supiera que la chica le “pertenecía”, que era de su propiedad.

Otras, de entre los cientos de víctimas, padecieron un abuso igualmente espantoso. Una serie de víctimas estaba bajo el cuidado de las autoridades locales. Entre las historias que se conocieron en la causa judicial de 2013 en el Old Bailey, estaba el de una chica al que un grupo de hombres drogó y violó. La joven logró escapar y parar un taxi que la llevó al centro asistencial donde vivía. El personal del centro se negó a pagar la tarifa del taxi, así que el conductor se la llevó al lugar de donde había escapado, donde la banda la volvió a violar. Esto no es una pesadilla sucedida en una tierra remota, ni siquiera en una localidad de las del norte de Inglaterra, adonde los medios londinenses rara vez llegan, sino una historia que ha tenido lugar en el frondoso Oxfordshire. Las familias de algunas de las víctimas contaron que habían intentado repetidas veces dar la voz de alarma sobre lo que estaba pasándoles a sus hijas, pero que les cerraron todas las puertas del Estado en la cara.

Después de que algunos detalles como el de arriba se conocieran en el juicio penal en el Old Bailey, Simons hizo un vídeo, que el consejo del condado de Oxfordshire publicó después en internet. En los últimos cinco años, menos de 2.000 personas han visto esta disculpa de 48 segundos. Pero merece un público más amplio. En él, la señora Simons mira a la cámara y pide disculpas a las personas a las que ha fallado el consejo, lo que dice muchísimo sobre la actitud que ha imperado durante años en Gran Bretaña. Desde el principio hasta el final, todo es equivocado. Su tono y su contenido sugieren que Simons se está disculpando por un retraso en la recogida de basuras, o en el vertido de sal sobre la carretera durante las inclemencias meteorológicas. Nada en él se ajusta a los terribles hechos que se han producido en el frondoso, adorable y onírico Oxfordshire bajo su responsabilidad.

Cuando Simons apareció después en Newsnight de la BBC, se enfrentó a las excelentes preguntas de Emily Maitlis. Simons respondió diciendo no sólo que, de nuevo, lamentaba mucho el colapso de los servicios públicos, sino que también dio el tranquilizador mensaje de que ella y sus compañeros del consejo “han aprendido mucho”. Cuando Maitlis le preguntó a Simons si pensaba que debía dimitir, Simons repuso: “Me he hecho a mí misma preguntas muy difíciles”, pero “no voy a dimitir porque he determinado que tenemos que hacer todo lo posible por tomar medidas para erradicar esto”. Cuando Maitlis le preguntó a Simons si dimitiría si las víctimas o sus familias pensaran que debía hacerlo, Simons salió con una de esas bonitas evasivas políticas de no responder ni remotamente a la pregunta, diciendo por tanto (más alto que si lo hubiese dicho realmente) que no tenía ninguna intención de dimitir aunque todas las víctimas y todas las familias le pidiesen que lo hiciera.

Tal vez había otros motivos por los que quería mantenerse en el cargo. En el momento en que se conoció la operación Bullfinch, Simons estaba recibiendo un salario anual de más de 196.000 libras, sin incluir otros beneficios. Para darle algo de contexto, el salario medio anual en Reino Unido se sitúa en un poco más de 27.000 libras. El salario anual que recibe el primer ministro de Reino Unido por dirigir el país se establece en poco menos de 150.000 libras al año. Así que por sus molestias en el consejo del condado de Oxfordshire, Simons estaba recibiendo un salario considerablemente más alto que el del primer ministro y que sextuplica el salario medio nacional.

Aunque resistió la presión para que dimitiera en 2013, los acontecimientos siguieron su rumbo. Una revisión de todo el caso concluyó que los trabajadores sociales y la policía habían tenido conocimiento de los abusos de cientos de chicas en Oxfordshire desde 2005 pero no los habían investigado y ni siquiera los habían registrado como delitos penales.

En 2015, el consejo del condado de Oxfordshire decidió eliminar el puesto de Simons, aparentemente para ahorrar dinero. La decisión, tras algunos rifirrafes internos, se revocó. Simons acabó dejando el cargo en 2015, cuando el consejo le pagaba un salario que ascendía a las 259.000 libras. Esto, puesto de nuevo en contexto, es superior al precio de una vivienda media en Reino Unido. Así que la inversión que la mayoría de los ciudadanos británicos se pasan pagando durante toda su vida laboral podría haber quedado cubierta con el botín de Simons de un solo año.

Mucha gente podría asumir que esa persona no volvería a aparecer en público, o que se quedaría con lo que ha ganado y desaparecería. Pero Oxfordshire no perdió de vista a Simons por mucho tiempo. El pasado julio, la organización que promueve el turismo en la zona, “Experience Oxfordshire”, anunció que Joanna Simons iba a ser la nueva presidenta de su junta directiva. En el comunicado de prensa que anunciaba su nombramiento se citaban las palabras de Simons sobre su experiencia en el consejo del condado de Oxfordshire para justificar su cualificación para el cargo. También dijo lo mucho que estaba deseando “ayudar a promover el maravilloso lugar que es Oxfordshire para trabajar, visitar y vivir”. El expresidente de la junta directiva, un tal Graham Upton, declaró que Simons aportaba “una rica experiencia” al puesto.

Simons es sólo una persona, una de las muchas en Reino Unido que durante años hizo la vista gorda a las violaciones masivas de jóvenes en su área. Pero por supuesto, estas personas no están en la cárcel. Rara vez son vilipendiadas o incluso mencionadas en la prensa nacional. Nadie les ha puesto la vida patas arriba. No han sido procesadas en casa ocasión. En su lugar —si Joanna Simons nos sirve de orientación— han podido agachar la cabeza brevemente, hacer dinero y después venirse arriba otra vez. Si Gran Bretaña quiere corregir la deshonra de su cultura de “bandas de abusadores de menores” debería empezar por cambiar la proporción entre riesgo y recompensa de quienes identifican estos crímenes monstruosos y de quienes se ha demostrado que los han encubierto.