Carme Forcadell votando en el referéndum del 1 de octubre

Diplocat, el departamento dependiente de la cartera de exteriores de la Generalitat que dirigía Raül Romeva, se gastó más de 40.000 euros en billetes de avión y hoteles en Barcelona para que, al menos, 47 observadores internacionales supervisaran el referéndum del 1-O prohibido por el Tribunal Constitucional. Esta cantidad se pagó con tarjetas de crédito vinculadas a Albert Royo, exsecretario general del Consejo de Diplomacia Pública de Catalunya.

Así figura en un informe que la Guardia Civil ha entregado al juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena. El documento, adelantado por Europa Press, insiste en que la cifra de observadores es “provisional” a la espera de completar la investigación. Entre esos observadores figuran miembros del Sinn Fein o de EH Bildu.

La Guardia Civil critica la falta de colaboración de Diplocat con la investigación y concluye que el contrato para que observadores internacionales supervisaran el referéndum del 1-O “se definió como una estrategia de acción exterior multidismensional en el entorno de la UE”. Lo que a juicio de la UCO “demuestra una vez más la opacidad de la Generalitat para que se conozcan los gastos efectuados en el referéndum del 1-O no dudando en desvirtuar los hechos que demuestran que se emplearon fondos públicos”.