José Antonio Nieto Ballesteros

Efrén Díaz Casal* (carta remitida al presidente y la vicepresidenta del Gobierno, a la ministra de Defensa, al ministro de Interior, al ministro de Educación, Cultura y Deporte, al portavoz del Ejecutivo, a los delegados del Gobierno, al expresidente José María Aznar y al exministro de Interior, Jaime Mayor Oreja): Desde el respeto que me inspira el Estado de Derecho y el imperio de la Ley, y como continuación a mis mensajes sobre la actuación del Secretario de Estado de Seguridad respecto a los derechos fundamentales de reunión, libertad religiosa y dignidad de la persona, someto a su consideración y a la de la opinión pública las cuestiones que expongo a continuación en la carta que con este mensaje dirijo al secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto Ballesteros. Ruego adopten a la mayor brevedad posible las medidas y acciones que el caso demanda y su respuesta de apoyo o crítica.

Señor Nieto Ballesteros: En el pasado mes de abril he tenido que enseñar a esa Secretaría y a la Delegación del Gobierno en Madrid que la normativa reguladora del procedimiento administrativo para la tramitación de procesiones en la vía pública es la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, y que los correspondientes organismos de tramitación son las respectivas delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, no los ayuntamientos como ilegalmente se ha venido haciendo.

Para vencer la inercia de la ilegal costumbre, las entidades afectadas deben actuar de acuerdo con lo dispuesto por la precitada L.O 9/1983, de 15 de julio, cuestión que impide la cerril actitud que usted opone a la publicación en el B.O.D de la Instrucción que figura en archivo adjunto, como establece el Artículo 45.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Existen sobrados antecedentes para temer que su contumaz negativa a la publicación de la citada Instrucción – secundada ciegamente por la Delegación del Gobierno en Madrid – infringe la Ley Orgánica 9/1983 y deja los correspondientes trámites a cargo de los ayuntamientos, con el riesgo de nuevas prohibiciones de procesiones que impidan a los cristianos reunirse o manifestarse públicamente con fines religiosos al amparo de lo dispuesto en el Artículo 2.1.d) de la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de libertad religiosa.

Le supongo consciente del brete, tan arbitrario como de sencillo discernimiento, al que somete a las señoras y señores delegados del Gobierno, entre obedecer sus instrucciones o respetar y cumplir la ley que usted sustituye por su palabra.

Emplazo, reto y exijo a usted la defensa y justificación de su actuación por esta vía y ante los mismos destinatarios “Para” y el que suscribe antes del próximo viernes día 16 del presente mes de febrero, con argumentos convincentes e irrefutables y me presente de igual modo las correspondientes satisfacciones.

Descarto la posibilidad de que, siguiendo su acreditada costumbre a lo largo del expediente en cuestión, ignore la solicitud de un ciudadano español en un gratuito e intolerable ejercicio de falta de respeto a la dignidad de la persona, protegida por el Artículo 10 de nuestra vigente Constitución. A este respecto, como español y católico, le manifiesto la envidia que me inspira el trato que esa Secretaría dispensa a rebeldes y sediciosos independentistas.

No creo necesario señalarle la única alternativa que le queda junto a cuantos colaboradores han seguido su ejemplo, entre los que destaca por méritos propios la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid.

Le exhorto a cumplir lo dispuesto en los Artículos 53.1 y 103.1 de nuestra Carta Magna con la inmediata firma y publicación en el B.O.E de la Instrucción que figura en archivo adjunto y la depuración de las responsabilidades solicitadas en mis escritos.

Que Dios le ampare

*Coronel de Infantería (Retirado)