Deshacer el camino andado es misión del nuevo equipo económico, que en la agenda tiene marcado en rojo revertir dos de las grandes reformas del anterior Gobierno de Mariano Rajoy: pensiones y laboral. Entre los objetivos que tiene Pedro Sánchez está sacar adelante la reforma de la Financiación Autonómica y dar un lavado de cara a un Ministerio tradicionalmente de Energía, que, de la noche a la mañana, se ha convertido en «verde». Pactar con los barones será, por tanto, un reto, como también cumplir con el déficit, con un programa que abre las compuertas del gasto y la veda para subir los impuestos. Llegarán para la banca, a la economía digital y para las rentas del trabajo -más de 150.000 euros- y del capital. Políticas para reindustrializar España, más facilidades para alquilar una vivienda, avanzar en la unión bancaria y construir la unión fiscal están en el programa socialista.

Trabajo, Migraciones y Seguridad Social: Impuestos para costear las pensiones y un vuelco laboral

Dar estabilidad al sistema de pensiones es el principal desafío del Gobierno. El déficit de 18.800 millones presiona para encontrar soluciones que apuntalen un sistema que adolece de ingresos y padece aumento constante del gasto. Será clave que el nuevo Gobierno recupere el consenso en el Pacto de Toledo, donde el PSOE tendrá que hacer valer ahora como Gobierno su propuesta para volver a revalorizar las pensiones con el IPC y la puesta en marcha de un impuesto del 8% de la base imputable del Impuesto de Sociedades a la banca para financiar las alzas. La supresión del Factor de Sostenibilidad que ha defendido el PSOE no parece tan acuciante, teniendo en cuenta que los Presupuestos de 2018, que el presidente del Gobierno ha dicho que ejecutará, ya han retrasado hasta 2023 la entrada de este Factor, que liga la cuantía de las pensiones a la esperanza de vida, el pilar de la reforma de Mariano Rajoy. Tumbar la reforma laboral de 2012 ha sido una obsesión del PSOE los últimos años. Sánchez, sin embargo, descartó derogarla por los efectos indeseados sobre el empleo. Sí se esperan retoques que frenen la temporalidad en el empleo o recentralizar la negociación colectiva para que el convenio de empresa deje de tener primacía sobre el de sector. Así, se evitarán los descuelgues que muchas empresas utilizan para rebajar salarios y se presionaría al alza sobre los sueldos. Aumentar la protección por paro a los mayores de 52 años y a los parados de larga duración es también objetivo.

Fomento: Un parque público de 20.000 viviendas para el alquiler

La vivienda tendrá «un papel central como política pública». Así lo detalló el PSOE en su último programa económico, en el que criticaba el Plan de Vivienda aprobado en marzo por el Partido Popular y prometía la creación de un parque público de 20.000 inmuebles destinados al alquiler en cuatro años y otros 32.000 rehabilitados en el mismo periodo . Todo ello para combatir la escasez de oferta en las grandes ciudades, un factor que según los expertos explica en gran parte el repunte del precio del alquiler.
Con este mismo fin, el partido socialista registró hace escasos meses una proposición de ley en el Congreso que proponía reformar de nuevo la ley de arrendamientos urbanos (LAU), ampliando de tres a cinco años el periodo mínimo de los contratos del alquiler y ofreciendo desgravaciones fiscales de hasta el 100% para propietarios.

Está por ver qué posición toma Ábalos en otros aspectos de suma importancia para su departamento, como las autopistas de peaje. Hay que tener en cuenta que en los próximos años vencen un buen número de concesiones de carreteras, la mayoría en manos de Abertis. Todo dependerá de si el Gobierno aboga por renovar estos contratos o, como reclama Podemos, opta por administrar los peajes.

En el lado de los retos del Ministerio, destaca la relicitación de las autopistas de peaje, que tendrá que llevarse a cabo en breve para limitar el impacto que tendrá su rescate en el déficit público.

Economía: De la agenda europea a Bankia y la reforma de los supervisores

La elección de una eurofuncionaria como Nadia Calviño como ministra de Economía deja entrever que en la agenda de este departamento tendrán gran peso los asuntos europeos, como pelear por los fondos que recibirá de los futuros Presupuestos de la UE y defender los intereses españoles en los próximos pasos que se dé en la construcción de la arquitectura de la Eurozona.

El programa socialista es ambicioso en esto, y apunta a avanzar en la unión bancaria y a construir una unión fiscal. El PSOE quiere reforzar la lucha contra el fraude y la elusión fiscal a escala europea creando listas negras de compañías defraudadoras, asegurar que los beneficios empresariales se graven donde se generan y lograr una mayor armonización. En materia bancaria peleará por un Fondo de Garantía de Depósitos común.

El Ejecutivo popular dejó sin ejecutar una reforma de los organismos supervisores que también figura en la agenda de Sánchez, que comparte la idea de dividir la CNMC en un organismo regulador y otro de competencia. Además, quiere revisar cómo se nombran sus altos cargos, sometiendo las vancantes a oferta pública y evaluando los aspirantes en un comité asesor.

