El Ministerio de Fomento iniciará este próximo mes de febrero el ‘rescate’ de las nueve autopistas de peaje en quiebra, una operación que generará un coste de más de 1.000 millones de euros a las arcas públicas.

El Departamento que dirige Íñigo de la Serna no tiene aún determinada la cantidad que tendrá que pagar este mismo año a los actuales concesionarios de estas vías para compensar la inversión que realizaron en su construcción, la denominada responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA)

No obstante, reconoce que será superior al máximo de 1.000 millones de euros que espera ganar con la posterior readjudicación de las autopistas a empresas privadas a través de un concurso público, según informaron en fuentes de Fomento.

La diferencia entre las dos cantidades será el impacto que el ‘rescate’ de las autopistas fallidas tendrá en el déficit público. “El impacto en el déficit es indiscutible”, asumen dichas fuentes.

A pesar de ello, descartan que afecte a los planes de estabilidad o al protocolo de déficit excesivo, esto es, los compromisos de España con Bruselas, al tratarse de un tema puntual, para atender “a una situación extraordinaria”.

En el último plan de estabilidad enviado a Bruselas, el Gobierno cifró en unos 2.000 millones el coste del ‘rescate’. De su lado, los acreedores de las autopistas, los fondos que se quedaron con la deuda de unos 3.200 millones que soportan, ya han avanzado que reclamarán al Estado 4.500 millones.

Fomento tiene un plazo de seis meses desde la fecha en que se rescinda el contrato con el actual concesionario para calcular esta ‘factura’, que dará orden al Tesoro de pagar aunque los fondos la lleven a los tribunales.

Por ello, el Ministerio también quiere cerrar dentro de este mismo año el concurso público para volver a ceder la gestión de las vías a empresas privadas, una operación con la que espera ‘ganar’ entre 700 y 1.000 millones y amortiguar así el impacto del pago de la RPA en las cuentas públicas.

Al importe del concurso se suma el de entre 250 y 300 millones de euros de los avales que las concesionarias presentaron cuando lograron las autopistas y que ahora el Estado ejecuta como consecuencia de su liquidación.

A manos del Estado a partir de febrero

Todo este proceso se pone en marcha el próximo mes de febrero, cuando Fomento prevé ‘rescatar’ la primera de estas vías, la radial R-4 Madrid-Ocaña.

El ‘rescate’ se pondrá así finalmente en marcha seis años después de que en 2012 estas vías comenzarán a declararse en concurso y un mes después de lo inicialmente previsto en el definitivo plan de rescate que se les aplicará de los distintos analizados por el Gobierno en los últimos años.

El próximo mes de marzo, y dos meses después de lo previsto, Fomento, a través de su sociedad Seittsa, se quedará con el grueso de las vías, esto es, las otras tres radiales de Madrid (R-2, R-3 y R-5), la M-12, que une la capital con el aeropuerto de Barajas, la AP-36 Ocaña-La Roda, la Cartagena-Vera y la Circunvalación de Alicante.

La última vía que se rescatará y será asumida por la Administración será así la AP-41 Madrid-Toledo, según indicaron las mismas fuentes, que atribuyen estos plazos al distinto ritmo de resolución de los procesos de concurso de acreedores en que están inmersas.

Seittsa explotará las autopistas hasta diciembre, cuando espera adjudicarlas a través del concurso público que lanzará previsiblemente en junio. Finalmente las licitará en dos bloques, uno con las de Levante (la Cartagena-Vera y la Circunvalación de Alicante) y otro con el resto.

Fomento reconoce que las mismas empresas que gestionan ahora las vías podrán volver a pujar por ellas, ya sin deuda asociada, en dicho concurso, si bien esperan que al mismo concurran otros actores.

Las nueve autopistas quebradas constituyen alrededor de una cuarta parte de la red de vías pago del país, registran una intensidad media diaria de tráfico de unos 4.220 vehículos al día, y emplean a unos 700 trabajadores.