El ministro de Justicia, Rafael Catalá.

El magistrado Ricardo Javier González, integrante de la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Provincial de Navarra y autor del voto particular discrepante en la sentencia contra La Manada, no es ajeno a la polémica que han suscitado las referencias a su persona realizadas por el ministro de Justicia, Rafael Catalá. Lejos de restarle importancia, el juez estudia la posibilidad de emprender acciones legales contra Catalá para defender su honorabilidad, según han señalado fuentes jurídicas, después de que éste dijera el lunes en una entrevista radiofónica que González “tiene algún problema singular” que “todos” saben y que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) “debería haber actuado preventivamente” contra él.

El eco de las palabras del ministro en la cadena Cope llegaron este lunes al despacho del magistrado que votó a favor de la absolución de los cinco condenados por un delito continuado de abuso sexual. La perplejidad con la que González recibió tales afirmaciones por parte de Catalá le ha llevado a plantearse la presentación de una denuncia por un delito de injurias y/o calumnias (imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad), que en caso de consumarse sería registrada en el Tribunal Supremo al dirigirse contra un aforado nacional y cuya competencia le pertenece a la Sala Segunda (de lo Penal).

El magistrado, nacido en Madrid en 1960 y que ingresó en la Audiencia Provincial de Navarra en 2001, recibió el lunes el respaldo del CGPJ, a través de la Comisión Permanente presidida por Carlos Lesmes, y de forma indirecta por todas las asociaciones judiciales y fiscales de la carrera profesional. En un comunicado inédito, denunciaron el ataque personal de Catalá y exigieron su dimisión por crear “una confusión intencionada de intereses electorales”.
Sin embargo, el ministro de Justicia se reafirmó en sus palabras y en una entrevista a El País dijo que ante el debate que se ha producido tras la sentencia de La Manada no debe ser “ciego, sordo y mudo”, e insistió en que su obligación es “alertar” de las anomalías que pueden suceder en el funcionamiento de la Justicia para que el CGPJ actúe.

“Es mi obligación pedir al Consejo que actúe porque yo no voy a participar en juegos de hipocresía y los datos sobre ese magistrado los tienen ellos; yo no tengo detalles, pero sí sé lo que me han contado con mucha preocupación sus compañeros”, recalca Catalá.

“¿Por qué no puedo participar en este debate que se ha producido tras la sentencia por la agresión a una joven cuando yo formo parte de este sector? Yo no debo ser ciego, sordo y mudo”, insistió el ministro, que añadió: “¿Por qué los jueces de las asociaciones pueden opinar sobre esa y otras sentencias y se me niega a mí ese derecho? El respeto absoluto que tengo a la independencia judicial no quiere decir que yo no pueda hablar sobre el funcionamiento de la Justicia”, dijo.

Además, recordó que entre las multitudinarias manifestaciones que se produjeron el pasado jueves por toda España tras conocerse la sentencia que condena a cada uno de los cinco miembros de La Manada a 9 años de cárcel por abuso sexual y no por violación, la de Madrid se dirigió a la puerta del Ministerio de Justicia “y no del Consejo”.
“Yo cumplo con mi obligación y estoy en la reforma del Código Penal; el Consejo General del Poder Judicial tendría que estar en garantizar la capacidad y capacitación de los jueces”, aseveró Catalá.

Sin embargo, su alusión directa a los “problemas” del juez González ha provocado la indignación de la judicatura. Este miércoles fue el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), Joaquín Galvé, quien respondió al ministro asegurando que González es “una persona absolutamente normal, un buen juez” y afirmando que “en absoluto” conoce que el magistrado tenga algún problema. “Nadie sabe por qué lo dice” y al ministro le han dado “muchas informaciones falsas y malintencionadas”, continuó Galvé, que ahondó en la línea marcada por las asociaciones judiciales el día anterior: las palabras de Catalá representan “un ataque directo a la independencia del poder judicial”. Todas las asociaciones de jueces y fiscales pidieron el lunes la dimisión del ministro.

En el ámbito político también hubo movimientos. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, desautorizó a la portavoz socialista en el Congreso, Margarita Robles, que el lunes se puso del lado del ministro. Sánchez cambió la posición del PSOE en este asunto y Este miércoles reclamó a Catalá que “aclare” si tiene alguna acusación concreta contra el juez de La Manada y si no, que esté “callado”. “Le pedimos al ministro de Justicia que no sea torpe”, aseveró Sánchez, que reclamó a Catalá “prudencia, sentido común y que no tire la piedra y esconda la mano”. “Que no desvíe la atención sobre el que es realmente el debate”, aseveró Sánchez, una postura opuesta a la de Margarita Robles y a la del secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, que previamente habían puesto el foco de la responsabilidad en el CGPJ.

Quienes no cambiaron de opinión fueron Podemos y Ciudadanos, que este miércoles, por boca de Pablo Iglesias y José Manuel Villegas, volvieron a reclamar la dimisión del ministro.