El “Manifiesto por la Historia y la Libertad”, firmado por una larga lista de perrsonalidades de la cultura, surge con motivo del nuevo proyecto de Ley de Memoria Histórica que ha presentado Margarita Robles, en nombre del PSOE, en el Parlamento.

Ante la gravedad de esta propuesta, que pretende criminalizar la historia, y amenaza con penas de cárcel, inhabilitación para la docencia y multas cuantiosas a quienes discrepen de la ”verdad única”, un grupo de historiadores, investigadores, profesores y periodistas ha respondido de modo contundente a dicho proyecto de ley.

Para ello, han firmado un manifiesto en el que se afirma que “la Historia debe ser siempre un espacio libre para el debate de las ideas y la investigación, pero nunca para dogmatizar sobre la historia y sus hechos”.

El periodista Jesús Palacios, en nombre de la Sociedad de Estudios Contemporáneos Kosmos-Polis, es el responsable de la puesta en marcha de la iniciativa. Ésta cuenta con el apoyo expreso de más de 150 historiadores y otras personalidades, encabezados por el Presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Juan Velarde Fuentes, y el historiador Stanley Paine. Entre ellos se encuentran Fernando Savater, Antonio Escohotado, Joaquín Leguina, Enrique Clavet, Félix Ovejero y Andrés Trapiello.

Puntos fundamentales del Manifiesto:

“No se puede imponer por una ley un único relato de la historia, ya que ninguna ley debe o puede variar los hechos históricos. Sin embargo, en España viene perpetrándose un inadmisible y flagrante historicidio desde la aprobación de la mal llamada Ley de Memoria Histórica de diciembre de 2007″.

“Pese a ello, el Partido Socialista pretende ahora, en una vuelta de tuerca más, que se apruebe una nueva y espuria ‘Ley de Memoria Histórica’, con la intención de ilegalizar cualquier asociación o fundación que sostenga puntos de vista diversos y plurales sobre los hechos acaecidos en el último siglo de la Historia Contemporánea de España”.

“Tal proposición de ley ataca directamente los fundamentos de la Constitución y los valores superiores que su ordenamiento jurídico consagra”:

la libertad (de opinión, expresión, investigación y cátedra);

la justicia (solo atribuible a jueces y tribunales);

la igualdad (que impide la discriminación por sexo, raza, religión, ideología, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social);

el pluralismo político (ejercido como actividad libre dentro del respeto a la Constitución).

MANIFIESTO ÍNTEGRO POR LA HISTORIA Y LA LIBERTAD

No se puede imponer por una ley un único relato de la historia, ya que ninguna ley debe o puede variar los hechos históricos. No se debe borrar por una ley la cultura, el sentimiento ni la memoria de un pueblo, y menos aún por razones ideológicas. Ninguna razón moral, ni derecho subyacente, puede primar sobre la analítica verdad de los hechos en las circunstancias del tiempo y lugar en que estos se produjeron. La interpretación de unos hechos, cualquiera que estos sean, no puede ceder a ninguna manipulación política partidista. Legislar sobre la historia o contra la historia es, simplemente, un signo de totalitarismo. Y es antidemocrático y liberticida.

Sin embargo, en España viene perpetrándose un inadmisible y flagrante “historicidio” desde la aprobación de la mal llamada Ley de Memoria Histórica de diciembre de 2007.

Pese a ello, el Partido Socialista pretende ahora, en una vuelta de tuerca más, que se apruebe una nueva y espuria “Ley de Memoria Histórica”, con la intención de ilegalizar cualquier asociación o fundación que sostenga puntos de vista diversos y plurales sobre los hechos acaecidos en el último siglo de la Historia Contemporánea de España.

Con la implantación de una “Comisión de la Verdad”, amenaza con penas de cárcel, inhabilitación para la docencia y elevadas multas a quienes mantengan opiniones divergentes a la ‘verdad única’, la destrucción y quema de las obras o estudios declarados no ‘gratos’, y la expropiación, destrucción o transformación de una parte del patrimonio histórico-artístico de la etapa más reciente de España.

Tal proposición de ley ataca directamente los fundamentos de la Constitución y los valores superiores que su ordenamiento jurídico consagra: la libertad (de opinión, expresión, investigación y cátedra); la justicia (solo atribuible a jueces y tribunales); la igualdad (que impide la discriminación por sexo, raza, religión, ideología, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social); y el pluralismo político (ejercido como actividad libre dentro del respeto a la Constitución). Dicha proposición de ley, de resultar aprobada, chocaría frontalmente con la Constitución en su redacción y espíritu.

El proyecto vulnera el principio de la verdad documentada de la historia, como demuestra el mero hecho de que esa única versión quiera imponerse por la fuerza del Estado, al ser incapaz de sostenerse en un debate de investigación, serio, libre e independiente. Su capcioso velo jurídico, invocando a modo de pantalla la dignidad de las víctimas de solamente una parte o equiparando el franquismo con diversos regímenes totalitarios, son solo el envoltorio sentimental y manipulador de una ofensiva contra la libertad de los españoles, contra la democracia y contra la verdad histórica.

Estamos ante una ley de tipo soviético que no debería ser propuesta por ningún partido, ni individuo, que respete la convivencia democrática en paz y en libertad, que solo sirve para reabrir viejas heridas que todos creíamos ya cicatrizadas y que, desde luego, nunca debería ser aprobada en una nación como España.

Resultaría dramático para la convivencia de los españoles que ochenta años después del final de la Guerra Civil, y de haber transcurrido más de cuarenta tras la extinción del franquismo, se intente anular la libertad de pensamiento de los españoles, y reinstalar en la sociedad los mismos odios que condujeron a aquellos calamitosos acontecimientos.

Esta propuesta de ley debe ser rechazada con firmeza por toda la sociedad, pues España no puede permitirse una involución hacia regímenes del tipo implícito en la misma. La experiencia histórica no debe pasar en balde, y de ella debemos aprender.

Los hechos históricos son hechos históricos, y los estudios e investigaciones de los mismos deben producirse en total y plena libertad para el debate y la confrontación abierta de las ideas, pero jamás bajo la mordaza y el castigo penal de un estado democrático.

Y ello principalmente, porque ningún parlamento democrático ni puede ni debe legislar sobre la Historia, pues de hacerlo, criminalizaría la Historia, estableciendo una checa de pensamiento único, al imponerse por la fuerza y la violencia del Estado.