A las cuatro asociaciones de jueces, con distintas adscripciones ideológicas, hay que añadir las tres asociaciones de fiscales, igualmente con diferentes ideologías políticas. ¡Menos mal que no están politizados!

La sociedad no entiende que existan juezas y jueces por la democracia, como tampoco es concebible una Unión Progresista de Fiscales.

¿Y qué pasa, que los demás jueces son partidarios de la dictadura, o que los fiscales que no son progresistas son reaccionarios?

Es evidente que dentro de las reivindicaciones de jueces y fiscales, se encuentra la insuficiencia de medios tecnológicos, la sobrecarga de trabajo, la falta de más jueces, la modernización de edificios… También es evidente que estas reivindicaciones no afectan a la Audiencia Nacional, Tribunales Superiores de Justicia de las distintas Comunidades autónomas, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional.

Por otra parte, son evidentes las protestas por la politización del órgano de gobierno y administración de los jueces, esto es, el Consejo General del Poder Judicial. Las cuotas de nombramiento de sus miembros por los diferentes partidos políticos, es vergonzosa.

De este órgano dimanan los expedientes disciplinarios y los nombramientos discrecionales de jueces para los Tribunales Superiores, Audiencia Nacional, Tribunales Supremo y Constitucional, es decir, la cúpula del “poder judicial”, o más bien de la Administración de Justicia, vista su total dependencia del poder ejecutivo.

Dentro de este contexto de politización, nos encontramos con la cantidad de recusaciones que se producen en los procedimientos penales, y que se instruyen por haber manifestado el juez correspondiente sus “simpatías” por determinados partidos políticos o sindicatos.

El dato de jueces que abandonan la judicatura para integrarse en partidos políticos, para ocupar cargos políticos, o ser elegidos diputados y senadores, parlamentarios autonómicos, etc., y su posterior vuelta a la judicatura en muchos casos, pues no todo el monte es orégano, es la prueba más evidente de esta politización de la “justicia”.

Finalmente, y respecto a la huelga anunciada, y la concentración de jueces y fiscales ante el Ministerio de Justicia, representan una imagen totalmente politizada del poder judicial, pues evidencian de una forma clara y palmaria su total dependencia del “amo”, del señor que paga la nómina, es decir, del poder ejecutivo.

Si es cierto que el 80% de esas concentraciones las conforman jueces y fiscales “progresistas”, alineados con la izquierda de este país, parece evidente que mal andamos, y que se puede utilizar esos cargos privilegiados para “hacer política partidista”.

La última concentración pidieron la dimisión del Ministro de Justicia, siendo uno de los protagonistas el juez de la audiencia nacional Santiago Pedraz, calificado por el Sindicato Unificado de Policía, SUP, de “pijo rojo”, y por don Rafael Hernando, del PP, de “pijo ácrata”.

Una última puntualización, para que no se den por aludidos los miles de jueces y fiscales que desarrollan su trabajo en primeras instancias, que generalmente no están politizadas, por lo que no tienen que soportar presiones políticas, y que en muchas ocasiones se llevan el trabajo a sus domicilios particulares, para seguir sacando asuntos durante los fines de semana.

¡Mientras sigan existiendo jueces como ellos, podremos tener alguna esperanza en la justicia española!.

*Jurista, fundador y secretario general del sindicato Manos Limpias.