Manifestación en defensa de las pensiones públicas.

Por Roberto Centeno.- He escrito en estas páginas en más de una ocasión mi sorpresa de ver que entre los principales problemas de los españoles que el CIS publica periódicamente no figurara explícitamente la sostenibilidad de las pensiones. Y sin embargo, lo que ahora ha estallado en la calle no es algo nuevo sino algo conocido que todos los estudios actuariales vienen alertando desde hace años, sin que la clase política haya movido un solo dedo para arreglarlo, ofreciendo solo o mentiras el PP o demagogia PSOE o Podemos, que al igual que Txipras en Grecia prometen no ya mantener las pensiones sino subidas disparatadas sin posibilidad alguna de poder financiarlas, y que como en Grecia se convertirían en bajadas entre un 30 y un 40%, como con Txipras, si consiguen engañar a los pensionistas y llegan al poder.

Por ello, lo primero que tienen que tener muy claro los 9,5 millones de jubilados es que si no se recorta drásticamente el despilfarro político, y tal como afirmó la OCDE en una reunión que mantuvo en Madrid hace tres semanas, la tasa de sustitución —la cuantía de la pensión media respecto al salario medio— con las medidas en marcha pasará en unos años del 83% actual al 46%, es decir, que las pensiones se verán reducidas a la mitad. Por lo tanto, el problema real al que se enfrentan los jubilados y particularmente las nuevas cohortes que se incorporarán a partir del 1 de enero próximo no es la congelación actual, sino recortes brutales en las mismas.

Lo segundo, que es imposible financiar el agujero de las pensiones ni con más impuestos —España, después de las 30 subidas fiscales del Estado y las 50 de autonomías y ayuntamientos, es ya un infierno fiscal, donde el 12% de la clase media ha sido destruido y el resto gravemente empobrecido— ni con deuda —con una deuda pública del 137% del PIB, privada del 166%, y externa neta del 86% que para ser sostenible no debería superar el 35%, España está quebrada en cuanto el BCE deje de comprarla y empiece a subir tipos— ni con los empleos basura de 600-900 euros que se creen. Analicemos estas afirmaciones para que los pensionistas actuales y futuros comprendan la situación y no se dejen engañar ni por las mentiras del PP ni por la demagogia del PSOE y de Podemos.

La primera, caída de las pensiones. En 2019 entrará en vigor la denominada Ley de Sostenibilidad, aprobada por el PP en 2013 pero que no aplicaron en espera de que el déficit mejorara, en lugar de ello ha empeorado y las consecuencias para los 350.000 o más nuevos jubilados anuales serán devastadoras. Los nuevos pensionistas se repartirán solo lo que queda después de pagar a los actuales y en función de la esperanza de vida, lo que supondrá un recorte drástico en las nuevas pensiones y mas reducciones en las actuales, que es lo que la OCDE ha valorado. Miles de funcionarios públicos que aun sin llegar a la edad reglamentaria pueden jubilarse si llevan 35 años de servicios van a jubilarse este año. Perderán unos 200 euros al mes, pero si esperan, pueden llegar a perder 500 o más.

La ‘solución’: todo menos reducir el despilfarro

En cuanto a las ‘soluciones’ de la clase política, son “todo menos reducir el despilfarro”. La primera es subir impuestos, ya que según ellos en España se pagan pocos impuestos, la presión fiscal —impuestos/PIB— es del 33,7% dicen, una patraña tan gigantesca que no hay por dónde cogerla. En 2007 la presión fiscal era del 37,5%, desde entonces las 80 subidas fiscales —Estado, CCAA y ayuntamientos— han llevado la fiscalidad al máximo de todos los tiempos, y no solo eso, es que además se reparte en la forma mas injusta que nunca. La clase trabajadora y la clase media están siendo literalmente expoliadas con tipos de IVA, IRPF, ahorro o especiales, a la cabeza de Europa, mientras las grandes fortunas vía sicavs y las grandes corporaciones pagan menos que nunca.