Calviño tendrá que decidir el calendario de privatización de Bankia. Si quiere hacerlo recuperando el máximo posible de las ayudas podría prorrogarla, pues el precio actual en Bolsa no lo garantiza. El Gobierno prevé además revisar el papel y las líneas de crédito del ICO, y deberá además dar un impulso a directivas pendientes como la ley hipotecaria y la de mercados financieros (Mifid II).

Hacienda: El reto de cumplir con el déficit y pactar con los barones

Las tareas de la nueva ministra del ramo, María Jesús Montero, se dividen entre el corto radio y el largo aliento. Los Presupuestos marcan la agenda más urgente: garantizando la aprobación de los de 2018 y posteriormente aprobando el techo de gasto para los de 2019, que debe estar listo para antes de agosto. Aquí tendrá la primera prueba de fuego sobre la consistencia de sus apoyos parlamentarios con un ojo a Bruselas y el cumplimiento del déficit. Si supera este puerto de montaña, Montero deberá aprobar el impuesto a la economía digital que el Gobierno dejó en el horno y debería entrar en vigor a finales de año para ingresar 600 millones dedicados a pagar el alza de las pensiones. El PSOE planeaba para 2019 aprobar dos impuestos a la banca para recaudar 1.800 millones. Y elevar el IRPF para rentas mayores a 150.000 euros, igualarlo en rentas del trabajo y del capital en tramos superiores para ingresar 1.900 millones. A ello se suma un tipo mínimo del 15% en Sociedades (4.000 millones). El PSOE buscaría elevar el nivel de ingresos del 38% al 42% del PIB para hacer lo propio con el gasto. Sin embargo, la tarea central de Montero y lo que explica su nombramiento es lograr reformar la financiación autonómica. Su posición en Andalucía era una de las centrales: opuesta a quitas pero abierta a reestructuración de deuda; partidaria de la armonización y de dotar con 16.000 millones en recursos a las regiones. Con cinco presupuestos negociados, Montero es experta en tender puentes. Esta vez, con partidos y barones, los frentes se multiplican.

Transición ecológica: Apuesta por las renovables y fijar el final de las nucleares

Teresa Ribera se encontrará con un sector energético muy convulso por las decisiones adoptadas por su antecesor, Álvaro Nadal, que ha conseguido algo tan difícil como enfadar a todo el mundo en muy poco tiempo. Uno de los primeros desafíos de esta reconocida ecologista será ampliar los objetivos de reducción de emisiones contaminantes a través del crecimiento de las energías renovables para cumplir con los niveles exigidos por la Unión Europea. En este asunto es una experta, ya que fue secretaria de Estado de Cambio Climático durante el segundo Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

En paralelo, quiere fijar un calendario para el cierre progresivo de las centrales nucleares cuando cumplan los 40 años de vida útil, situación que se dará a partir del año 2023, así como la desaparición de las centrales de carbón.

Sobre las renovables, deberá decidir si mantiene o mejora la denominada rentabilidad razonable de estas instalaciones, que sufrió un espectacular recorte con las reformas del Gobierno del PP. Otra cuestión que exige el sector eléctrico es la supresión de los impuestos creados por el anterior Ejecutivo. Lo que se da por descontado es que desaparecerá el llamado «impuesto al sol» que impide el autoconsumo en los edificios.

Teresa Ribera desea también alcanzar un pacto de Estado sobre la energía que esté al margen de cualquier gobierno y queda por ver si asumirá todas las recomendaciones de la comisión de expertos sobre la transición energética que creó Álvaro Nadal, como el incremento del impuesto al gasóleo.

Industria: Atraer talento, I+D y empleo de calidad

El PSOE quiere implantar políticas que impulsen una reindustrialización de España «entendida en un sentido moderno que incorpore actividades económicas amplias y procesos productivos basados en el impulso a la innovación tecnológica». Para el Gobierno de Sánchez, reindustrializar es concentrar en las empresas todas las mejoras disponibles para que eleven su productividad y competitividad y supone la mejor garantía para atraer talento e I+D, desarrollo y diseño tecnológico y empleo de calidad.

Reyes Maroto intentará cumplir con el objetivo de la Estrategia Europea 2020 de aumentar al 20% el peso del sector industrial en el PIB.

Agricultura: El recorte de la PAC en un 5% exigirá ser más competitivo

La agricultura será uno de los sectores más damnificados del primer presupuesto pos-Brexit debido a la supresión del cheque británico. España recibirá en conjunto un 5% menos de fondos: un 3,5% en ayudas directas y un 15% en desarrollo rural. Los recortes que deberán abordar 23 de los 27 Estados de la UE obedecerán a una distribución más equitativa en función de estrictos criterios medioambientales, sociales y económicos, en palabras del comisario Hogan. Agricultores y ganaderos deberán apostar más por las normas del mercado y ser más competitivos. Otros retos pendientes serán los regadíos y el coste energético de los mismos, así como las mejoras de la cadena alimentaria y el seguro agrario.

(ABC)