Mayte Alcaraz (R).- El PP de Cataluña está en la UCI. Su presidente, Xavier García-Albiol, dimite ante Rajoy en el Comité Ejecutivo el día de la Lotería Nacional. Luego, Juan Arza, secretario de Estudios, tuitea su marcha y traduce la derrota: «La sociedad nos exige una renovación urgente…». La cúpula se va. García-Albiol está demudado y dicen algunos testigos, que al borde de las lágrimas. Como el 21 de octubre, cuando el presidente Rajoy da a conocer los detalles de la aplicación del artículo 155 y le pone sordina inmediatamente: elecciones exprés, «para que los catalanes hablen». La puntilla a Albiol.

Ese día, el líder catalán del PP no llora pero ganas le quedan. Confiaba en que Rajoy se decidiera por un 155 de más de un año, con intervención incluida en TV3 y con tiempo para resolver judicialmente el futuro de los líderes secesionistas y sus posibles inhabilitaciones, que evitaran su regreso a las urnas. Además, el partido tenía un hueso duro que roer: la ascensión meteórica de una buena candidata, Inés Arrimadas, sin complejos frente al separatismo, cuya onda expansiva electoral podría llevar en volandas a Rivera a las generales de 2020.

Un 155 de más de un año

Pero en Moncloa no oyen los ruegos de Albiol. Primero porque PSOE y Ciudadanos presionan para que el «mal trago» del 155 pase cuanto antes y, después, porque jurídicamente era «un lío», en palabras muy de Rajoy, gobernar desde Madrid con un Legislativo en plenas funciones. Mejor disolverlo lo antes posible. Con Sánchez y Rivera se había pactado la fecha del 28 de enero pero, inesperadamente, el Gobierno opta por la víspera de las Navidades. La razón: evitar que Puigdemont convoque «otras» antes de que Rajoy lo haga 54 días antes de ese domingo de finales de enero.

El desánimo es general. El ascenso de Ciudadanos en Cataluña ha echado sal sobre la vieja herida en el partido, abierta cuando José María Aznar relevó a Alejo Vidal-Quadras (que llevó al partido en 1995 a su cima con 17 escaños), y que fue interpretado en parte del partido como el trofeo entregado por el Gobierno del PP al mimado socio parlamentario: Jordi Pujol y su Convergencia i Unió. Por eso no se entiende en Génova que el expresidente haya afeado de nuevo los resultados del PP en Cataluña que muchos creen tributarios de aquellas cesiones al exmolt honorable, hoy cabeza de un clan familiar perseguido por corrupción por la justicia. La andanada contra Rajoy de FAES «colma la paciencia» en Moncloa, a la que exige una «explicación» al descalabro de pasar de 11 diputados a 4. No pasa tampoco inadvertida la «canción dedicada» a Soraya Sáenz de Santamaría: «Los resultados electorales distan de la observación escuchada durante la campaña que consideraba descabezado al independentismo», apunta FAES. La autora de esas palabras sobre las que ironiza la fundación de Aznar es la vicepresidenta, que en un acto de campaña en Gerona había presumido de que el jefe del Gobierno había conseguido que Junts per Catalunya y ERC «no tengan líderes porque están descabezados». La frase consiguió un pleno: cosechó críticas desde todos los ángulos políticos. Los independentistas amenazaron con llevarla a los tribunales por despreciar la separación de poderes y en el ala derecha del PP, con Aznar a la cabeza, no desaprovecharon la oportunidad de pasarle factura tras conocer el batacazo del 21-D.

Santamaría también es objeto de otros reproches y esta vez de parte de destacados miembros de su partido, estos sí en activo. Se la mira como responsable del operativo fallido contra el referéndum ilegal del 1 de octubre. Porque el amargo fin de año del PP arranca ese día cuando, a ojos de muchos de sus responsables, el Gobierno no estuvo a la altura en la logística contra el referéndum ilegal organizado por los separatistas. A la vicepresidenta, investida como el cerebro de la «operación diálogo» con Oriol Junqueras (y responsable directa del CNI), se le atribuye la célebre frase de que «todo está bajo control». Sin embargo, la realidad reconocida por sus compañeros de partido es otra: urnas hubo, la dirección de los Mossos burló las órdenes de no permitir el referéndum ilegal y los líderes separatistas tuvieron más oportunidades de las deseadas, empezando por Oriol Junqueras, el interlocutor de Santamaría, que hasta su encarcelamiento por la Audiencia Nacional puso una vela a Dios y otra al diablo. Hasta el ministro Zoido reconoce la no detección de las urnas.

Los vaivenes de Millo

Tambien pesan en el partido los vaivenes protagonizados por el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, nombrado un año antes en sustitución de uno de los azotes del independentismo, Llanos de Luna. La decisión de la vicepresidenta, responsable de los delegados gubernativos, fue interpretado como un gesto de buena voluntad a la Generalitat para que depusieran su hoja de ruta.

En el PP no sentó nada bien que Millo pidiera disculpas en una entrevista horas después del 1-0 por las «cargas policiales», dando carta de naturaleza a las denuncias de los defensores del «procés». No tardó el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en defender la actuación de la policía.

El partido intenta ahora recomponerse y mirar, como última oportunidad para arreglar el entuerto antes de las generales, a las elecciones autonómicas y municipales de 2019. Para ello intentará rearmar territorialmente al partido que solo consiguió retener una sola ciudad grande tras la debacle de 2015, Málaga, y que a duras penas gobierna, con la ayuda de Ciudadanos, en Madrid, Murcia, Castilla y León y La Rioja, con una sola y envidiada mayoría absoluta, la conquistada por Alberto Núñez-Feijóo en la Xunta de Galicia. Precisamente el barón popular que sigue encabezando las quinielas para suceder a Mariano Rajoy y que, además, ha sido de los más críticos con el descalabro en Cataluña, exigiendo autocrítica ante el éxito indiscutible de Cs. Desde luego en el partido hay muchos nervios. Tantos, que insólitamente se denuncia al diario ABC por publicar una entrevista con Arrimadas, hecha días antes de la jornada de reflexión. Y esa desazón no atiende solo a la buena racha de Ciudadanos, del que temen se convierta en el vector de la derecha liberal y moderna, sino a sus propias hipotecas, revividas cada vez que un sumario por corrupción salpica a dirigentes del PP, aunque muchos ya fuera de la política. Además, el Gobierno es consciente de que la situación de inestabilidad en Cataluña se puede prolongar y que el 1-D no ha sido el bálsamo que se pretendió.