Soraya Sáenz de Santamaría.

¿El Gobierno contaba con que el 155 iba a durar tanto, cuando se activó el 27 de octubre y se convocaron elecciones de forma inmediata? La pregunta se dirige a un ministro, que no duda en contestar: «Lo que nunca pensamos es que los independentistas iban a tener tan pocas ganas de recuperar el autogobierno. Eso sí que no entraba en nuestros planes». La intervención en la Generalitat ha cumplido seis meses, y de momento los grupos separatistas se han negado a presentar un candidato dentro de la ley, que les permita volver al Gobierno autonómico, ahora mismo bajo la gestión de Rajoy y sus ministros.

En el último balance de La Moncloa sobre la aplicación del 155 se destaca que en este tiempo «se ha fortalecido el Estado de Derecho y la Constitución», y también que la preocupación por la independencia de Cataluña ha bajado más de 20 puntos, según el CIS de marzo. En seis meses, se ha pasado de la «parálisis» de la Generalitat a la gestión de pagos por 8.000 millones de euros.

ENTRAMADO SEPARATISTA

Con el 155 se han disuelto los entes, consejos y organismos que formaban parte del entramado por la independencia. Se disolvieron las «embajadas», excepto la de Bruselas, que suponían un gasto anual de 10 millones de euros. Se liquidó el Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat), y se impidió el «pago indebido por parte de las entidades del sector público catalán a la Agencia Tributaria de Cataluña».

REVERTIR LA PARÁLISIS

El Gobierno de Puigdemont redujo los acuerdos sobre Justicia un 46 por ciento en un año; los de Educación, un 26 por ciento; los de Sanidad, un 28 por ciento; los de Asuntos Sociales, un 30 por ciento en un año. No aprobó un acuerdo sobre Justicia en los últimos tres meses, solo uno sobre Educación en dos meses. Había subvenciones pendientes de pago desde hacía cuatro años, y dejó a deber a los empleados públicos parte de la paga extra de 2012 y las de 2013 y 2014. Tras el 155, se han celebrado 26 Consejos de Ministros, con 229 acuerdo relativos a Cataluña, y se han gestionado pagos por 8.000 millones de euros, de los que más de 2.000 han ido destinados a proveedores y más de 1.000 a entidades locales.

2.000 PLAZAS DE PROFESORES

En este semestre se han convocado 2.000 plazas para maestros y profesores, después de siete años sin ninguna convocatoria de acceso a la función pública docente de Cataluña. También se han renovado los conciertos educativos de Infantil y Secundaria, por cuatro cursos más. Se han concedido subvenciones por 107.7 millones en Educación, así como ayudas, becas y obras de reforma por valor de 124 millones de euros.

MÁS PLAZAS DE MOSSOS

La oferta parcial de empleo público del cuerpo de los Mossos d’Esquadra para 2017 se modificó para incluir 455 plazas de nuevo ingreso.

JUEGOS DEL MEDITERRÁNEO

Los Juegos del Mediterráneo de Tarragona han merecido atención especial, con distintas ampliaciones y regularizaciones presupuestarias por importe de 18 millones de euros para infraestructuras deportivas.

RETRASO EN AYUNTAMIENTOS

Se han abonado 1.100 millones de euros a ayuntamientos y diputaciones, correspondientes a los plazos de septiembre a diciembre. Los abonos «se han hecho puntualmente cada mes, frente al histórico retraso que tenían estos municipios para cobrar de la Generalitat». Además, se han autorizado subvenciones por importe de 30 millones de euros para inversiones en infraestructuras viarias locales hasta 2020. Otros 17 millones han ido destinados a saneamiento e infraestructuras de siete consejos comarcales. El 23 de marzo se autorizó al Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat un gasto de 64,12 millones de euros, para atender las ayudas asociadas al Contrato Global de Explotación. El 13 de abril, el Consejo de Ministros aprobó ayudas por 34,8 millones de euros para desarrollo rural.

FUNCIÓN PÚBLICA Y PAGA EXTRAORDINARIA

En La Moncloa están especialmente orgullosos de la «normalidad» con que se ha recibido en las consejerías catalanas la gestión de los «enviados» del Gobierno. Sus elogios a los empleados públicos catalanes son extensos. Las resistencia o movilización que preveían los separatistas no se ha cumplido ni de lejos. Precisamente, una de las medidas que más satisface a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, presidenta de hecho de la Generalitat por delegación de funciones de Rajoy, es la devolución del último tramo de la paga extraordinaria de la Navidad de 2012 a los empleados públicos catalanes. El decreto, firmado por ella y por el ministro Montoro, fue ratificado por unanimidad en el Parlamento catalán el 25 de abril. La medida tiene un coste total aproximado de 136,8 millones de euros. Afecta a todo el sector público y a las universidades públicas catalanas.

«REVERTIR» LA QUIEBRA ECONÓMICA DE CATALUÑA

La aplicación de las medidas excepcionales del 155 ha permitido «empezar a revertir la quiebra económica y devolver la confianza a empresas e inversores», según se destaca en el balance de La Moncloa. Para el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, la crisis catalana ha perjudicado al crecimiento económico de España. Los independentistas, denunció ayer en La Moncloa, «han sido desleales con el crecimiento económico, con la Constitución y con los catalanes, también con la recuperación económica de Cataluña. Les han importado más otros fines que llegar al pleno empleo».

«NEUTRALIDAD»

Otro de los efectos del 155 ha sido, según el Gobierno, «recuperar la neutralidad institucional» y lograr que la Generalitat actúe «al servicio de todos los catalanes». En estos seis meses se destituyó al presidente autonómico y a todo su Gobierno, así como a los delegados territoriales del Gobierno de la Generalitat, al delegado en Madrid, al secretario general de Interior, al director de la Policía Autonómica y al Mayor de los Mossos d’Esquadra, entre otros.

Fuente: ABC