Ciudadanos, el partido de Albert Rivera, comienza a desvelar su propuesta de financiación territorial. Y lo ha hecho en el Parlamento de Andalucía, donde ha asumido las tesis del Partido Socialista y de la comisión de expertos sobre financiación autonómica, que han planteado la necesidad de que ninguna comunidad autónoma —en clara referencia a Madrid, que lo bonifica en un 99%— tenga la posibilidad de anular por la vía de los hechos la eficacia recaudatoria del impuesto de sucesiones y donaciones.

Ciudadanos, en esa línea, propone armonizar el tributo que grava las herencias con un “mínimo exento elevado y tipos que irían en función del grado de parentesco”. Es decir, acabar con la política de exención total que han diseñado algunos gobiernos regionales. En particular, el de Madrid, que ha llevado la iniciativa sobre este asunto en el conjunto del país provocando una competencia a la baja. Hasta el punto de que otras comunidades han dejado el impuesto prácticamente como residual.

La otra gran novedad en el discurso territorial de Ciudadanos tiene que ver con el impuesto sobre el patrimonio, también cedido a los gobiernos regionales. En este caso, se propone que el control pase a manos de la Agencia Tributaria estatal y no como ahora, que está a cargo de las agencias autonómicas. En este caso, Ciudadanos no cuestiona una política de exención total, sino que propone que las CCAA que decidan no recaudar por patrimonio estén, sin embargo, obligadas a exigir a los contribuyentes una declaración censal de sus bienes.

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Esta propuesta tiene que ver con un viejo problema de control del fraude en el impuesto que grava la riqueza, toda vez que este tributo es fiscalizado y recaudado por los entes territoriales. Sin embargo, en el IRPF quien investiga es el Estado a través de la Agencia Tributaria. El resultado es que hay mucha descoordinación y fraude, ya que muchas veces no es coherente la renta declarada en el impuesto sobre la renta con la que se incorpora en la declaración por patrimonio.

En esta línea, se propone intensificar la colaboración entre las agencias tributarias autonómicas y la Agencia Tributaria Estatal para “mejorar la gestión, recaudación, liquidación e inspección de los impuestos, así como el afloramiento de cantidades de fraude y evasión fiscal”. El partido de Rivera esgrime estudios que estiman que el fraude fiscal se situaría en torno a 26.000 millones de euros.

Tramos autonómicos en el IVA

En cuanto a la estructura del modelo de financiación, aún pendiente de ser revisado casi cuatro años después de su caducidad, se propone reordenar los numerosos fondos hoy existentes, y que se crearon en 2009 para dar cobijo a las necesidades y a la presión de cada región. Y en concreto, se plantea poner en marcha un primer Fondo Básico de Financiación (FBF) que se formaría con la recaudación total de los tramos autonómicos del IVA e impuestos especiales y un porcentaje de ingresos normativos de las demás figuras que integran la cesta de tributos cedidos. Se incluirían, además de los ya recogidos en el modelo actual, el impuestos de actividades de juego y sobre depósitos en entidades de crédito; la aportación de los territorios forales y, en su caso, el impuesto sobre el patrimonio si se decidiese mantenerlo en el sistema con una recaudación normativa distinta de cero.