Los ex presidentes Chaves y Griñán, en una de las sesiones del juicio de los ERE.

EM.- Manuel Chaves y José Antonio Griñán estaban al tanto de la gestión del ‘fondo de reptiles’. Eso es lo que ha declarado este martes una testigo clave del caso de los ERE, la ex asesora de la Dirección General de Trabajo que tuvo a su cargo los expedientes de las ayudas fraudulentas, que ha contado cómo ella misma realizó informes detallados que fueron enviados “a Presidencia”. Y por “presidencia”, ha aclarado María José Rofa, quiere decir a los ex presidentes que se sientan en el banquillo de los acusados, junto a otros 22 ex altos cargos de la Junta, en el juicio por la pieza política de los ERE.

Rofa ha señalado directamente a Chaves y Griñán en su segunda jornada de declaraciones como testigo, en la que ha incidido en que los dos ex presidentes encausados no sólo conocían la existencia de la partida presupuestaria 31L -la bautizada como ‘fondo de reptiles’ y que nutría a los ERE y a las ayudas a empresas en crisis-, sino que, además, tenían “información puntual”.

De hecho, ha añadido que cada vez que el presidente de turno iba a realizar una visita a un territorio de la comunidad se le proporcionaba información exhaustiva sobre los conflictos laborales que había en esa zona. De Mercasevilla, a cuyos ex trabajadores se les dejó de pagar tras estallar el escándalo, se hicieron “muchos” informes que se remitieron al Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia andaluza.

De acuerdo con el testimonio de la ex asesora de Trabajo, los ex presidentes no sólo tenían conocimiento de lo que estaba sucediendo, sino que ellos, y algunos de sus consejeros, fueron parte activa en la toma de decisiones relativas a la concesión y pago de las ayudas bajo sospecha.

Muchas de estas ayudas, ha explicado, se acordaron como parte de la “acción de gobierno”, fueron decisiones políticas que no adoptó ni siquiera el director general de turno. Las órdenes, ha explicado, venían “de arriba, de las alturas”. Y en función de la provincia de la que se tratase, se implicaba uno u otro consejero. En este sentido, ha mencionado al ex vicepresidente de la Junta y ex secretario de Estado Gaspar Zarrías por las ayudas a Primayor, una empresa asentada en Jaén, de donde era originario el también ex consejero. O a la ex difunta consejera de Medio Ambiente Cinta Castillo, en el caso de Fertiberia, en Huelva.

En otros casos, como el de Delphi, la decisión se tomaba aún más arriba, en la propia Presidencia de la Junta, ha asegurado.

No se ha escapado de sus acusaciones ni la actual presidenta de la Junta, a la que ha implicado de forma indirecta al asegurar que en noviembre de 2010 el parlamentario del PSOE por Sevilla Ramón Díaz -que también trabajó en la Dirección General de Trabajo- le hizo una llamada intimidatoria como miembro del partido que entonces dirigía en Sevilla Susana Díaz.

Expedientes manipulados

La testigo ha denunciado, igualmente, que desde la Junta de Andalucía se manipularon los expedientes de las ayudas antes de enviarlos al Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, desde el que la juez Mercedes Alaya los requirió tras abrir diligencias previas y estallar el escándalo. Los documentos que se mandaron, ha dicho Rofa, no eran los que ella manejó en la Dirección General de Trabajo. “Estaban reconstruidos”, ha llegado a afirmar, destacando que se habrían eliminado documentos y añadido otros que no estaban en los archivadores originales.

Por ejemplo, ha señalado que sólo estaban los correos electrónicos que ella había enviado y no los del ex director de Trabajo Daniel Rivera, a pesar de que éste daba todas las órdenes a través de mensajes de correo.

A Rivera, precisamente, le ha implicado directamente en la manipulación de los expedientes. Ha relatado que el ex alto cargo pidió que se realizase una copia del expediente de Mercasevilla para enviarlo al juzgado, pero que a la hora de remitirlo a la juez Alaya “ordenó quitar las órdenes de pago”.

A este mismo ex alto cargo ha señalado por las amenazas que recibió de sus superiores la ex asesora y testigo clave, que fue despedida finalmente. “Te quedas en Huelva aunque sea a coger mariposas”, ha contado que le espetaron. Y Daniel Rivera, en concreto, le dijo que se se dedicase a su hijo tras llamarla tres veces “gilipollas”. “Te lo he dicho de buenas maneras”, ha recordado Rofa que le añadió en esa conversación.

Un caos de gestión

La ex asesora de la Dirección General de Trabajo ya describió este lunes como caótica la tramitación de las ayudas fraudulentas y contó cómo al llegar a las oficinas donde había tenido se despacho Francisco Javier Guerrero se encontraron una situación desastrosa. Las ayudas, dijo al tribunal de la Audiencia de Sevilla, no se atenían a normativa alguna -en realidad no la había, declaró- y carecían de toda lógica y orden. Ni siquiera se sabía con exactitud el dinero que se había pagado en pólizas o cuál era la deuda pendiente, lo que quedaba por pagar.

En los archivadores donde se guardaban los expedientes, la testigo, que entró de la mano del entonces director general, Juan Márquez, encontró notas de reuniones con antecedentes de las ayudas o fotocopias, pero en ningún caso solicitudes de las ayudas o memorias justificativas. Había de todo, pero no un “expediente al uso”, afirmó a preguntas del fiscal Juan Enrique Egocheaga.

Algunos de estos expedientes, los más importantes, estaban en el propio despacho de Guerrero, al que señaló como responsable de este caso. “Lo llevaba Guerrero y lo llevaba Guerrero”, señaló en alusión al hecho de cómo el ex director de Trabajo era el que decidía todo lo relativo a la tramitación y aprobación de las ayudas.

María José Rofa es una de las piezas clave en la investigación que dirigió la juez Mercedes Alaya, que destacó su colaboración para esclarecer un caso por el que está imputada, además, en varias de las piezas separadas. Su conocimiento de las ayudas bajo sospecha es considerable, teniendo en cuenta que se ocupó directamente de revisarlas y supervisarlas al entrar a trabajar en la Dirección General de Trabajo con Juan Márquez. Llegó incluso, como recordó este lunes, a recibir amenazas de sus superiores.

De la importancia que concede el tribunal da idea el que se haya reservado tres días para su interrogatorio, desde el lunes y hasta mañana miércoles.