Si el Gobierno de Rajoy, en pro de la defensa de la unidad nacional y de la integridad del Estado español, optase en su día por la aplicación excepcional del artículo 155 de la Constitución española en el territorio catalán, siempre diferenciando el poder ejecutivo (político) del legislativo en respeto a la división de poderes, parece rendirse ahora ante un personajillo.

“Inmunidad” constituye un concepto político y, ante la violación de la integridad del Estado español mediante la declaración de independencia , con su “sí y su que no” de Puigdemont, se supone que el Gobierno central ha eximido al ex presidente y ahora candidato a Presidente de la Comunidad de Cataluña de toda posibilidad de ser investido como tal. Ese ha sido el error: se habría tratado de privarlo de toda posibilidad a ser votado en aras a su estado legal de imputado.

“Impunidad”, estado legal y jurídico del que la mayoría de los españolitos gozamos por no haber amasado ni poder ni moneda ajena, se define como el estado por el que cualquier persona, individual o jurídica, está exenta de toda reponsabilidad judicial, cual no es el caso de Puigdemont.

Y es que el articulo 155, en su aplicación, ha abierto dos vías: de un lado, la política, por la que el Gobierno central se hace cargo de la Comunidad Catalana hasta nuevas elecciones LEGÍTIMAMENTE CELEBRADAS; de otro, la judicial, por la que este señor catalán, en tanto no es impune, de pisar suelo español, entre él el catalán, ha de ser prendido preso para su juicio.

Señores: no se trata de una posibilidad telemática de nombramiento a distancia de un nuevo Presidente de la Comunidad de Cataluña (a uno de cuyos tres presupuestos de excepcionalidad se ha atenido su Mesa presidencial, sin encajar con ninguno de ellos: enfermedad, baja por paternidad o maternidad o incapacidad); se trata de que se ha permitido, por parte del Gobierno central, la candidatura a Presidente de Cataluña de un potencialmente preso en tierra española, incluida Cataluña. Da igual el plasma o el gobierno a distancia: aparece una causa pendiente y Rajoy ha permitido que la Mesa presidencial del Parlamento catalán, dé, por un lado, como válidos, los votos de presidiarios como Junqueras y, por otro, por válida igualmente la candidatura de <>, contando, para nuestra perplejidad, con argumentos políticos y con el proceso judicial que le hubieran legitimado para impedir tal desvarío.

Pues nada, oigan ustedes: a Dinamarca, luego a Bruselas y todo menos Madrid o Barcelona, donde la Ley se supone, y digo se supone, espera, que a estas alturas lo dudo.

Espero que Rajoy comience a cambiar sus desayunos descafeinados por los de café expresso.