La exconsejera Ponsatí, en libertad bajo fianza y con medidas cautelares tras entregarse
La exconsejera Clara Ponsatí, requerida por la Justicia española tras el referéndum ilegal celebrado el año pasado en Cataluña, fue puesta hoy en libertad condicional bajo fianza y quedó sujeta a una serie de medidas cautelares, tras entregarse voluntariamente en Edimburgo.
La corte escocesa, tras escuchar a Ponsatí, que tan solo compareció durante unos diez minutos para confirmar sus datos personales y oponerse a la extradición a España, fijó el próximo 12 abril como fecha para una nueva vista preliminar.
Al concederle la libertad condicional, el juez requirió a Ponsatí, de 61 años y exconsejera de Enseñanza del gobierno catalán, la entrega de su pasaporte.
A la salida del juzgado, su abogado, Aamer Anwar, recordó que la orden europea de detención contra Ponsatí, emitida por el Tribunal Supremo español, “incluye los delitos de rebelión, penado hasta con 25 años de prisión, y de malversación de caudales públicos, penado hasta con ocho años de prisión”.
“Clara desea que digamos que estos cargos están motivados políticamente y que hay una grotesca distorsión de la realidad. No puede creer que la hagan responsable de la violencia que se ejerció el día del referéndum”, dijo Anwar que leyó una declaración ante los medios de comunicación en nombre de su representada.
El abogado de la política catalana indicó que Ponsatí se ha “opuesto” a la extradición y ha negado “con rotundidad” los cargos por los que ha sido procesada.
Ponsatí puso en marcha hoy una campaña de microfinanciación para sufragar los gastos de su defensa en un proceso que, según Anwar, será largo y se extenderá “como mínimo varias semanas, sino meses”.
Las donaciones ya han sobrepasado el objetivo inicial de 150.000 libras (más de 170.000 euros) y superan ahora las 170.000 libras (más de 194.000 euros).
Su letrado aseguró hoy que la exconsejera considera que “la única responsabilidad” en los altercados violentos que se produjeron el 1 de octubre de 2017 en Cataluña durante la consulta ilegal fueron responsabilidad de “la Policía española y de los 6.000 agentes que atacaron al pueblo catalán en nombre del Gobierno español”.
Recalcó que su cliente apelará a todas las instancias judiciales posibles para evitar ser extraditada a España, donde considera que sus “derechos humanos” no serían respetados al no poder contar con un juicio “con garantías”.
Ponsatí, que huyó de España el año pasado con destino a Bruselas, fue nombrada consejera de Enseñanza el 14 de julio de 2017 y permaneció en el cargo hasta el 28 de octubre de ese mismo año, cuando cesó en aplicación del artículo 155 de la Constitución española en Cataluña.
Tras permanecer huida cuatro meses en Bélgica junto al expresidente catalán Carles Puigdemont -detenido el domingo en Alemania- y otros tres exconsejeros del gobierno autonómico, Ponsatí anunció a comienzos de mes su reincorporación a la prestigiosa Universidad escocesa de St Andrews, donde ejercía como profesora de Economía y Finanzas.
El domingo, tras el arresto en Alemania de Puigdemont, la Policía de Escocia confirmó haber recibido la euroorden para la detención de la exconsejera catalana.
Tras la declaración ante los medios, Ponsatí se acercó a las decenas de personas congregadas ante el tribunal, algunas de ellas con banderas esteladas y pancartas, para agradecerles su apoyo.
El letrado dijo que Ponsatí recibe con satisfacción el respaldo del Gobierno escocés de la nacionalista Nicola Sturgeon, que siempre ha sido “un verdadero amigo de Cataluña en sus momentos más difíciles” y aseguró que “respeta el hecho de que su destino está ahora en manos del sistema judicial independiente de Escocia”.
Sturgeon declaró que defiende el “derecho de Cataluña a decidir su propio futuro”, pero subrayó que no puede interferir en las decisiones judiciales.
El ministro escocés de Justicia, Michael Matheson, anunció ante el Parlamento regional que el Ejecutivo hará llegar a la Comisión Europea su preocupación por el uso de órdenes de detención europeas y precisó que este procedimiento no modifica “la obligación de respetar los derechos y los principios legales fundamentales”.
