Roberto Centeno.- En febrero 2008, justo tres semanas antes de las elecciones generales, MAFO, entonces gobernador del Banco de España, falsificaría el PIB del cuarto trimestre 2007 afirmando que había crecido en un 0,8%, y como en el trimestre anterior había crecido en un 0,7%, significaba que la economía española, al contrario que las del resto del mundo, seguía creciendo. Con esta increíble patraña y un PP incapaz de desmentirla, el indigente mental Rodríguez Zapatero volvería a ganar las elecciones. A fin de año, el INE rebajaría la cifra: España también estaba cayendo, pero ya era demasiado tarde.

De nuevo en el poder, Zapatero y Solbes, que jamás supieron por qué la economía había crecido y mucho menos por qué se hundía, inventaron la fantasía, avalada por bancos y constructoras, de que la crisis era pasajera y que en dos años el crecimiento volvería con fuerza, “jugamos en la Champions League”. Y así no hubo tropelía (darían por buenos los balances falsos, mantendrían el valor de activos hundidos, ocultarían la morosidad, etc.) ni manipulación que no realizaran, desde el PIB al paro o la presión fiscal, ya que como la recuperación era inminente, todo se ajustaría, y nadie tenía por qué enterarse de sus trampas y mentiras. En las democracias, meten a la gente en la cárcel por esto.

El resultado: el grandioso sistema de cajas de ahorros que durante casi dos siglos fue refugio seguro del ahorro y financiador de las clases menos favorecidas, y que representaba el 52% del sistema financiero, entregado a políticos y sindicalistas ineptos y/o ladrones, resultaría aniquilado y sus despojos entregados a precio de saldo a los grandes bancos —Botín diría que Zapatero era el mejor presidente de toda nuestra historia—. El paro pasaría del 8% en 2008 al 18,7%, el real, según el BCE, es del 30%. Los salarios caerían en un 20%, y la riqueza de las familias se contraería en un 40%, el mayor expolio a un pueblo de que se tiene memoria. La deuda pública se multiplicaría por tres, hasta 1,54 billones. El sistema de pensiones ha quebrado y la carga fiscal sobre los trabajadores y la clase media es la tercera más alta de la OCDE y la mayor de nuestra historia.

Régimen del 78, causa y motor de todo el caos

José Luis Rodríguez Zapatero (i) conversa con Pedro Solbes en el Congreso.

Nada de lo que ocurre a día de hoy, desde la pérdida relativa de riqueza de España frente al resto del mundo desarrollado a la mayor degradación salarial y el más injusto reparto de la renta y la riqueza de la UE, a la mayor fiscalidad de nuestra historia con las grandes empresas y las grandes fortunas prácticamente exentas, a la corrupción de Estado y personal a niveles jamás conocidos, y la gigantesca burbuja de deuda que no cesa de crecer cada semana, lo que arruinará la vida de las próximas generaciones de españoles durante no menos de 50 años, puede explicarse sin remontarnos al origen de todos nuestros males: el infausto y tan autoalabado régimen del 78.

En palabras de Antonio García Trevijano, el mejor pensador político español de todo el s. XX, y único opositor democrático al franquismo, “los partidos clandestinos y los herederos del franquismo, con el Rey a la cabeza, jamás persiguieron la democracia. Ni siquiera sabían lo que era. Solo se interesaron en el lucro personal, y en ocupar puestos de rango social y de poder. No persiguieron tampoco el poder. Tampoco sabían lo que era eso, ninguno —Rey incluido— tenía la menor visión ni proyecto de España, solo soñaban en participar en el festín de reparto del Estado: en los cargos oficiales y en vivir como rajás del dinero publico”.

“Y para que todos, familiares, amigos y correligionarios, participaran del festín, y no solo en Madrid, trocearon España en 17 pedazos contrarios todos ellos a la realidad geográfica e histórica, y eliminaron todos los controles y contrapesos propios de un Estado, para permitir el saqueo de España con absoluta impunidad, lo que ha dado lugar a la mayor ola de corrupción estatal y personal de la historia de Europa. Los propios partidos se convirtieron en poco tiempo en lo que son hoy: bandas mafiosas con forma de partido sin más ideología que el lucro, la vanidad de los cargos públicos y el reconocimiento social en los medios”. Otro genio español, Camilo José Cela, diría de los responsables del régimen del 78: “Si tuvieran vergüenza y honor, se habrían pegado un tiro”.

Un hecho que aclara bien la intencionalidad del régimen del 78 con la creación del Estado de las autonomías es lo que Gómez Llorente, uno de los socialistas más capaces de esa época, explicó a Trevijano: “Tienes que comprender, Antonio, nuestro deber como partido de premiar a quienes se han sacrificado en la lucha antifranquista, y para ello es imprescindible descentralizar el Estado creando CCAA a semejanza de Cataluña, y colocar ahí a todos los que han participado en la lucha contra el régimen de Franco”. Enrique Múgica, otro de los grandes barones socialistas, afirmaría con la desvergüenza que le caracterizaba: “La democracia está muy bien, pero lo más importante es crear puestos de trabajo bien remunerados para los demócratas”.

Tan bien remunerados que España es el segundo país del mundo después de Luxemburgo en el que los sueldos públicos superan de media a los del sector privado (un 40%), y tantos que, según Cristobal Montoro, “de los tres millones de empleados públicos, solo 700.000 han obtenido su plaza mediante oposiciones limpias y transparentes”. Pero sobre todo eliminaron todos los controles que fiscalizaban su gestión. Eso me lo explicaría el alcalde socialista de Prat de Llobregat que había pedido un soborno a Campsa para autorizar el paso del oleoducto Tarragona-Barcelona por su jurisdicción. Cuando le pregunté por qué habían eliminado los controles, me respondió: “Nosotros no necesitamos que nadie nos fiscalice, eso es puro fascismo, a nosotros nos fiscaliza el pueblo con sus votos”. Con dos narices.

Desgraciadamente, no era solo el punto de vista de un alcalde, el Tribunal Constitucional ha avalado que las CCAA, al ser autónomas, no necesitan de ningún tipo de control, dando cobertura legal a la corrupción a todos los niveles.

Desde entonces es imposible obtener un contrato o una concesión públicos o una recalificación sin soborno previo, todo está dado de antemano. El coste del Estado autonómico respecto a un Estado descentralizado y honesto como Francia es de unos 100.000 millones de euros año.