Puigdemont, durante la manifestación en Bruselas

El expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont deberá registrarse ante las autoridades belgas antes del 30 de enero y demostrar que no es una “carga” para su Seguridad Social, so pena de una multa de hasta 900 euros. La próxima semana se cumplirán tres meses desde la llegada a Bélgica de Puigdemont, quien como cualquier otro ciudadano comunitario debe registrarse antes de esa fecha ante las autoridades de la localidad en la que se haya establecido como residente permanente o temporal.

El reciente viaje de dos días a Copenhague del expresidente autonómico no interrumpió el cómputo de los noventa días establecidos, han dicho a Efe fuentes del servicio de extranjería belga, que han confirmado que la multa inicial por no realizar ese trámite es de hasta 900 euros.

La inscripción implica atestiguar que se está estudiando o trabajando por cuenta propia o ajena; o, si no se está en ninguno de esos supuestos, justificar que “se cuenta con recursos suficientes para no ser una carga para la Seguridad Social” belga. Las mismas fuentes han explicado a Efe que para demostrar esos recursos debe aportarse un extracto bancario.

“No hay una cantidad mínima clara, es algo que evalúa el Ministerio del Interior”, han añadido. La única dirección que ha trascendido para el expresidente catalán es un inmueble en el municipio de Sint Pawuels (Flandes), cerca de la frontera holandesa, que le habría cedido un empresario cercano a la formación secesionista belga N-VA.

Desde esa Administración local han rechazado, en comunicación con Efe, dar información sobre cualquier gestión relacionada con Puigdemont y su estatus en Bélgica “por la ley de protección de datos y privacidad”. Más allá de la multa, mantenerse en Bélgica sin registrarse puede terminar en expulsión, aunque ese horizonte no suele ser habitual “porque la normativa admite muchas interpretaciones”.

Numerosos expatriados europeos con seguro médico privado y que pagan impuestos en sus respectivos países no llegan a registrarse durante años en Bélgica, sin que haya consecuencias. Sí son más sistemáticas las expulsiones en el caso de permanecer en Bélgica sin trabajo ni recursos, y si se depende de las ayudas sociales del país.

De hecho, los españoles fueron en 2015 los terceros en la lista de europeos contra quienes se cursaron más expulsiones en Bélgica por ser “una carga” para el sistema, después de rumanos y búlgaros, según los datos de la Oficina de Extranjería.

El derecho a la libre circulación y residencia está recogido en los tratados comunitarios, aunque también se establecen algunas condiciones concretas y excepciones. Si no superan los 90 días en Bélgica, los europeos tienen derecho a no estar sometidos a ninguna condición o formalidad más que la de tener un carné de identidad o pasaporte válidos. Para las estancias más prolongadas la libertad se condiciona a no representar una carga para el sistema de ayuda social del país de acogida.

Sobre el futuro de Puigdemont en Bélgica, si no consigue la investidura telemática y permanece en el país, se ha especulado con que podría convertirse en delegado de la oficina de la Generalitat de Cataluña en Bruselas; ser nombrado consejero “sin cartera” o incluso ser eurodiputado tras las elecciones europeas de mayo de 2019.

Esta última opción, como eurodiputado español, no sería posible, han informado a Efe fuentes parlamentarias, porque el acta y la jura de la Constitución se produce en España ante la Junta Electoral Central.

Más facilidades tendría para ser eurodiputado si fuera en una lista belga a los comicios europeos. Según los tratados de la UE, “todo ciudadano de la Unión que resida en un Estado miembro del que no sea nacional tendrá derecho a ser elector y elegible en las elecciones al Parlamento Europeo en el Estado miembro en el que resida”.

La misma casuística y normativa se aplicaría sobre el registro, si siguen en Bélgica más allá del 30 de enero, a los otros cuatro exconsellers desplazados: Lluís Puig, Clara Ponsatí, Meritxell Serret y Toni Comín.