Daniel Toledo.- Los males del infierno con los que amenazaba la deriva soberanista catalana empiezan a tener nombre y apellidos. La Semana Santa, tan poco pródiga en noticias, arrancaba con la cancelación de la Barcelona World Race, naufragio anunciado por el patronato organizador de la regata. Además de cuestiones fiscales, su comunicado hacía mención al “clima de indefinición institucional y falta de estabilidad política”. Por razones similares, la Ciudad Condal quedó fuera antes de tiempo de la pelea por albergar la sede de la Agencia Mundial del Medicamento. La elección, celebrada en noviembre, se producía justo después del vodevil del 1 de octubre. El Mobile World Congress, que cerraba sus puertas el pasado mes de marzo, se clausuraba sin el lustre de otras ocasiones, con el plante de la alcaldesa Colau al Rey y con la sombra de Dubai en el horizonte. Un panorama que demuestra que, digan lo que digan los independentistas, nadie con un negocio abraza la incertidumbre.

Aunque analistas y medios de comunicación corrieron a cuantificar el impacto económico de dejar los barcos en tierra, la pérdida reputacional y de imagen a nivel internacional empieza a competir en buena lid con la pecunia. Los datos que refiere el ‘Informe final 3ª edición 2014-2015’ de la Barcelona World Race son apabullantes. Por ejemplo, en televisión, se alcanzaron 43 millones de audiencia internacional, con acceso a 190 países y 837 millones de hogares en todo el planeta. En prensa, más de un millón de lectores se informaron sobre el evento en toda Europa y, en redes sociales, el certamen contó con más de 515.000 reproducciones de vídeo vía YouTube. Esto es, como abrir la puerta de Barcelona al mundo, más allá de las 290.000 personas que visitaron el pantalán o vieron alguno de los 100 programas realizados en el plató del muelle.

Y en camino de perder la batalla de la imagen exterior, ¿alguien se atreve a invertir? Los datos hechos públicos esta semana por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) pronostican que Cataluña ya no crecerá en 2018 por encima de la media nacional y que, más bien, se situará 0,18 puntos porcentuales por debajo del conjunto de España sin contar con ella. Todo un hito. Según la última información disponible del Ministerio de Economía sobre inversión productiva extranjera, correspondiente al año 2017, ésta se habría desplomado un 40% en Cataluña, frente a los crecimientos de casi el 25% en Madrid y del 70% en el País Vasco, cuyos 2.616 millones de capital atraído quedan ya muy cerca de los 3.093 que amasó la economía catalana. Esto es, más señales de alarma que políticos cortoplacistas y amarrados a una ensoñacion no están sabiendo atender.

Por si fuera poco, a los daños del procés hay que sumar en Barcelona los populismos que se han hecho fuertes en el propio Ayuntamiento y que parecen haber demonizado a la empresa privada. Por ejemplo, los resultados anuales de un gigante como Suez han pasado prácticamente inadvertidos, pero tienen una carga de profundidad brutal. La firma admite en su presentacion que el beneficio operativo (ebit) se ha visto lastrado en 15 millones de euros por “gastos adicionales en el cuarto trimestre relacionados con los crecientes estudios técnicos, de comunicación y costes legales para defender el modelo de colaboración público privado (PPP) en España”. Aunque la compañía, tibia sobre la cuestión, prefiere traducir ese párrafo como una referencia genérica a la situación política del país, lo cierto es que los principales problemas que afronta en España entroncan con su filial Agbar (Aguas de Barcelona) y están a punto de dinamitar su posición en Barcelona.

En efecto, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya anuló en 2016 el proceso de contratación de la gestión del agua en la Ciudad Condal a la sociedad conocida como ‘La Mixta’ y en la que Agbar comparte accionariado con el consorcio Área Metropolitana de Barcelona (AMB) que preside la propia Colau. Sin esperar a la decisión final, en manos del Tribunal Supremo, hace apenas semanas una auditoría promovida por la propia AMB rebajaba drásticamente el valor de los activos que Agbar aportó a la sociedad común, una de las irregularidades que advertía el TSJC y que supone no solo un aviso a navegantes, sino una bala en la recámara en forma de mas acciones legales si llega el caso. ¿Objetivo final? Expulsar a Agbar del negocio del agua y remunicipalizarlo. Todo apunta a que, de una forma u otro, tarde o temprano, Suez y el presidente de Agbar, Ángel Simón, terminarán haciendo las maletas en la Barcelona de Colau. Puede que entonces no sean tan tibios.

El pasado mes de septiembre, en un encuentro con apenas seis periodistas, uno de los ministros económicos del Gobierno popular reconocía que, desde el punto de vista económico, no se puede entender una España sin Cataluña y viceversa. El daño de una ruptura, exponía, era inasumible para ambos. Andando los meses, parece claro qué parte de la ecuación se está dejando más pelos en la gatera. Cádiz aparece como candidato para la World Race; Amsterdam ya disfruta de los beneficios de ser la sede de la Agencia del Medicamento; Valencia y Aragón se frotan las manos con la gestión de los depósitos que han salido de Cataluña; Suez reforzará su “selección de la inversión” para optimizar los retornos, según consta en su hoja de ruta… Las economías y las empresas prosperan al margen del ‘procés’, las investiduras fallidas y las ‘colau’ de turno. Parece hora de que más de uno resetee.