La trampa, la gran estafa a la gente, es utilizar un PIB oficial que es un 18% superior al PIB real. Pero si vamos a los tipos reales que recaen sobre la familia media, son de los mas elevados de Europa, 2017 ha sido el año en que las familias españolas han pagado mas impuestos en toda su historia, en concreto han tenido que trabajar 178 días para el pago de todos sus impuestos, ¡el 48,7% de su tiempo! “El esfuerzo fiscal de los españoles está por encima de la media de la UE, pero el esfuerzo para sostener el gasto público está notablemente por encima. Somos el segundo país después de Suecia, por lo que hace imperativo bajar impuestos y reducir gasto público” (1), España es hoy para la mayoría un auténtico infierno fiscal.

La otra gran ‘solución’ es la deuda, otra trampa en la que caen además muchos medios. Un conocido analista político decía hace unos días “y si aumenta el déficit, la deuda y no cumplimos con los objetivos de la UE, pues qué le vamos a hacer, otro año será”. Primero los objetivos son de la eurozona no de la UE, y después, porque “lo que no puede ser no puede ser y además es imposible”. Con una burbuja de deuda a punto de estallar, con una necesidad anual de mas de 200.000 millones de euros para cubrir vencimientos y deuda nueva, con un BCE principal comprador de deuda que dejará de hacerlo este año, ¿quién nos va a prestar esa fabulosa cantidad de dinero?, desde luego no Guindos, porque el vicepresidente del BCE pinta cero en la política monetaria, esta es exclusiva del presidente, que será Jens Wiedman, del Bundesbank, que conoce bien la manipulación de nuestro PIB y viene con el hacha en la mano.

Autonomías: un despilfarro de 100.000 millones

El Régimen del 78, que nos robó la democracia y nos impuso un sistema oligárquico de partidos sin separación de poderes, dividió España en 17 trozos contrarios a la realidad histórica y geográfica de una de las naciones mas antiguas de Europa, para repartirse España entre sus familiares, amigos y correligionarios como si fuera un solar. El sistema autonómico es el mas ineficiente, despilfarrador y corrupto del mundo civilizado, y en no mucho tiempo, si no se produce un cambio radical, llevará a la ruina económica, política y social de nuestra gran nación.

Un sistema donde las diferentes autonomías funcionan sin control alguno. Rajoy que prometió en la campaña electoral de 2011 “enviar los hombres de negro” —intervenir— a todas las autonomías que no cumplieran los objetivos de déficit, haría justo lo contrario, “no permitiré quebrar una sola autonomía”, diría —en los estados federales las partes pueden quebrar sin problemas— y renunciaría además a cualquier control del gasto, un disparate histórico que nos lleva costados mas de 200.000 millones de euros. Aparte los mas de 100.000 millones del rescate bancario y similares, financiado todo con la mayor burbuja de deuda en términos de PIB de la historia de España en un periodo tan corto —seis años— que será la ruina de las generaciones futuras durante los próximos 50 años.

En conjunto, el Estado autonómico supone un despilfarro anual de 100.000 millones de euros respecto a lo que costaría un Estado descentralizado tipo Francia. Duplicidades entre AAPP, 36.000 millones; empresas públicas inútiles, 15.000 millones; cupo vasco-navarro, 13.000 millones; cientos de miles de enchufados, más coches oficiales que en EEUU —España es el único país de Occidente donde los concejales tienen coche con chófer—, etc. Según cifras del IGAE, entre 1995 y 2016 los salarios en el Estado han pasado de 17.800 millones a 23.700 millones, en las CCAA, de 19.100 millones a 73.300, en los ayuntamientos, de 7.900 millones a 21.800. Tomando la cifras del IGAE de 3,4 millones de funcionarios, el sueldo medio de los funcionarios del Estado es de 33.300 euros al año, frente a 42.000 para las CCAA. Un cáncer que está devorando España.

Solo acabando con las duplicidades entre AAPP el problema de las pensiones quedaría resuelto para siempre. Acabando con el cupo vasco-navarro, cerrando las 3.000 empresas públicas inútiles, acabando con los coches oficiales y demás prebendas escandalosas, el problema de la deuda quedaría resuelto. Nada de esto está en la mente de los partidos políticos, que están en lo contrario: más financiación para las autonomías y más funcionarios. Por ello, tengan claro los pensionistas actuales y futuros y los millones de asalariados con sueldos de hambre que o acaban con el Estado autonómico o este acabará con ellos, condenándolos a la pobreza e incluso a la miseria durante generaciones.

(1) “Un infierno fiscal llamado España”, J. C. Bermejo, 23/02/2018.