La Orden Europea de Detención enviada por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena a las autoridades alemanas para solicitar la entrega a España del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont incluye la acusación de corrupción, pese a que el político catalán fue procesado el pasado viernes solo por rebelión y malversación de caudales públicos. Así se refleja en el escrito remitido por el Supremo a la justicia germana y en el que el juez Llarena marcha con una ‘X’ la casilla correspondiente a este “infracción” dentro de una lista de más de treinta que permiten acelerar la puesta a disposición del país solicitante de los reclamados acusados de ellos. En esta relación, acordada por los países de la UE, no figuran los de rebelión y malversación.

El documento de la euroorden arranca con un relato de una quincena de folios en el que el magistrado detalla los hechos por los que pide la detención y traslado de Puigdemont a España, y en el que hace especial hincapié en el número de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil que resultó heridos durante la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre para poner de relieve la existencia de violencia que justifica la petición de entrega por rebelión. En esa parte del documento, el juez concluye que en los sucesos investigados el expresident tuvo una participación directa y que por ello ha sido acusado de los delitos de rebelión y de malversación de caudales públicos, que son por los que fue procesado el pasado viernes.

Es en la segunda parte del documento en la que Llarena atribuye a Puigdemont corrupción pese a que dicha acusación no figura en el auto de procesamiento. Es el apartado final en el que se enumeran una treintena de infracciones acordadas por los estados de la UE que permiten acelerar la entrega del detenido si en el país solicitante están castigadas con, al menos, tres años de prisión. En esa relación se incluyen terrorismo, tráfico de armas, homicidio, violación y trata de seres humanos. El estado reclamante únicamente debe marcar con una ‘X’ la casilla correspondiente. Pese a que ninguno de los de la lista concuerda con los delitos de rebelión y malversación recogidos en el auto de procesamiento, la orden remitida por el juez Llarena a las autoridades alemanas señala una de las casillas, la de “corrupción”.

Fuentes jurídicas destacan la importancia de este detalle, al considerar que si Alemania acepta esta acusación, la entrega se acelera. Si no lo hace, la justicia germana iniciará un trámite en el que se estudiarán las acusaciones de rebelión y malversación y que se puede prolongar durante meses. Fuentes cercanas a la defensa de Puigdemont tildan de “maniobra” la inclusión de la corrupción entre las acusaciones para reclamar la entrega del expresidente de la Generalitat y recuerda que en noviembre ya ocurrió un episodio similar con la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela.

La magistrada fue entonces la primera que imputó a los exmiembros del Govern y la que dictó las primeras euroórdenes de detención, posteriormente suspendidas por el juez Llarena. En aquellas solicitudes de colaboración a la justicia belga, Lamela añadió también la corrupción a los cinco delitos de los que acusaba entonces al político catalán y a sus excompañeros del ejecutivo autonómico huidos con él. Pese a ello, Bruselas desestimó activar entonces el trámite automático de entrega e inició el procedimiento ordinario, luego suspendido por el juez Llarena al retirar las euroórdenes.