“¿En qué país del mundo se dejaría el control de la seguridad en manos de una policía dirigida por los mismos mandos que hubiesen colaborado en la destrucción del Estado?”, se pregunta el presidente del Círculo de Empresarios de Tabarnia, Gerard Bellalta.

Por esta razón, el empresario barcelonés anuncia que su colectivo “deja de reconocer” la autoridad policial de los Mossos y reclama que Policía Nacional y Guardia Civil reasuman el control de la seguridad en Tabarnia. Bellalta va incluso más lejos al sugerir a los miembros de su colectivo a que soliciten la presencia de agentes de la Policía Nacional y la Benemérita ante cualquier requerimiento por parte de los Mossos. “No es nuestra policía ni lo será nunca. Es un cuerpo armado que ha estado al servicio del proceso para la ruptura de España. ¿Con qué autoridad moral pueden exigirnos el cumplimiento de las normas quienes han violado de forma sistemática la norma fundamental del Estado?”, repone.

Y añade: “Dormiremos tranquilos el día que los mossos sean disueltos como policía autonómica. Como por desgracia eso no va a ocurrir, tendremos que seguir apelando al reconocimiento de Tabarnia como entidad política diferente a Cataluña para que nuestra seguridad esté en mejores manos”.

Bellalta anuncia asimismo que el Círculo de Empresarios de Tabarnia se personará como acusación particular contra el exjeje de los Mossos, Josep Lluis Trapero, en la causa por sedición que tiene abierta en la Audiencia Nacional.

También acusa a la policía catalana de haber intervenido sus comunicaciones durante meses, junto a la del director de AD, entre otras personas significadas por sus críticas al proceso golpista.

Políticos y empresarios vigilados

Como se sabe, políticos, empresarios y miembros de entidades contrarias al proceso separatista fueron objeto de un seguimiento especial por parte de los Mossos d’Esquadra durante las épocas en las que estaba al frente Ramon Espadaler (2012-15) y Jordi Jané (2015-17) y en los pocos meses de Joaquim Forn, último titular del departamento autonómico de Interior.

La Brigada de Información de la Policía Nacional se incautó el pasado octubre de abundante documentación que la dirección de los Mossos estuvo a punto de destruir en la incineradora de San Adrián del Besós, en Barcelona. En una tensa operación por la actitud de los agentes de los Mossos encargados de transportar y eliminar los comprometedores papeles. En un primer momento, se negaron a entregar la documentación. Una orden de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela hizo desistir a los Mossos.

Sus superiores trataron de restar transcendencia a lo ocurrido y llegaron a decir que el material no tenía ningún valor, que se trataba de ficheros relativos a investigaciones antiterrroristas. Nada más lejos de la realidad. Ahí hay informes pormenorizados de seguimientos a Albert Rivera, Alberto Fernández, Carlos Carrizosa, el abogado José María Fuster Fabra, los expresidentes de Sociedad Civil Catalana (SCC) Josep Ramon Bosch y Mariano Gomà.
Según la Policía Nacional, los Mossos disponían de una sección especial dedicada a realizar seguimientos e informes sobre personas y actividades contrarias al independentismo. Sólo durante 2015 se dedicaron 161.000 euros a estas actividades.

Entre el material salvado de la quema se encuentra un informe de catorce páginas sobre una manifestación “unionista” del 19 de marzo de 2015 en Barcelona. En el texto, con la leyenda “reservado”, los mossos-espías afirman que ha habido menos gente de la esperada, pero alertan de la creciente actividad de las entidades y partidos no nacionalistas con actos callejeros de pequeño formato.

También se desplazaron a Madrid para “investigar” los asistentes a una boda de la familia Fuster Fabra, simpatizante de Ciudadanos, a la que asistió Rivera y monitorizaron una visita a Barcelona de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Otro de los papeles confiscados se refiere a un acto de Sociedad Civil Catalana en la que los Mossos apuntan los nombres de los nombres de algunos de los asistentes, políticos de Ciudadanos y el PP y periodistas.

La Policía Nacional califica al grupo de mossos dedicados a estas tareas como un “departamento de espionaje ilegal”.

El listado de socios de la ANC

La pasividad de los Mossos el 1-o encendió todas las alarmas.

Los Mossos también pretendieron destruir el listado de los 53.000 socios de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) con sus carnets de identidad y correo electrónico que obraba en su poder, así como papeles relativos a las actividades de las juventudes de la CUP, Arran, que han protagonizado diversos actos de terrorismo callejero en los últimos meses, otro papel sobre la propia CUP y grabaciones al eurodiputado nacionalista Ramon Tremosa en la que acusaba a las cúpulas de Convergència, ERC y la ANC de elementos “podridos”. Consta además documentación sobre las dos alertas antiterroristas enviadas por la CIA sobre la posibilidad de atentados en las Ramblas.

Entre la papelería figura también una relación de movimientos de los policías y guardias civiles acantonados en los cruceros atracados en el puerto de Barcelona. Todo ello pone en tela de juicio la estrategia de defensa de Joaquim Forn y del todavía “major” de los Mossos Josep Lluís Trapero, apartado del mando pero sin perder la categoría máxima en el cuerpo, una distinción que le concedió Puigdemont. En cuanto a los consejeros responsables de los Mossos durante estos años, Espadaler es ahora diputado del PSC y Jordi Jané no está imputado a pesar de que se mantuvo en el gobierno golpista hasta el pasado junio.