Se ha dicho que la existencia de una sociedad civil arraigada y bien trabajada forma parte de sociedades con un determinado nivel de desarrollo, de modernización y de cambio social. Las sociedades que cuentan con un tejido social más denso serian aquellas en las que se da una alta industrialización y urbanización, una influencia más bien leve de las estructuras eclesiales y la familia, con tradiciones liberales asentadas y con una presencia del Estado más bien secundaria. España ha formado parte del grupo de sociedades con más problemas de desarrollo, menos secularizadas y con un papel de la mujer y del entorno familiar mucho más tradicional.

Si a ese conjunto de valores le añadimos el absoluto alejamiento a las preocupaciones colectivas de unos ciudadanos que se dedicaban a lo suyo, como es menester, durante el tiempo que duró la democracia orgánica que lo daba todo hecho desde el punto de vista social, el resultado del cambio hacia una democracia liberal solo puede ser explosiva cuando se deforman y anulan los vínculos de confianza, de compromiso mutuo, de pautas de reciprocidad donde todo individuo tiene fuertes incentivos para “ir por libre”, para “desertar”, para eludir su compromiso en la acción colectiva.

La sociedad española de la democracia orgánica contaba con fuertes tradiciones que incentivaban la reciprocidad y que poseía mecanismos de comunicación interpersonal y compromiso cívico basado en una unidad fundamental en el funcionamiento del Estado como era la familia. Eso ha hecho que en los años de la transición y los que estamos viviendo ahora contaran con un capital social para afrontar las crisis en mejores condiciones que en otros países.

Pero ahora la crisis ha coincidido con un enquistamiento de problemas como los nacionalismos regionales, la corrupción, la falta de unidad de doctrina en la educación de nuestros hijos, la crisis de los mecanismos tradicionales de representación y con procesos de deslegitimación de la autoridad en todo el entramado social. El Estado no existe y la confianza, factor esencial para comprender el comportamiento político, no acompaña tampoco a la volatilidad moral de quienes nos gobiernan desde cualquiera de las Instituciones de la nación entre las que se encuentran las de las Comunidades Autónomas.

Y la volatilidad moral de los que nos gobiernan va acompañada, como queda demostrado en Cataluña, de la volatilidad financiera, al destruir los lazos y vínculos sociales, negando la cooperación y sin ofrecer garantías, institucionalizando menores dosis de previsibilidad y certidumbre; factores, todos ellos, muy significativos en los procesos de localización de inversiones o en decisiones sobre la perdurabilidad de las condiciones de desarrollo colectivo. No es extraño que, precisamente por ello, instituciones tan importantes para el desarrollo económico como el Banco Mundial se interesen cada día más por los temas de capital social, institucionalización de redes o reforzamiento del tejido social como elementos clave en sus proyectos e inversiones en los países en vías de desarrollo.

Nuestra nación se caracteriza más por la persistencia, gracias a Dios, de los lazos fuertes que por la difusión de los lazos débiles, lo que explica que no se haya producido una auténtica revolución de los pobres contra el Estado durante la crisis pasada con más de cinco millones de parados; lo que explica que la familia va más allá del ámbito laboral, de calle o de barrio al ser difícil para la gente confiar en aquellos a quien no conoce o de quienes no tienen referencia directa. A partir de ahí, se hace más fácil comprender los problemas colectivos que tenemos, tendiéndose a delegar, a desresponsabilizarse, en estos temas a una esfera institucional en la que tampoco se confía y de la que tampoco se espera mucho.

A decir de muchos expertos, el tipo de socialización española, “adscriptiva”, “difusa” y “particularista”, continuaría siendo el problema que prevalece en la actual democracia con el sistema de las autonomías. Evidentemente, éste no es un fenómeno que se haya generalizado a toda la nación por igual y tampoco tiene expresiones homogéneas en los distintos sectores de intervención social. Nos queda por descubrir la capacidad actual de iniciativa y de respuesta autónoma de una sociedad española que siempre ha sido vista como apática y poco dispuesta a asumir protagonismo en la resolución de los problemas colectivos hasta que éstos no se hacen insoslayables.

*Teniente coronel de Infantería y doctor por la Universidad de Salamanca