El ministro de Justicia, Rafael Catalá.

No, señor ministro de Justicia, el problema “singular” no lo tiene el magistrado Ricardo González, como sostienen usted y los medios de contaminación; el problema, que más que singular es muy grave o gravísimo, lo tienen usted, el Parlamento, y el Gobierno del que usted forma parte.

Dice el artículo 24 de la Constitución que “todas las personas tienen el derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y Tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión”. Por su parte, el artículo 117 mantiene que “los jueces y magistrados” serán “independientes” y estarán “sometidos únicamente al imperio de la ley”, y el artículo 122 configura el “Consejo General del Poder Judicial”.

Pues bien, la independencia de los jueces y tribunales supone la independencia de su órgano rector, y sin la independencia de dicho órgano rector no existe la independencia del poder judicial, y sin la independencia del poder judicial no existe democracia verdadera, porque la independencia de los llamados tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, es la piedra base de la misma. Pero esta piedra base se quiebra, porque a los miembros del Poder Judicial los nombra el poder legislativo, y, a la hora de la verdad, los partidos consensuantes.
Si sería anómalo, como siempre se ha dicho, que los jueces eligieran a los diputados, absurdo es que los diputados elijan a quienes han de constituir el Consejo General del Poder Judicial, que de este modo, aunque quiera, no puede ser independiente, ya que moralmente se haya vinculado al partido político que lo eligió. Como no lo son tampoco los jueces y magistrados que, por una parte, han de responder, al dictar sentencia, a su concepto personal de la justicia, que difiere según la asociación profesional e ideológica a la que están afiliados, y por otra, se hayan sometidos en su riguroso, delicado y trascendente quehacer a una triple presión: la política, la mediática y la separatista.

De ello se desprende, no sólo el descrédito de la Justicia, sino hasta lo que parecía imposible, las sucias y graves ofensas que recibe de un siniestro catedrático de Derecho Constitucional como Pérez Royo; o de portavoces oficiales como Margarita Robles, del PSOE; y hasta del propio ministro de Justicia en representación del Gobierno.

Las movilizaciones feministas contra la sentencia de “La Manada” ponen de manifiesto, una vez más, que solo la izquierda y la extrema izquierda, con el apoyo del poder mediático, tienen “patente de corso” para tomar las calles y linchar a discreción a quien se salga de sus postulados. Para estos fanáticos marxistas, algunas decisiones judiciales y todos los límites legales son medidas consideradas de ahogo, acoso e intimidación. Se quejan constantemente de toda regulación legal; de que se cumplan las normas; y de que se aplique estrictamente la ley.

Ustedes son el problema, señor ministro. El Gobierno del que usted forma parte es rehén de marxistas, separatistas, y de los medios de contaminación que les dan su apoyo. Basta comprobar el comportamiento de este Gobierno con los medios separatistas catalanes, a los que inyecta ingentes cantidades de dinero para su sostenimiento, a pesar de su complicidad y cooperación con los golpistas. Y si con esto no fuese suficiente, ahí tienen a los dos personajillos de mierda, promocionados y publicitados con nuestro dinero en la televisión pública, para que puedan llevar hasta Eurovisión su odio a España y a los españoles.

Pero hay más, porque hasta el ministro de Hacienda ha negado la mayor contradiciendo nada menos que a un juez del Tribunal Supremo, como un gesto de genuflexión ante los malversadores golpistas y el gobierno de Merkel. Y por último, el bochornoso espectáculo del que hemos sido testigos ofrecido por el Gobierno de la nación, bajándose los pantalones ante los separatistas vascos para que estos ejerzan el control sobre el futuro económico de los contribuyentes españoles.

En resumen, mientras el fanatismo antiespañol se pasa las leyes y las sentencias judiciales por la entrepierna, vulnerando sistemáticamente el orden constitucional establecido, usted, señor Catalá, como principal responsable de Justicia del Gobierno de Rajoy, se une al linchamiento dirigido por los medios de contaminación y protagonizado por la izquierda, la extrema izquierda y los separatistas, contra un juez cuyo único delito ha sido manifestar un criterio independiente sobre unos hechos juzgados, pero saliéndose del guion marcado por todos los partidos.