Isabel San Sebastián.- Estas son las alternativas: O gobierna Cataluña un prófugo de la justicia desde su escondite belga a través del plasma. O lo hace un presidiario en espera de juicio con una condena pendiente de entre veinte y treinta años. O sigue rigiendo el artículo 155 de la Constitución, que garantiza la vigencia del Estado de Derecho y el respeto a la ley. Pensando en el bien de los catalanes y en la estabilidad del conjunto de España, yo me inclino sin dudar por la última opción. Que siga gobernando el 155.

Las razones son tan abundantes como abrumadoras. Para empezar, resulta ridículo pretender que pueda asumir la responsabilidad de gobernar una comunidad autónoma un individuo como Puigdemont, imputado por delitos gravísimos tras atentar contra los pilares de nuestro sistema democrático, sobre el cual pesa una orden de detención que se hará efectiva en cuanto ponga un pie en el país. No podría hacerse cargo ni de su comunidad de vecinos. (La verdad es que tampoco antes de la imputación estaba especialmente dotado… aunque ésa es materia para otro artículo.) ¿De verdad cree poder regir los destinos de sus paisanos vía skype, o es que busca desesperadamente salvarse de la cárcel a través de la Presidencia? En cualquiera de los supuestos está descalificado para ocupar el despacho al que aspira. Y lo está, además, porque ha demostrado utilizar ese cargo para conculcar conscientemente el ordenamiento jurídico que juró proteger al tomar posesión del mismo, lo que constituye otro argumento de peso en favor de mantener plenamente operativo el citado artículo de la Carta Magna.

Sabemos ahora que al menos tres millones de euros procedentes del Fondo de Liquidez Autonómica y destinados al pago de servicios indispensables para los ciudadanos fueron a parar al proceso secesionista, en flagrante violación de las condiciones establecidas para acceder a ese dinero. Lo sabemos porque la Policía Nacional detectó hace algún tiempo una furgoneta de los Mozos de Escuadra llena de documentos destinados a la trituradora e impidió que los agentes locales llevaran a cabo su propósito de eliminarlos. Los documentos en cuestión acreditaban la malversación de esos fondos y el hecho de que la policía autonómica estuviese colaborando en la comisión de un delito como es la destrucción de pruebas demuestra hasta qué punto ha penetrado la ponzoña secesionista en la administración catalana. Lo corrompida que está y cuán necesario resulta limpiar a fondo esa organización antes de devolvérsela, o no, a unos gestores que no han vacilado en emplear todos los instrumentos que pone en sus manos el Estado para tratar de hacerlo saltar en pedazos. ¿Tan suicida es la España actual, tan estúpida o tan ingenua como para entregar a su verdugo la soga con la que ahorcarla?

Digo «al menos» tres millones porque probablemente serán más, aunque de momento resulta imposible saberlo ya que el Ministerio de Hacienda ha fracasado en su obligación de velar por la correcta utilización de ese crédito. La justicia está investigando las cuentas, con la ayuda de la UCO, y llegará al fondo del asunto. Entonces conoceremos toda la verdad y Puigdemont, junto a sus cómplices, habrá de responder de sus actos. Precisamente el segundo implicado en esa gestión fraudulenta se encuentra en prisión preventiva, lo que no le impide optar igualmente a la más alta magistratura autonómica. Oriol Junqueras, vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, sabía perfectamente dónde iba a parar el dinero del FLA. ¿Vamos a brindarle los medios para que vuelva a las andadas?

Lo dicho; que siga gobernando el 155. Es la única alternativa viable.